EU, una horca sin salida
Suman seis presos mexicanos ejecutados por el gobierno de Texas con la muerte de Roberto Moreno Ramos. Todos eran protegidos por un fallo de la Corte Internacional de Justicia que Estados Unidos no respeta
Mariana RecamierEstados Unidos viola acuerdos y legislaciones internacionales cuando aplica la pena de muerte a presos mexicanos. Las autoridades del estado de Texas ejecutaron el miércoles pasado en la noche a Roberto Moreno Ramos mediante una inyección letal. Este hombre se suma a una lista que ahora incluye a seis ciudadanos de México que murieron porque el gobierno texano no cumplió un fallo de la Corte Internacional de Justicia de la ONU.
Moreno Ramos es el sexto mexicano ejecutado de los 51 presos que considera el fallo conocido como caso Avena. Esta resolución es consecuencia de una denuncia que México interpuso contra EU ante la Corte Internacional de Justicia en 2004.
Los consulados mexicanos tardaron entre 1 a 11 años en enterarse sobre la detención de Moreno Ramos y los otros 50 presos mexicanos del fallo Avena, es decir, se violó la Convención de Viena en sus procesos.
Se le llamó caso Avena, por Carlos Avena Guillén, quien fue sentenciado a muerte en California a los 19 años de edad en febrero de 1982 por asesinato. Las asutoridades consulares mexicanas se enteraron sobre su situación 11 años más tarde.
Sin considerar la resolución de la Corte, los gobiernos de los estados aplican la pena de muerte a los presos mexicanos de este caso porque no están obligados a adoptar las convenciones y leyes internacionales. En este sentido, seis inculpados que formaban parte de los 51 protegidos fueron ejecutados en Texas en los últimos diez años.
La doctora en relaciones internacionales Arlene Ramírez Uresti explica que las ejecuciones son posibles en territorio texano porque en el sistema judicial estadounidense hay un vacío legal. Cuando se gana la Guerra de Secesión, el gobierno establece la constitución política y se les brinda a los estados la autonomía para adoptar tratados internacionales sólo si así lo desean.
“En Estados Unidos el pacto federal permite a los estados mantener una soberanía amplia con respecto a la aplicación de tratados internacionales. La mayoría han adoptado los órdenes internacionales por buena voluntad. La notificación al consulado es derecho del acusado, pero no es obligatorio del estado ejercerla”, comenta Ramírez Uresti.
Además, el analista Juan Pablo Galicia comenta que ningún organismo puede obligar a coumplir a los países con el derecho internacional.
Seis muertes
La soberanía de los estados sobre la aplicación de la pena de muerte ya provocó el fallecimiento de seis acusados mexicanos. El último preso que fue ejecutado era Moreno Ramos, un hombre nacido en el estado de Aguascalientes que fue condenado a muerte en 1993 por el asesinato de su esposa y sus dos hijos, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados bajo el baño de su casa.
A principios de esta semana, la Cancillería mexicana pidió que se detuviera su ejecución al tratarse de un “caso flagrante de violación a los derechos humanos y al derecho internacional” debido a que el acusado es protegido por el caso Avena.
No obstante, la Junta de Perdones y Libertades Condicionales de Texas decidió de manera unánime el lunes no otorgar clemencia a Moreno Ramos, una decisión que fue respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos que desestimó este miércoles dos peticiones para suspender la ejecución, una del abogado del reo y otra de un grupo de jueces retirados texanos.
Lo mismo hizo un juez de Austin, quien denegó una petición del representante de Moreno Ramos para suspender temporalmente la ejecución, en base a supuestos defectos en el juicio en el que fue condenado y en los procesos de apelación de la sentencia.
Ningún esfuerzo legal funcionó para salvarlo. El mexicano fue declarado muerto a las 21:36 hora local el miércoles después de recibir una inyección letal del potente barbitúrico pentobarbital.
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que México continuará impulsando el cumplimiento del fallo Avena y la notificación consular como elementos indispensables para proteger a los mexicanos.
De los 51 presos que incluye la denuncia interpuesta en la Corte Internacional, 16 se encontraban en cárceles de Texas y los seis que ya murieron fueron ejecutados en el mismo estado.
Texas violó el caso Avena en diversas ocasiones. El gobierno de este estado ejecutó antes a José Ernesto Medellín Rojas, en 2008 y a Humberto Leal García, en 2011, pese a que la Corte Internacional dictaminó detener las ejecuciones.
Entre las violaciones más escandalosas destaca el caso de Ramiro Hernández Llamas, quien fue acusado de asesinato. Lo detuvieron el 8 de febrero de 2000, para el 10 de febrero del mismo año ya estaba sentenciado a muerte y fue ejecutado en 2014.
Los otros dos mexicanos ejecutados del fallo eran Edgar Tamayo Arias y Rubén Cárdenas Ramírez. Aún sobreviven 45 ciudadanos de México que también pueden ser ejecutados si los estados no respetan el fallo de la Corte Internacional que los protege.
El único país americano
Estados Unidos es el único país del continente americano que sigue ejecutando a personas tras condenarlas a pena de muerte, de acuerdo con el último informe sobre el tema de Amnistía Internacional. En 2017, el gobierno estadounidense realizó 23 ejecuciones en ocho estados y emitió 41 condenas.
La pena de muerte en Estados Unidos tiene una historia larga. El analista político Galicia dice que en América este tipo de ejecuciones surgen a la par de las guerras de independencia en los territorios que eran colonias de países europeos.
“A partir de la independencia de la colonia, la pena de muerte surge como la única manera de inhibir que cualquier británico quisiera recuperar algo de las viejas colonias porque era una manera en la que se les asustaba”, comenta Galicia.
El especialista agrega que Estados Unidos promovió la pena de muerte durante su guerra civil y otras etapas posteriores a la colonia.
“En Estados Unidos se mantuvo no sólo como un resquicio de la guerra civil, sino también como una manera de seguir inhibiendo la comisión de faltas, sobre todo de delitos de odio contra algunas minorías raciales o de odio también a algunas minorías religiosas”, asegura el analista.
Sin embargo, Galicia añade que el fenómeno se invirtió con el tiempo y ahora la mayoría de ejecutados por pena de muerte forman parte de minorías étnicas. De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 20 personas blancas fueron ejecutadas por asesinar personas negras desde 1976 a 2017, en Estados Unidos. Frente a este dato, 288 negros fueron ejecutados por el homicidio de blancos.
Ante este panorama, México tiene que mejorar sus mecanismos de protección si quiere mantener con vida a los otros 45 integrantes del caso Avena.