Estira y afloja

Vladimir Padrino López y Luis Carlos Villegas, ministros de defensa de Venezuela y Colombia respectivamente, se reunieron en la ciudad colombiana de Santa Marta para tratar de destensar el conflicto fronterizo que protagonizan desde hace un par de meses.  

La reunión, convocada por los presidentes Nicolás Maduro y Juan Manuel Santos, se había aplazado en dos ocasiones anteriores. Finalmente, se realizó y todos se mostraron satisfechos  con el resultado.

Ambas partes confirmaron tener voluntad política para combatir la violencia, la delincuencia organizada, el paramilitarismo, el contrabando y el narcotráfico en la frontera donde sus países colindan.

Raúl Vallejo, embajador de Ecuador y su homónimo Uruguayo,  Duncan Croci asistieron también y sirvieron como mediadores. 

La reunión de alto nivel comenzó con buenas noticias para Santos. 

Víctor Navarro, alias Magateo, un ex guerrillero y narcotraficante que operaba en la frontera con Venezuela fue abatido. El operativo, contó con la ayuda de Estados Unidos, país que había ofrecido 5 millones de dólares por su captura. 

La muerte de Magateo, a quien muchos comparaban con Pablo Escobar, sirvió para que el gobierno Santos pudiera sacar frutos en Santa Marta. Esto y las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le servirán de apalancamiento en lo posterior. 

Un día antes de la reunión en Santa Marta, Maduro había confirmado que los 2 mil 200 kilómetros de frontera entre su país y Colombia permanecerían cerrados para poder contener el contrabando y combatir el paramilitarismo. 

El argumento de Maduro para su ríspida política fronteriza se ha centrado en la necesidad de erradicar a grupos criminales que entran a Venezuela solo para llevarse la riqueza de su país hacia Colombia con métodos ilegales. 

Resumen de la reunión

La información oficial proporcionada asegura que los ministros llegaron a nueve acuerdos en Santa Marta. 

El reconocimiento mutuo del éxito de las operaciones militares de sus países contra el contrabando y el crimen organizado; y la creación de un mecanismo de comunicación entre el Ministerio de Relaciones Interiores de Venezuela y el de Defensa y la Policía de Colombia fueron los dos más importantes 

Además, se acordaron varias reuniones donde las negociaciones continuarán. 

El 19 y 20 de octubre en Bogotá revisarán procedimientos de sus fuerzas aéreas. Y esta semana las armadas de ambos países se reunirán en Maracaibo para evaluar propuestas de cooperación marítima y crear un instrumento de cooperación bilateral. 

Los ministros de defensa anunciaron que llevarán ante sus cancilleres una propuesta para firmar un Memorando de Entendimiento que establezca procedimientos y mecanismos para combatir la minería ilegal en la zona. 

Más de un lustro de tensiones

Desde que el chavismo llegó al poder en Venezuela y en Colombia se estableció el gobierno de centro derecha de Álvaro Uribe – de estrecha colaboración con Estados Unidos – la relación entre los vecinos comenzó a tensarse cada vez más.

En 2009, cuando Colombia anunció que permitiría que tropas estadounidenses usaran sus bases militares para combatir el narcotráfico y acusó a Venezuela de armar a los rebeldes de las FARC, las cosas ya no iban bien.

Colombia, un país que ha permitido una fuerte presencia de grupos como la DEA y la agencia anti crimen británica, es un vecino poco confiable para la postura anti-yanqui del chavismo. 

En 2010 Caracas y Bogotá cortaron relaciones diplomáticas, pero las retomaron poco después de negociaciones exitosas. 

El problema escala

Hace unos meses la relación volvió a tensarse drásticamente cuando tres soldados venezolanos fueron heridos tras un tiroteo en un operativo anti contrabando en la frontera con Colombia. 

El 20 de agosto, Maduro emitió un decreto para cerrar dos pasos fronterizos en la zona de Tachira. Al día siguiente Maduro declaró un “estado de excepción” para cinco municipalidades. 

Maduro envió mil 500 soldados y dijo que la frontera estaría cerrada hasta nuevo aviso. Los soldados comenzaron a ir de casa en casa para buscar y luego deportar colombianos ilegales. 

A finales del mes pasado ambos presidentes ya habían llamado a consulta a los Embajadores en sus dos capitales. 

Muy poco después Santos declaró una crisis económica y una posible crisis humanitaria en la frontera, declaración secundada por la CIDH. 

El 7 de septiembre Maduro cerró la frontera de Paraguachón, en el norte de Venezuela y mandó 3 mil soldados más a custodiar el estado de Zula, la segunda ciudad más grande de Maracaibo. 

Pronóstico

Nicolás Maduro no tiene el apoyo popular de su antecesor y su gobierno ha tenido que responder a múltiples acusaciones sobre violaciones a los derechos humanos. 

Caracas desea mantener lejos a Estados Unidos, pero al momento todo parece indicar que no tiene el arsenal político necesario para seguir presionando a Colombia cerrando fronteras y declarando zonas de excepción. 

Tras la caída de Magateo, Santos tiene una carta fuerte para negociar a favor de los colombianos desplazados. 

Maduro, por su parte, tendrá que buscar otros métodos para mantener alejado a Estados Unidos, país que insiste en luchar contra el narcotráfico en la región, mientras la marihuana se vuelve legal en más partes de su territorio.

Otro buen resultado para Santos

El mes pasado las FARC, guerrilla de izquierda colombiana y el Gobierno de Santos acordaron que en menos de seis meses firmarán un acuerdo de paz. 

Santos y Rodrigo Londoño, líder de las FARC acordaron establecer tribunales especiales para juzgar a los involucrados y amnistía para combatientes que no hayan cometido crímenes de guerra. 

Esto pondrá fin al conflicto interno más añejo de Sudamérica. 

Traspié de Maduro

A pesar de que hace un mes la OEA se había negado a la petición de Bogotá de reunir a los cancilleres de Venezuela y Colombia para hablar de la crisis, eventualmente la CIDH (adscrita a la OEA) confirmó que los deportados colombianos se hallan en una grave crisis humanitaria y sus derechos humanos sufrieron violaciones. 

Venezuela, quien ya había estado en desacuerdo con la CIDH en el caso del opositor Leopoldo López, a quien a pesar del rechazo internacional, el gobierno de Caracas condenó a 13 años de prisión, también desaprobó la evaluación de la CIDH en la frontera y la llamó inmoral y difamatoria.