El largo brazo de Erdogan

La detención en España de un escritor y periodista turco nacionalizado sueco, crítico con el régimen de Recep Tayyip Erdogan y buscado por la justicia de Turquía, pone en un predicamento al gobierno español.

En los próximos días, las autoridades españolas tendrán que tomar la decisión de entregarlo al gobierno turco y enfrentar las descalificaciones de los defensores de derechos humanos o dejarlo en libertad, lo cuál sería una ofensa para el presidente turco.

Hamza Yalcin, de 59 años, fue detenido el pasado 3 de agosto en el aeropuerto El Prat en Barcelona al comprobar que existía una orden de busca y captura contra él por parte de la Interpol. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva. El escritor y periodista se dirigía hacia Londres.

El régimen turco lo acusa de haber insultado al presidente Erdogan en un artículo publicado en una revista turca y por mantener vínculos con grupos terroristas.

Según el Convenio Europeo de Extradición al que están sujetos España y Turquía, el gobierno turco cuenta con un plazo de 40 días a partir de que Yalcin ingresó a prisión preventiva para presentar sus acusaciones y la petición formal de extradición.

Una vez presentadas las pruebas y los documentos pertinentes, la decisión de su entrega o no a las autoridades turcas recae en la Audiencia Nacional, aunque debido a las implicaciones, la última palabra la tendrá el Gobierno central de España.

Sin embargo, cualquiera que sea la decisión que tome la justicia española, ya sea extraditarlo o dejarlo en libertad, tendrá repercusiones.

La detención y encarcelamiento del periodista ha tenido eco en asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos en el continente europeo, que han condenado la acción y han pedido al Gobierno de España que no haga efectiva la extradición, y es de esperarse que con el transcurso de los días la presión hacia el gobierno vaya aumentando.

Por su parte, el gobierno de Turquía aún no se ha pronunciado sobre la detención del periodista, aunque cualquier acción por parte del gobierno español que no sea entregarlo a la justicia turca sería condenada por el régimen de Erdogan y podría abrir un conflicto diplomático.

Al ser Hamza Yalcin un ciudadano sueco, el gobierno de ese país también ha entrado en escena, y la embajada sueca en España se ha puesto en contacto con las autoridades españolas para poder seguir el proceso y entrevistarse con el periodista.

Bajo presión

Tras conocerse la detención de Yalcin, la filial sueca de Reporteros Sin Fronteras emitió un comunicado en donde le pide al gobierno español que rechace la orden de extradición de Turquía y le permitan al periodista regresar a Suecia.

Para la organización, Yalcin es un objetivo de Erdogan en su intento por silenciar las críticas en contra de su régimen, y con este movimiento quiere demostrar que puede alcanzar a sus críticos incluso si no están en el país.

La Federación Internacional y Europea de Periodistas también condenaron enérgicamente la detención y pidieron no entregar al periodista y escritor a Turquía ya que su seguridad y la posibilidad de un juicio independiente no estarían garantizadas en ese país.

“Debido a la represión extrema en Turquía contra voces independientes del Gobierno de Recep Tayyip Erdogan, tememos por la seguridad y el respeto a los derechos democráticos de nuestro colega y consideramos los cargos de ‘terrorismo’ como otro pretexto para perseguir a la prensa libre y crítica de Turquía”, señala el comunicado conjunto.

Por su parte, la justicia española ha intentado defenderse de las críticas por la detención y encarcelamiento de Yalcin.

En declaraciones de funcionarios citados por la prensa española, la medida fue necesaria debido al convenio existente entre las naciones y que el arresto se produjo como respuesta a una orden emitida por la Interpol que las autoridades españolas no pueden ignorar, pero que su detención no asegura que la extradición se haga efectiva.

La prensa, el enemigo

Tras el fallido golpe de Estado en 2016, el gobierno de Recep Tayyip Erdogan comenzó una purga en contra de militares, jueces, profesores, disidentes y medios de comunicación.

El 27 de julio de 2016, unos días después del intento golpista, el gobierno turco cerró o expropió más de 100 medios en el país, entre periódicos, revistas, canales de televisión, emisoras de radio y agencias de noticias, con lo que iniciaba el periodo más negro para la prensa crítica en ese país.

La persecución contra la prensa que mantiene cierta independencia editorial no ha cesado. Algunas organizaciones de derechos humanos calculan que actualmente hay más de 200 comunicadores encarcelados por el régimen, y los que siguen la línea crítica siguen en riesgo de ser detenidos o verse orillados al exilio, como ya ha sucedido con un gran número.

La ofensiva de Erdogan en contra de la prensa es condenada no solo por la Unión Europea -de la que Turquía es miembro- también por organismos como la Organización para la Seguridad de Europa, Reporteros sin Fronteras y la Federación Internacional de Periodistas.

Estas organizaciones consideran que el fallido golpe de Estado le proporcionó a Erdogan un pretexto para intentar acallar a la prensa crítica.

Muchos de los medios obligados a desaparecer, o los periodistas que están en prisión, han sido acusados de apoyar el golpe de Estado, de trabajar para los disidentes e incluso de colaborar con grupos terroristas, como es el caso de Hamza Yalcin.