Desenterrar la historia

28 de Jun, 2018

El nuevo gobierno español quiere retirar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos en el plazo más breve posible. Su intención es convertir el sitio en un lugar de reconciliación. Este acontecimiento se da a la par de que organizaciones de víctimas exigen a las instituciones que investiguen la represión durante el franquismo.

El presidente del Gobierno español Pedro Sánchez prevé que la exhumación de los restos de Franco se produzca en julio, según sugirió ayer en una conversación informal con periodistas en el Congreso.

“Os pillaré trabajando”, dijo Sánchez cuando los reporteros le preguntaron si el traslado de los restos del dictador coincidiría con las vacaciones estivales, que la mayoría de españoles celebra en octubre.

Sánchez también manifestó el deseo de su Gobierno de trasladar los restos de Franco de modo inmediato en una entrevista al diario español El País.

“Una democracia madura como la nuestra, europea, no puede tener símbolos que separen a los españoles. Este Gobierno va a cumplir con el mandato del Congreso de los Diputados de 2017 de convertir el Valle de los Caídos en un lugar de reconciliación”, explicó el nuevo mandatario.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fuerza política que actualmente está en el poder, sostiene que Franco no puede permanecer en el Valle de los Caídos porque murió de forma natural cuando era octogenario. No cayó en combate durante la Guerra Civil ni fue víctima de represalias posteriormente.

El Valle de los Caídos es un conjunto monumental construido entre 1940 y 1958 como un homenaje a los franquistas que lucharon y murieron durante la Guerra Civil, como deja claro la orden firmada por Franco en 1940.

En este lugar hay una iglesia que se llama la basílica del Valle de los Caídos. En este recinto están enterrados en diferentes criptas y pisos 33 mil 833 cadáveres, de los cuales 12 mil 410 son de personas desconocidas, de acuerdo a un informe encargado por el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Una nueva ley no es necesaria

El nuevo presidente del Gobierno español no necesita aprobar ninguna iniciativa para retirar los restos de Franco porque cuenta con el soporte de la Ley de Memoria Histórica, el informe que los expertos emitieron en 2011 sobre el futuro del Valle de los Caídos.

Hace más de un año, el pleno de la Cámara Baja de España aprobó por 198 votos a favor y 140 abstenciones una proposición de ley que retoma las recomendaciones de ese informe y en concreto cita la necesidad de exhumar a Franco y de colocar a José Antonio Primo de Rivera en un lugar menos preeminente de la basílica.

Valle de los Caídos

33 mil 833 cadáveres

12 mil 410 cuerpos de personas desconocidas

Fuente: Informe encargado por el gobierno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Cerrar un ciclo

“Trasladar los restos de Franco significa cerrar un ciclo en la vida reciente de España y dar paso a otros temas que a los españoles les pueden resultar más importantes que esta cuestión histórica que los ha marcado. Sobre todo ha marcado a la gente de más de 40 años y los jóvenes ya están más alejados del tema”, afirma en entrevista para Reporte Índigo Mario Téllez, catedrático de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey en Toluca.

Téllez agrega que retirar los restos del Valle de los Caídos le permitiría al nuevo presidente dar la vuelta a una página en la historia española y construir un proyecto de nación enfocado en otros temas.

Por otra parte, el catedrático opina que las víctimas y el sector progresista español percibirían este acontecimiento como un triunfo.

“Para los hijos y nietos de las víctimas y los sectores progresistas españoles significaría una especie de triunfo simbólico para que los restos de sus padres y abuelos puedan finalmente descansar habiendo vencido en una cuestión simbólica a Franco. Creo que sería algo importante para este sector”, argumenta Téllez.

No obstante, el académico considera que retirar los restos de Franco de este conjunto monumental no incidirá en los procedimientos que han interpuesto las víctimas del franquismo.

“No creo que incidirá en la parte procesal, sólo en la parte cultural y simbólica de los antifranquistas y de los simpatizantes de la República”, menciona.

El profesor añade que la sociedad española no podría abordar los temas de una democracia moderna si las ideas de Franco hubieran mantenido su fortaleza.

“Algunos principios con lo que ahora comulga la sociedad española no hubieran sido posibles si Franco hubiera continuado. Los temas del feminismo y muchos asuntos que son importantes para las democracias modernas no se hubieran logrado si las ideas de Franco siguieran tan fuertes como en los setenta”, concluye Téllez.

Reclaman justicia

Por otra parte, la organización Trial International en colaboración con la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA), una red que engloba diversas asociaciones de víctimas, piden que las Naciones Unidas exijan que la justicia española asuma el deber de investigar y juzgar la represión de la dictadura de Franco.

Organizaciones de víctimas piden que se prive de efecto la Ley de Amnistía que obstaculiza el acceso a la justicia

“Hasta ahora ni una sola de las víctimas ha sido reparada por la justicia y ni uno solo de los responsables de tanto horror y dolor ha comparecido ante un juzgado o tribunal”, argumenta el documento que se entregó ayer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y que fue publicado en fragmentos por el medio digital El Diario Trial International y CeAQUA mencionan en el texto que España mantiene intacta la impunidad del franquismo y no permite un acceso a la justicia desde una perspectiva internacional de derechos humanos.

Las organizaciones señalan que la denegación del derecho a la justicia no afecta en exclusiva a las víctimas de Franco y sus familiares. Por el contrario, esta situación concierne a la sociedad en su conjunto y a las instituciones representativas.

Una de las claves de la denuncia es la denominada Querella Argentina. Esta querella, un tipo de acto procesal, fue presentada en Buenos Aires el 14 de abril de 2010, a raíz del bloqueo por parte del Tribunal Supremo Español al intento de juzgar al régimen franquista en España.

Durante seis años (2010-2016), la Querella Argentina se ha convertido en uno de los puntos de anclaje más importante de las asociaciones de víctimas del franquismo.

Las organizaciones también expresan en el documento que los poderes públicos españoles ignoran e incumplen sistemáticamente su obligación de colaborar con este proceso judicial en el que se investigan crímenes de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista.

La demanda de Trial International y la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina pide que el Gobierno imparta instrucciones a los Servicios Jurídicos del Estado para que los tribunales investiguen y juzguen los crímenes del franquismo.

El documento entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas también exije que se prive de efecto la Ley de Amnistía que, de acuerdo a las organizaciones, obstaculiza todas las investigaciones y el acceso a la justicia sobre violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura de Franco.

A la par de la entrega del documento, se celebra la jornada ‘La impunidad de los crímenes contra la humanidad en España’ en el Palais des Nations de Ginebra.

Juzgan robo de bebés

La justicia española sentó este martes en el banquillo al ginecólogo Eduardo Vela. Este hombre de 85 años es acusado de participar en el robo de Inés Madrigal, una mujer nacida en 1969 que fue arrebatada a su madre biológica para entregársela a otra familia. Este es el primer caso juzgado en España de los conocidos como ‘bebés robados’ durante el franquismo.

Los casos de recién nacidos que fueron arrebatados a sus padres con engaños para entregarlos a otras familias ocurrieron entre 1960 y 1990 en España.

El primer juicio por un caso de una bebé robada en España comenzó esta semana. El proceso inició siete años después de que españoles denunciaran por primera vez que recién nacidos fueron sustraídos de sus familias durante el franquismo

El acusado, exdirector de la clínica donde nació Madrigal, ya declaró como imputado ante la Justicia en diciembre de 2013, aunque se desvinculó del proceso y negó su participación en el robo de niños.

“Nunca le di una niña a nadie”, dijo Varela a un panel de tres jueces cuando se le preguntó sobre el caso de Madrigal. Agregó que las parteras y sus asistentes registraron los nacimientos en la clínica. Negó haber falsificado los certificados de nacimiento.

El Ministerio Público solicita una pena de 11 años de cárcel para el acusado al considerar que Madrigal fue sustraída de su madre biológica y entregada a Inés Pérez por el ginecólogo.

A las puertas de la Audiencia de Madrid se concentraron miembros de distintas asociaciones antes de que iniciara el proceso. Integrantes de estas agrupaciones aplaudieron la llegada a la sede judicial de Madrigal y abuchearon la salida de Vela.

Los manifestantes pidieron justicia, incluida una mujer que llevaba una camiseta que decía: “Estoy buscando a mi hijo, nacido en abril de 1976 en Cádiz”. Otras jovenes protestaron para tratar de reabrir casos similares que datan desde tiempos de la dictadura de Franco, entre 1960 y 1975.

Los manifestantes dijeron que los responsables tomaban niños de madres de afiliación política contraria al régimen y se los daban a familias vinculadas con el franquismo.

Hace casi medio siglo que Madrigal nació en España y fue dada a una mujer que no era su madre.

En todos esos años no ha visto ningún rastro de su madre biológica, ni ninguna evidencia de que haya sido voluntariamente entregada en adopción.

En 2010, leyendo en la prensa un artículo sobre los ‘bebes robados’ del franquismo, Madrigal descubrió que la clínica donde nació, cerrada en 1982, era uno de los centros del tráfico de niños en los años 1960 y 1970.

El primer caso de este tipo en España llegó a los juzgados en 2012, tras la denuncia presentada por el supuesto robo de una bebé nacida en 1982, en la que se acusaba a la monja María Florencia Gómez. La religiosa, que trabajó con el doctor Vela en la misma clínica, alegó motivos de salud para no acudir a declarar como imputada y cuatro días después falleció, en enero de 2013.

Los casos de robos de bebés salieron a la luz en 2011, cuando Juan Luis Moreno y Antonio Barroso compartieron públicamente sus historias. Los dos dijeron a medios de comunicación que sus padres los habían comprado cuando eran niños a un sacerdote en la ciudad española de Zaragoza.