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Greenpeace filtró 248 páginas de documentos confidenciales sobre el Tratado de Libre Comercio Transatlántico (TTIP) entre la Unión Europea y Estados Unidos.
La información revelada confirma los temores de muchas organizaciones no gubernamentales que acusaban a los miembros de la UE de transferir un enorme poder a las mayores empresas multinacionales, que de firmarse el tratado “terminarán por regular a los ciudadanos europeos en el manejo del medioambiente, bienestar animal, derechos laborales y privacidad en Internet”.
De acuerdo a la ONG la filtración de estos documentos fue “para transparentar el debate” que “amenaza con implicaciones de largo alcance para el medioambiente y la vida de más de 800 millones de ciudadanos de la UE y de Estados Unidos”.
Cuestiones sobre las que “todos deberían estar preocupados” y que se ponen de manifiesto en la movilización de millones de personas que han expresado su repudio en toda Europa, aseguró la ONG.
Según Greenpeace, estos documentos confirman que el tratado pondría los intereses de las grandes empresas en el centro del proceso de decisión política y legislativa europea en detrimento de los problemas ambientales y de salud pública.
Además de bloquear varios puntos en particular, como la cooperación en los servicios financieros o la apertura de la contratación pública.
Si bien, el objetivo principal de este acuerdo era armonizar las diferentes normas entre ambos lados del Atlántico para que las empresas exportadoras tuvieran una mayor circulación, los documentos filtrados sobre la versión actual del texto no fijan dicha “armonización” sobre el “reconocimiento mutuo de los reglamentos”.
Esto significa que, en lugar de que los europeos y los estadounidenses modifiquen sus normas para converger en un punto común, será Europa la que tenga que adoptar la norma estadounidense: un regalo para las multinacionales que afectaría directamente a las PYMEs que no cuentan con los “estándares” necesarios para estar a la altura.
Acuerdo disparejo
El objetivo de este acuerdo es establecer una zona de libre comercio y favorecer la inversión entre Estados Unidos y la UE para crear un mercado común con normas simplificadas que “beneficien” a los 820 millones de consumidores europeos y norteamericanos.
Esta zona de libre comercio gigantesca representa casi el 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial.
Para ello, el tratado debe eliminar las aduanas, eliminar los dispositivos de proteccionismo nacional y, sobre todo, coincidir en estándares comunes para facilitar la libre circulación. Nada más el 80 por ciento de los beneficios del tratado surgiría de esta última medida económica.
De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigación de Política Económica encargado por la Comisión Europea, la firma de este acuerdo permitiría el crecimiento económico de 119 mil millones de euros al año para la UE y de 95 mil millones de euros al año para Estados Unidos.
Sin embargo, implícitamente, estas promesas de crecimiento económico emergen sobre todo por el deseo de mantener los estándares de bienes y servicios “occidentales” y crear un poderoso bloque económico que pueda hacer frente a la competencia de los países emergentes, en particular China.
Las revelaciones de Greenpeace
La filtración de este tratado comercial que se negocia en la mayor discreción desde hace tres años, cubre 13 capítulos –que incluyen las negociaciones mantenidas la semana pasada en Nueva York entre la administración de Obama y la Comisión Europea– y que abarca casi todos los aspectos de las discusiones: desde la reducción de las cuotas de aduana, hasta la cooperación regulatoria en temas de telecomunicaciones y medidas medioambientales, como el uso de plaguicidas.
En la filtración se observa una negociación desequilibrada. A pesar de la insistencia europea, Estados Unidos se niegan a abrir los debates sobre la cooperación regulatoria en servicios financieros, y los documentos señalan que las regulaciones en ambos lados del Atlántico son muy divergentes cuando se aborda el tema sobre “el reconocimiento mutuo de las normas”.
Para que se acepte el tratado, la UE debe reconoce los estándares de Estados Unidos como equivalente a su propia legislación.
“La adaptación de la norma norteamericana da luz verde a que las multinacionales modifiquen el medio ambiente y dañen la salud pública”, señala Jorgo Riss, jefe de la oficina de Greenpeace en Bruselas.
La firma de un tratado tal y como se encuentra al día de hoy, supondría también un golpe al “Principio de precaución” que hoy permite a Europa rechazar determinados productos y prácticas en nombre de la salud o el medioambiente. Los que significaría “recortar” los protocolos que actualmente obligan a las autoridades europeas a buscar evidencia tangible de peligrosidad.
¿Por qué el repudio?
Desde el inicio de las negociaciones en 2013, los 28 países miembros asignaron delegados especiales para la negociación de las condiciones del contrato -un documento que consta de 46 artículos-, pero este documento inicial se hizo disponible un año después de haberse redactado.
Esto alimentó las preocupaciones sobre la firma de un tratado secreto que pudiera ser impuesto en el último momento sin tomar en cuenta la consulta a la sociedad civil, pues en comparación con Estados Unidos -donde sólo los negociadores del tratado tienen acceso a la información-, los de la Unión Europea han comunicado con toda claridad su postura desde el principio.
En el sitio web de la Comisión Europea, hay cientos de documentos dedicados a la posición de Bruselas dentro del tratado y que explican debidamente sus intereses.
Es precisamente este punto sobre las negociaciones, el que más preocupa a los oponentes del tratado: la “confidencialidad” que mantiene Estados Unidos, esa ausencia de información concreta y disponible sobre su postura frente a Bruselas.