Los partisanos de Trump

Una semana en el cargo y Donald J. Trump ya se hizo de suficientes enemigos como para crear un movimiento de desobediencia nacional gestado desde el interior de las instituciones que preside.

En las últimas 48 horas ha sucedido en Estados Unidos lo inimaginable: ¿quién diría que el estado que alberga todas las instituciones del Estado norteamericano terminaría demandando al hombre que reside en la Casa Blanca?

El fiscal general de Washington, Bob Ferguson, anunció que demandará al Gobierno de Estados Unidos por el decreto que prohibe la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, siendo el primer fiscal en desafiar judicialmente la orden ejecutiva.

Y por lo que se sabe de la elaboración del decreto ejecutivo –redactado en petit comité y muy lejos de los funcionarios clave del gobierno y expertos en Seguridad Nacional–, es un escalofriante balde de agua fría: Steve Bannon, el ideólogo ultranacionalista del Sr. Trump –de un pasado racista–, es el hombre que aconsejó al presidente a la hora de redactar el mandato de expulsión de musulmanes.

La eminencia cerebral detrás de la “revolución” populista que llevó a Donald Trump al poder, polemista asumido, exdirector del sitio informativo ultraconservador Breitbart News, es el jefe de estrategia de la Casa Blanca.

Acaba de lograr una jugada maestra: un memorando presidencial firmado el viernes anunció su entrada formal al Consejo Nacional de Seguridad (NSC), desde donde se ordenó la prohibición de entrada al territorio a ciudadanos iraníes, iraquíes, libios, somalíes, sudaneses, sirios y yemenitas, además de anunciar una suspensión indefinida a la petición de asilo de todos los refugiados sirios.

Esto abrió la caja de Pandora provocando protestas en todo el país: empezando por el estado en donde duerme Donald Trump desde hace una semana.

Repudio al presidente

Le bastaron poco más de 240 horas en la Casa Blanca para poner en marcha la prohibición de refugiados, la suspensión de visas para persona de Medio Oriente y África, la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México, la salida del Acuerdo Transpacífico y los recortes a la financiación federal para las ciudades santuario.

Con eso, Trump hizo exactamente lo que dijo durante la contienda electoral: cerrar las puertas de su país. Y lo hizo comercial, diplomática, económica y ahora también humanitariamente.
Una ola de indignación nacional e internacional, un partido dividido y un verdadero lío legal por el decreto firmado en el nombre de la seguridad de Estados Unidos posicionan al gobierno de Trump a la defensiva.

Desde que fue investido presidente, cada día ha tomado medidas para implementar su agenda de xenofobia y miedo, y esto no podía haber resultado en otra cosa que en el repudio de importantes sectores de la sociedad.

Decenas de miles de ciudadanos se movilizaron en los aeropuertos y se manifestaron en las principales ciudades del país.

Washington será el primer estado en presentar una queja en la Corte Federal en contra del decreto anti-inmigración firmado por el presidente.

Abogados están ofreciendo sus servicios para ayudar a los viajeros inmigrantes afectados.
Ann Donnelly, la juez del Distrito Este de Nueva York, plantó cara al hombre más poderoso del mundo emitiendo un bloqueo del decreto.

Y los medios de comunicación están reaccionando masivamente y fortaleciendo la cobertura, luego de que el presidente hablara de una “guerra abierta” contra ellos.

En todo este contexto de protesta, Calexit, la propuesta que surgió en el verano de 2015 de la mano del político Louis Marinelli, para que el estado de California se separe del resto de la Unión, ha tomado fuerza tras las primeras decisiones de Trump luego de ser presentada ante la Oficina del Secretario de Estado.

Además, los parlamentarios comienzan a fijar sus posicionamientos y las aerolíneas están dispuestas a ignorar el decreto migratorio que les prohibe transportar a ciudadanos de los países musulmanes señalados en el decreto.

Los alcaldes y gobernadores de una decena de ciudades han llamado a la resistencia de la ciudadanía y de la policía local para defender el estatus de ciudad santuario, manteniéndose firmes en su compromiso por proteger a los inmigrantes indocumentados.

Aunado a eso, y rompiendo el silencio, este lunes el expresidente Barack Obama dio la bienvenida a las manifestaciones y aplaudió el nivel de compromiso de los ciudadanos contra las medidas racistas del nuevo mandatario.

“Los valores estadounidenses están en juego”, dijo Obama en su primera declaración después de dejar la Casa Blanca.

Las comprometidas

Un día después de inaugurada la nueva administración, las mujeres enviaron un poderoso mensaje al gobierno entrante con una manifestación en varias ciudades del mundo en el nombre de sus derechos.
En ese sentido, fueron el primer sector social en hacer una poderosa declaración de que serán el principal dolor de cabeza del nuevo presidente.

El origen de la movilización surgió con la idea de reagrupar a las mujeres contra un candidato que llegó a la presidencia a base de insultos a las minorías, burlas a los grupos vulnerables y un particular desprecio hacia las mujeres.

Entre escándalos sexuales y varias demandas por acoso sexual, Trump fue investido con un pasado misógino ampliamente conocido. Por lo que este llamado ya ha trascendido más allá de las fronteras de Estados Unidos.

Silicon Valley fija postura

#MuslimBan es el hashtag que se lanzó en redes sociales en protesta a las nuevas medidas migratorias.

Del lado de las nuevas tecnologías, también son más los partisanos que defienden a los inmigrantes en riesgo de expulsión.

Empresas como Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Netflix, Uber, SpaceX y Tesla fijaron su postura.

 “Esta no es la mejor manera de levantar los retos del país. Muchas personas afectadas por esta política son firmes partidarios de los Estados Unidos. Ellos no han hecho nada malo y no merecen ser rechazados”, escribió Elon Musk, director de SpaceX y Tesla, quien es parte de la comitiva de Donald Trump.

Twitter, el arma favorita del presidente Trump, destacó que fue construida por inmigrantes de todas las religiones. La empresa lanzó un comunicado diciendo que van “a luchar por ellos y con ellos siempre”.

Jack Dorsey, cofundador de Twitter, condenó el decreto afirmando que “el impacto económico de la migración es real: nos beneficiamos de todo lo que los refugiados y los inmigrantes traen a Estados Unidos”, indicó en la red social.

Un refugiado más

El cofundador de Google, Sergey Brin, participó en las protestas en el aeropuerto de San Francisco el pasado domingo 29 afirmando que él estaba ahí “porque es un refugiado”.

Además de eso, Google se comprometió a repartir 4 millones de dólares a cuatro organizaciones para emprender la lucha: la American Civil Liberties Union (ACLU), el Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC), la Internacional Rescue Committee (IRC) y el Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR).

La empresa dice estar muy preocupada “por el impacto de este decreto y todas las propuestas que puedan imponer restricciones a los empleados de Google y sus familias, o por representar  obstáculos para traer a grandes talento a los Estados Unidos”.

El CEO de Uber, Travis Kalanick aseguró que “esta prohibición afectará a muchas personas inocentes”, y prometió desde su Facebook “plantear el tema” durante una reunión de asesores de Donald Trump con el mundo empresarial.

El director general anunció la creación de un fondo de 3 millones para cubrir el costo de los conductores afectados por el decreto de Donald Trump.

Sin embargo, Uber fue muy criticada por querer tomar ventaja del movimiento de protesta del sindicato de taxistas contra el decreto de Donald Trump, conformado por cerca de 19 mil conductores.

Por su parte, Mark Zuckerberg dijo desde su página de Facebook que “los padres de mi esposa Priscila eran refugiados procedentes de China y Vietnam. Estados Unidos es una nación de inmigrantes, y debemos estar orgullosos”, y aseguró que actualmente están evaluando el impacto “en nuestros empleados y estamos pensando en la mejor manera para protegerlos a ellos y sus familias”.

La directora general de Microsoft, Satya Nadella, empatizó con la preocupante situación de miles de ciudadanos, asegurando que “como inmigrante y directora general, puedo constatar el impacto positivo de la inmigración en nuestra empresa, nuestro país y nuestro mundo. Vamos a seguir luchando en esta importante cuestión”.

En un comunicado, la compañía considera que este decreto representa “un paso gravísimo hacia atrás” que generaría “daños colaterales a la reputación y los valores del país”. Al menos 76 empleados de Microsoft se ven afectados por este decreto.

“Los actos de Trump lesionan a los empleados de Netflix en todo el mundo. Peor aún, estos actos harán que Estados Unidos sea menos seguro”, escribió en Facebook Reed Hastings, jefe de Netflix.

Fondean resistencia

Google se comprometió a repartir 4 millones de dólares a cuatro organizaciones para emprender la lucha migratoria:

> La American Civil Liberties Union (ACLU)

> El Centro de Recursos Legales para Inmigrantes (ILRC)

> La Internacional Rescue Committee (IRC)

> El Alto Comisionado de la ONU para los refugiados (ACNUR)