Derechos humanos a la carta

Cientos de organizaciones civiles apoyaron la resolución.A pesar de que Estados Unidos (EU) y los países de la Unión Europea (UE) dicen respetar los derechos humanos dentro de sus fronteras, no quieren que sus compañías sean sancionadas por violar los derechos humanos en otros países. 

Ante esta situación, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC, por sus siglas en inglés) aprobó el 25 de junio que se comience a elaborar un instrumento legalmente vinculante que regule las actividades de las corporaciones transnacionales en el tema de los derechos humanos.

Bernhard Buntru Bernhard Buntru Publicado el
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Cientos de organizaciones civiles apoyaron la resolución.A pesar de que Estados Unidos (EU) y los países de la Unión Europea (UE) dicen respetar los derechos humanos dentro de sus fronteras, no quieren que sus compañías sean sancionadas por violar los derechos humanos en otros países. 

Ante esta situación, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (UNHRC, por sus siglas en inglés) aprobó el 25 de junio que se comience a elaborar un instrumento legalmente vinculante que regule las actividades de las corporaciones transnacionales en el tema de los derechos humanos.

La resolución fue aprobada con 20 votos a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. Entre aquellos países que votaron en contra se encuentran EU y los países de la UE.

De hecho, EU y miembros de la UE cabildearon para que otros países se alinearan con ellos, y los amenazaron con suspender la asistencia económica y la inversión extranjera directa si mantenían su postura en contra. 

No aplica para ellos

“Este instrumento legalmente vinculante no será obligatorio para aquellos que votaron en contra”, declaró el delegado estadounidense en la reunión. 

“(Esta declaración) expone la falta de respeto frente a los procesos democráticos de la ONU, así como su oposición (de EU) a reglas vinculantes que abordan abusos por parte de corporaciones transnacionales”, explicó la revista británica The Ecologist.

Más de 80 naciones y más de 600 organizaciones civiles y religiosas apoyan la resolución propuesta por Ecuador y Sudáfrica.

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