Cerca de 450 mil personas se quedaron sin nacionalidad debido a que la Corte Constitucional de República Dominicana decidió desnacionalizar a los descendientes de inmigrantes haitianos.
La ley, promulgada el 23 de septiembre pasado, niega la ciudadanía dominicana a cualquiera que haya nacido después de 1929 y que no tenga al menos un padre originario del país, reveló la agencia Reuters.
La medida afecta incluso a aquellos que nunca han dejado el país y que ahora no tienen a dónde ir, pues además les han retirado sus actas de nacimiento.
“No tengo país, ¿qué será de mí?”, preguntó la hoy apátrida Blemi, de 27 años.
“Somos dominicanos, nunca hemos ido a Haití. Aquí nacimos y aquí nos criamos, ni siquiera hablamos criollo (idioma de Haití)”, dijo.
La decisión de la corte ha provocado la indignación de organismos internacionales defensores los derechos humanos, que exigen que el Gobierno encabezado por Danilo Medina dé marcha atrás a la medida por considerarla discriminatoria y retrógrada.
“La completa implementación de esta ley tendrá un impacto devastador en la vida de cientos de miles de personas cuyos documentos serán cancelados y, por lo tanto, verán muchos de sus derechos humanos cancelados”, expresó en un comunicado Chiara Ligouri, representante del Caribe en Amnistía Internacional.
“Es totalmente injusto decir que las personas que han vivido como ciudadanos dominicanos por décadas ya no pertenezcan al país o no tengan ningún derecho en él”.
Por su parte, la ONU unió esfuerzos con agrupaciones locales para tramitar pasaportes haitianos a quienes se quedaron sin nacionalidad. Este año esperan conseguir 5 mil, según información del Huffington Post.
Al negar que la política es racista, funcionarios dominicanos han expresado que no cederán a las presiones internacionales, ya que el problema migratorio es severo: de 10 millones de habitantes, al menos 900 mil tienen raíces de otro país.
“El Gobierno dominicano reitera su compromiso de implementar una reforma migratoria que sea clara, alineada con la Constitución y con las leyes dominicanas, mientras respeta los acuerdos internacionales”, declaró el 31 de octubre el vocero gubernamental Roberto Rodríguez.