La guerra civil en Guatemala duró más de 30 años y dejó alrededor de 200 mil muertos y desaparecidos
"Este no es un tema de venganza. Los testigos han sido categóricos para decir que estarán ahí para buscar justicia y que no se vuelvan a repetir los hechos”
Francisco Soto director del Centro de Acción Legal
para los Derechos Humanos
Efraín Ríos Montt enfrenta cargos por la matanza de mil 771 indígenas mayas durante su régimen (1982-1983), considerada la época más sangrienta de la dictadura guatemalteca

En Guatemala, 14 ex militares han sido procesados – entre ellos el ex dictador Efraín Ríos Montt – y acusados de participar en una serie de crímenes de guerra ocurridos durante la dictadura militar (1960-1996) de ese país.

Debido a la represión militar, en Guatemala se desató un guerra interna después de que civiles mayas y ladinos formaran un movimiento de izquierda contra el gobierno totalitario. 

El Estado reaccionó a la insurgencia con una campaña militar implacable, plagada de desapariciones forzadas, tortura, asesinatos y una sistemática violación de los derechos humanos de los indígenas chapines.

El genocida senil

Hoy un tribunal iniciará un juicio especial contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, específicamente por su involucramiento en una matanza contra mayas–ixiles ocurrida entre 1982 y 1983.

Ríos Montt sufre trastornos mentales y no estará presente en la Corte. El ex dictador había sido sentenciado a 80 años de prisión en 2013, pero la corte desechó la resolución debido a errores en el proceso y ordenó realizar un nuevo juicio. 

Han pasado casi tres años y ante una época de renovación en Guatemala – el comediante Jimmy Morales asumirá la presidencia del país este jueves – las circunstancias se han vuelto a acomodar para reabrir el debate. 

De acuerdo con Francisco Soto, director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos, los testigos están dispuestos a declarar de nueva cuenta. 

De ser condenado, el ex dictador Ríos Montt no iría a la cárcel debido a su deteriorado estado de salud y tendría que pasar sus últimos días recluido en un hospital o en su residencia. 

Soto asegura que las pruebas son claras y las acusaciones de genocidio contra el ex mandatario guatemalteco se volverán a comprobar cabalmente.  

Los otros villanos

La fiscalía guatemalteca anunció que se han detenido a 12 ex militares, entre los que se encuentra, Byron Barrientos, un aliado y entusiasta promotor del recién electo presidente Jimmy Morales. 

Pero éste no es el único detenido con nexos en las altas esferas del gobierno. El ex militar Benedicto Lucas García, arrestado por sospechas de genocidio, es hermano del fallecido presidente Fernando Lucas que gobernó al país entre 1978 y 1982.

También se encuentra detenido el general retirado Francisco Gordillo, quién ayudó a que Efraín Ríos Montt se instalara en el poder en 1982. 

El mundo observa

Los analistas aseguran que el juicio le permitirá a Guatemala reforzar su compromiso con los derechos humanos. 

El juicio se llevará a cabo a puerta cerrada y sólo estarán presentes los jueces, acusados (excepto Ríos Montt), abogados, testigos y víctimas. Los medios de comunicación no podrán ingresar al recinto. 

Amnistía Internacional expresó su deseo para que después de varias décadas de impunidad en Guatemala se haga justicia a las miles de víctimas de los horrendos crímenes cometidos bajo el mandato de Ríos Montt. 

Por su parte, los defensores del ex dictador difieren de la opinión generalizada e insisten – como en el caso del fallecido Augusto Pinochet en Chile – que este es un juicio con tintes meramente políticos.

“Este juicio es político. El tribunal lo que quiere es ganar protagonismo porque si ya lo declaró incapaz, él ya no entiende alguna imputación que se haga en su contra. Si es una sentencia condenatoria o absolutoria, él ya no sabe”, declaró Jaime Hernández, abogado del militar. 

El abogado aseguró que su cliente permanece “acostado” en su habitación bajo el cuidado de una enfermera sin poder  mantener una comunicación fluida, por lo que desde su punto de vista el juicio ya no tiene razón de ser. 

Para Hernández, la única intención de los jueces es mejorar la imagen de Guatemala a nivel internacional sin ningún reparo por la irrelevancia del juicio contra su cliente.