El Salvador enfrenta dos crisis, la sanitaria y la social. Mientras las pandillas aprovecharon que el gobierno está enfocado en el control del coronavirus para recrudecer sus actos delictivos, el gobierno de Nayib Bukele, autorizó al ejército y la policía el uso de la fuerza letal en contra de los presuntos delincuentes.
La declaración del joven mandatario se presentó después de que el 24 de abril se registrara como el día más violento de su administración, con 23 homicidios. A esta cifra se sumaron 10 más durante el fin de semana.
“El uso de la fuerza letal está autorizado para defensa propia o para la defensa de la vida de los salvadoreños. El gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados, por defender la vida de la gente honrada”, escribió Bukele, quien llegó a la silla presidencial el 1 de julio de 2019, en su cuenta en Twitter.
A las declaraciones del presidente le siguió una reunión urgente con el gabinete de seguridad, en la cual se establecieron las acciones a implementar ante el alza de homicidios y en la que se declaró emergencia máxima en los penales del país, para evitar el control de los líderes de las pandillas desde estos centros.
La estrategia para la Dirección General de Centros Penales considera que los internos que pertenecen a alguna pandilla no deben tener contacto con el exterior. Los presos no tendrán acceso a tiendas de insumos, ni participarán en actividades grupales, mientras que los líderes de las bandas permanecerán aislados en celdas en las que no entra ni la luz del sol.
Con estas nuevas reglas, también se puso fin a la separación de celdas por pandillas, con lo cual se evitaban enfrentamientos al interior de los penales. Ahora, los integrantes de los Maras Salvatrucha y Barrio Sureño 18 -las dos principales pandillas- deberán convivir en las áreas comunes y compartir celdas.
“Este día se establece un régimen en el que los internos no tendrán visualización de ningún rayo de sol. No habrá comunicación y desde ayer, miembros de distintas pandillas están en la misma celda. Ahora no hay penales exclusivos”, dijo en un comunicado Osiris Luna Meza, director de los Centros Penales en el país.
En un video que el presidente compartió en redes sociales, la pandilla Barrio 18 se deslindó de la ola de violencia que se presentó durante el fin de semana e inculpó a partidos políticos y el gobierno federal de financiar a sicarios para incrementar el número de homicidios en El Salvador.
“Como Barrio 18 sureño pedimos a los medios de comunicación locales e internacionales, Derechos Humanos y la Cruz Roja que nos ayuden a velar por los derechos de los internos en los centros penales, ya que están violando sus derechos humanos con la forma en la que los están tratando”, dijeron los integrantes de la pandilla.
Violencia sin freno en El Salvador
El Salvador cerró 2019 como un año menos violento al registrar una reducción de 30 por ciento en el número de homicidios frente a 2018, con un índice de 37 asesinatos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, se mantiene como uno de los países más violentos en el mundo.
La historia de hostilidad no es nueva, pero en los últimos años se ha recrudecido por los enfrentamientos entre integrantes de los Maras Salvatrucha (MS13) y el Barrio Sureño 18, que está dividido en dos facciones, los Sureños y los Revolucionarios, situación que impulsó la migración hacia Estados Unidos.
Estos grupos delincuenciales, que están esparcidos por Centroamérica, México y Estados Unidos, fueron creados por salvadoreños que migraron y cuando fueron deportados por el gobierno estadounidense, se establecieron y desarrollaron en El Salvador.
En la actualidad son catalogados como grupos terroristas y tienen influencia en las zonas más pobres del país, en donde existe una frontera invisible que separa las áreas, de acuerdo con el grupo que lidere la demarcación.
Tanto el gobierno como las pandillas han intentado establecer treguas y evitar los homicidios violentos, pero no han tenido éxito. Mientras, los grupos delictivos se financian a través de las extorsiones, el tráfico de drogas y armas.
Las pandillas acordaron una tregua en 2018, lo que ha permitido reducir el índice de homicidios, pero estos grupos aún mantienen el control sobre la población más desfavorecida. En los días de cuarentena, entregan despensas para que las personas no salgan de sus casas y a quien lo hace le rompen las piernas, medidas que, según declara Barrio Sureño 18, resultan efectivas para mitigar los contagios de Covid-19.
El Salvador registra 323 casos confirmados de personas contagiadas con coronavirus, 89 recuperados y 8 muertos. A finales de marzo Bukele declaró cuarentena obligatoria y ordenó enviar a centros de contención por 30 días a quienes violen la disposición, medida que encendió las alertas de la Organización de las Naciones Unidas.
Sin embargo, ahora el gobierno tendrá que orientar el trabajo de las fuerzas policiales en la detención y combate de las pandillas, además del control de la población para evitar la dispersión del Covid-19.
“En la calle, seguimos capturando a todos los cabecillas de las 3 pandillas, ellos irán a esas celdas selladas, el pandillero que ponga resistencia será abatido con fuerza proporcional y posiblemente letal por nuestra fuerza pública”, dijo Bukele.
