Ya sea por alimentar a los prisioneros con salchichón verde o por vestirlos con ropa interior rosada, el sheriff Joe Arpaio, del Condado de Maricopa, Arizona, siempre ha sido blanco de chistes.
Su peculiar sentido del humor puede apreciarse con la aparición de una grabación del sheriff, quien se ríe durante un evento de recaudación de fondos para un grupo anti inmigración ilegal, en 2009, en Texas.
Según The Associated Press, el sheriff se rió del hecho de que las autoridades federales abrieran una investigación de él en múltiples frentes.
Esa indagación se llevó a cabo después de una investigación de derechos civiles para determinar si sus subalternos realizaban perfiles raciales y étnicos de los latinos, como parte de una severa campaña contra inmigrantes ilegales.
Mientras tanto, el FBI está examinando acusaciones de que el sheriff abusó de su poder cuando investigó a funcionarios del condado, quienes se atrevieron a desafiarlo.
Como señalé en una columna anterior, el juez federal de Distrito, Murray Snow, censuró a Arpaio el año pasado en un caso que involucraba una demanda de derechos civiles de 2007.
En dicha demanda, los asistentes del sheriff fueron acusados de realizar perfiles raciales al utilizar las paradas de tránsito como excusa para efectuar barridas de inmigración.
Snow emitió sanciones legales contra Arpaio por destruir documentos. También prohibió al sheriff y sus colaboradores detener a una persona por estar en el país ilegalmente.
El juez también criticó a los asistentes por enviar mensajes electrónicos en los que se “comparaba a los mexicanos con perros”.
A partir de ese momento, el Departamento de Justicia acusó a la oficina del sheriff de sostener una “omnipresente cultura de prejuicio discriminatorio contra los latinos”.
Cuando se dirigió al grupo Texans for Immigration Reform en Houston, Arpaio pareció orgulloso del hecho de que no estaba cooperando con la investigación federal y se vanaglorió de que sus ayudantes aún hacían barridas de inmigrantes ilegales.
“Después de que fueran tras de mí”, expresó ante el grupo, “arrestamos a 500 más, sólo por rencor”.
La gente expresó su aprobación. Por supuesto, ¿qué se puede objetar en que oficiales de seguridad a quienes se les ha confiado el poder de de privar a una persona de su libertad, actúen por rencor?
No me sorprende. Se los dice alguien que ha escrito sobre Arpaio durante 15 años.
En una entrevista con AP, Arpaio sostuvo que sus comentarios no eran “declaraciones bajo juramento, oficiales” sino observaciones casuales ante un grupo amistoso, que apoya sus esfuerzos por barrer con los inmigrantes ilegales.
El único error, dijo, fue usar la cifra equivocada. Había dicho 500, pero fueron más bien “miles”.
Esta noticia se revela justo cuando la Corte Suprema enfrenta un reto legal contra la ley migratoria de Arizona, que requiere que la policía local y la estatal hagan algo para lo que no están entrenadas: imponer la ley migratoria federal.
Los jueces considerarán si ese intento de regular la política migratoria federal es inconstitucional y si conduce al tipo de abuso por el que Arpaio se ha ganado la atención de las autoridades federales.
El cumplimiento de la ley de inmigración no es trabajo de aficionados. No hay nada malo con la práctica, en la medida en que sean funcionarios federales quienes la impongan.
Cuando la policía local y la estatal tratan de hacerlo, la cosas se vuelven confusas.
Se realizan perfiles raciales, la piel oscura y el acento español se convierten en un atajo para llegar a una detención. Y hay probabilidades de que los derechos civiles de los hispanos se violen.
Pero he aquí el resto de la historia, y explica por qué Arpaio no teme al gobierno de Obama. Ambos son socios en este esfuerzo.
El Departamento de Justicia quizás esté investigando a Arpaio. Pero, en otra parte del Gabinete, el Departamento de Seguridad del Territorio está siendo su coadyuvante.
Los funcionarios de inmigración se están aprovechando totalmente del enfoque entusiasta de Arpaio para hacer redadas de inmigrantes ilegales.
Después de todo, una vez que estos individuos estén detenidos, los entrega al Servicio de Control de Aduanas e Inmigración, donde se les agrega a las cifras mensuales de deportaciones, que el gobierno ofrece para mostrar a sus críticos su mano dura con la inmigración ilegal.
Y esta parte de la historia no tiene ni una pizca de gracia.