El presidente Donald Trump no sólo amenaza con disminuir el apoyo para Centroamérica. La administración del mandatario redujo la solicitud de ayuda económica para casi todos los programas nacionales y regionales en América Latina y el Caribe para 2019, sin embargo, el organismo legislativo de Estados Unidos decidió aumentar el recurso que pidió el ejecutivo.
Para el año fiscal 2019, la administración de Trump solicitó 1.1 miles de millones de dólares para América Latina y Caribe a través de cuentas de asistencia extranjera administradas por el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), de acuerdo con un informe del Congreso estadounidense.
Esa cantidad representa 34 por ciento menos de los 1.7 miles de millones que Estados Unidos otorgó a la región en 2018, según el documento U.S. Foreign Assistance to Latin America and the Caribbean: FY2019 Appropriations.
Sin embargo, el Congreso detuvo las intenciones del presidente republicano y dio más recurso de lo solicitado a algunos países de América Latina. Los montos designados para iniciativas clave de Estados Unidos en América Central, Colombia y México superan significativamente la petición de la administración de Trump.
El Congreso proporcionó para este año fiscal 527.6 millones de dólares para continuar la implementación de la Estrategia para el Compromiso de los Estados Unidos en Centroamérica, que es de 92 millones más de lo que solicitó la administración, pero 99 millones dólares menos que la cantidad asignada por el legislativo en el año fiscal 2018
Además, 418.3 millones de dólares fueron asignados para apoyar el proceso de paz y los esfuerzos de seguridad y desarrollo en Colombia, que es de 153 millones más de lo que solicitó la administración y 27 millones extra a comparación del año fiscal 2018.
Por otra parte, México tiene asignados 162.7 millones dólares para 2019 con el objetivo de respaldar los esfuerzos de seguridad y Estado de derecho, es decir, 84 millones más de lo que solicitó la administración y 10 millones más de lo que el Congreso otorgó para el país en el año fiscal 2018
En el caso de Venezuela, el legislativo estipuló proporcionar 17.5 millones dólares para programas que buscan promover la democracia y el estado de Derecho. La declaración explicativa conjunta señala que la legislación también incluye asistencia para los refugiados y migrantes venezolanos que fueron obligados a abandonar el país.
La internacionalista Arlene Ramírez Uresti asegura que la administración de Trump solicitó una disminución en el apoyo a países latinoamericanos porque fue una de sus promesas de campaña en 2016.
Desde su candidatura, el actual presidente incluyó en su anteproyecto de programa de gobierno un rubro en el que consideraba disminuir el financiamiento para programas internacionales, como los de América Latina para atención a la pobreza y combate al crimen organizado.
Sin embargo, Ramírez Uresti comenta que el Congreso no aprobó las disminuciones en los presupuestos porque los programas del gobierno de Estados Unidos en países de América Latina permiten que no aumente el flujo de migrantes hacia territorio estadounidense.
“Los recursos que se tienen comprometidos son para programas que buscan desincentivar la migración... México tuvo resultados positivos a partir de un incremento de ese presupuesto”
Además, la especialista asegura que el Partido Demócrata quiere demostrar con la negación a la solicitud de Trump que la forma en que Estados Unidos ha trabajado la migración en los gobiernos demócratas ha funcionado. La internacionalista añade que la migración no se puede contener, pero tampoco se eleva cuando Estados Unidos ayuda con financiamiento a las comunidades que expulsan migrantes en otras naciones.
“Los demócratas no lo dejan cumplir una promesa de campaña y demuestran que no es la estrategia más adecuada”, menciona Ramírez Uresti.
La internacionalista concluye que muchos de los países que reciben apoyo económico de Estados Unidos dependen de ese recurso para ejecutar ciertos programas de atención a la pobreza y seguridad.
Historia de la ayuda
Estados Unidos es desde hace tiempo un contribuyente importante de asistencia extranjera a países de América Latina y el Caribe. Entre 1946 y 2017, el gobierno estadounidense proporcionó a la región más de 88 mil millones de dólares.
Esta iniciativa comenzó como una lucha contra la pobreza que buscaba contrarrestar la influencia soviética y cubana tras la toma de poder de Fidel Castro en 1959 en Cuba.
La asistencia a la región volvió a aumentar después de que los sandinistas de izquierda en Nicaragua asumieron el poder en 1979. A lo largo de la década de 1980, Estados Unidos brindó un apoyo considerable a los gobiernos centroamericanos que luchaban contra las insurgencias para evitar que los posibles aliados soviéticos establecieran puntos de apoyo políticos o militares en la región.
Los flujos de ayuda de los Estados Unidos disminuyeron a mediados de la década de 1990, luego de la disolución de la Unión Soviética.
La asistencia extranjera de Estados Unidos a América Latina y el Caribe comenzó a aumentar una vez más a finales de la década de 1990 y se mantuvo ascendente hasta 2010.
El apoyo a la región comenzó a disminuir en el año fiscal 2011. Aunque la disminución fue en parte por las reducciones en el presupuesto general de asistencia exterior de Estados Unidos después de la recesión, también fue el resultado de cambios en América Latina
Debido al crecimiento económico y políticas sociales más efectivas, el porcentaje de personas que viven en pobreza en América Latina se redujo de 45 por ciento en 2002 a 30 por ciento en 2017.
Algunas naciones, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay están ahora en una posición para proporcionar asistencia técnica a otros países de la región. Otras naciones, como Bolivia y Ecuador, expulsaron al personal de Estados Unidos y se opusieron a los proyectos de asistencia del gobierno estadounidense, lo que llevó al cierre de las oficinas regionales de la USAID.
Sin embargo, el apoyo aún es indispensable para la seguridad y el desarrollo de muchos países latinoamericanos que no tienen economías fuertes y tienen que enfrentar problemas de violencia y pobreza.
Eliminar el apoyo
La administración del presidente Donald Trump también propuso eliminar la Fundación Interamericana (IAF, por sus siglas en inglés), una agencia de asistencia exterior pequeña e independiente que financia proyectos de desarrollo emprendidos por grupos de base y organizaciones no gubernamentales en América Latina y el Caribe.
No obstante, el Congreso decidió seguir apoyando con presupuesto a esta agencia. El órgano legislativo proporcionó 22.5 millones de dólares para la IAF para 2019, que es la misma cantidad que asignó para la agencia en el año fiscal 2018.
El mandatario estadounidense pidió la eliminación de una agencia que financia proyectos de organizaciones en América Latina, pero el Congreso no atendió la solicitud y mantuvo la ayuda económica
La declaración explicativa conjunta menciona que se designaron 10 millones de dólares adicionales como una transferencia para realizar programas en América Central.
La IAF es una agencia independiente de Estados Unidos establecida a través de la Ley de Asistencia Extranjera de 1969.
El Congreso creó la fundación después de realizar una revisión exhaustiva de los esfuerzos de asistencia anteriores y la determinación de que los programas gubernamentales no habían logrado promover el cambio social y cívico en la región a pesar de fomentar el crecimiento económico.
Con una asignación anual de 22.5 millones de dólares en los últimos años, esta agencia proporciona subvenciones y otra asistencia dirigida directamente a las personas en situación de pobreza.
La IAF está activa en 20 países de la región, incluidos ocho países en los que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) no tiene presencia y se ha centrado especialmente en las comunidades de envío de migrantes en América Central desde 2014
La fundación financia con donaciones a las ideas más creativas de autoayuda recibidas de grupos de base y organizaciones no gubernamentales en respuesta a su convocatoria anual.
También favorece la formación de alianzas entre organizaciones comunitarias, empresas y los gobiernos locales dirigidas a mejorar la calidad de vida de los pobres y fortalecer prácticas democráticas.
Entre 1972 y 2011, la IAF realizó más de 5 mil donaciones por un total de 680 millones de dólares para dar apoyo a más de 3 mil 700 organizaciones.
Muchas de las donaciones fueron otorgadas a organizaciones comunitarias, tales como cooperativas agrícolas o pequeñas empresas urbanas; otras fueron otorgadas a organizaciones intermediarias más grandes que han proporcionado crédito, asistencia técnica, capacitación y asistencia en comercialización a grupos comunitarios.
La mayor parte del financiamiento de la IAF fue invertido en desarrollo empresarial, producción alimentaria y agrícola, educación, capacitación y ecodesarrollo.
