Hace más de 20 años que terminó la guerra civil en Guatemala, no obstante los desplazamientos forzados internos siguen. Las víctimas son poblaciones mayas vulnerables, las causas incluyen narcotráfico y actividades empresariales de gran escala que con violencia e intimidación acaparan las tierras.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió a las autoridades una solución con fecha definida, ya que hay comunidades como la de Laguna Larga que llevan más de un año desplazadas y mientras tanto los habitantes de la región no tienen asegurado la alimentación, la salud, la seguridad y la vivienda.
“No me diga el Estado que está en diálogo con las comunidades. Deberían ya tener una estrategia para resolver esta situación tan angustiosa que tienen estas comunidades indígenas”, denunció y exigió respuesta al gobierno guatemalteco, el comisionado del CIDH, Luis Ernesto Vargas.
Los desplazamientos forzados ocurren al por mayor y en distintos puntos de Guatemala, uno de los más sonados fue el de la comunidad de Petén en Laguna Larga donde la Policía Nacional Civil y militares desplazaron a decenas de familias, las cuales viven ahora en refugios improvisados con palos y lonas.
“Después de mi vista al Petén, evalué la situación de DDHH en Laguna Larga como una tragedia humanitaria inconmensurable. 200 familias fueron desplazadas por unos mil 800 agentes de la policía. Esto es una violación flagrante de los derechos humanos”, agregó el comisionado.
Otro de los motivos en los desalojos, es la protección de la Biosfera Maya, a lo que la comisionada Esmeralda Troiti dijo que la prioridad para las autoridades guatemaltecas debería de ser la protección de la vida de los seres humanos.
“Es necesario poner este tema como prioridad absoluta. Hay una situación crítica de desnutrición de niños. ¿Qué hace el Estado para atender comunidades desplazadas internamente?”, lanzó Troiti.
Integrantes de la sociedad civil respondieron que hay un patrón sistemático en los desalojos de Guatemala. “Se está desalojando de tierras nacionales a las comunidades y se permite al sector privado financiar los desalojos”.
“Es lamentable nuestra vida en este campamento donde vivimos desde el desalojo de nuestra comunidad. Vivimos en condiciones que no son para seres humanos. Queremos resarcimiento pronto. Exigimos al Gobierno de Guatemala de el permiso para que la CIDH nos visite ahí y queremos que sea el 30 de mayo que se cumple 1 año de estar en ese campamento”, comentó uno de los desplazados de Laguna Larga durante la sesión.
