El coordinador de seguridad para la Jornada Mundial de la Juventud, José Monteiro, informó ayer que el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff cerrará el paso a quienes “buscan oportunidades para cometer actos de violencia y delitos” durante la visita del Papa Franciso a Brasil.
El estado de alerta se activó ante la tensión vivida las últimas semanas por las masivas manifestaciones en las calles brasileñas.
Es por eso que, entre otras medidas de seguridad, las redes sociales están siendo monitoreadas por las autoridades para cuidarse de posibles manifestaciones convocadas por este medio.
El Ministerio de Justicia de Brasil se está encargando de la vigilancia online, para identificar de manera anticipada las fechas y los puntos de reunión.
“Es lógico que las protestas están entre nuestras principales preocupaciones, principalmente si ocurren en locales con más de un millón de personas”, dijo ayer el comandante de la Primera División del Ejército y responsable de la seguridad durante la visita, José Alberto da Costa Abreu.
‘No se trata de religión’
Anonymous llamó a los brasileños a protestar el próximo 22 de julio frente a la sede del gobierno de Río de Janeiro, durante la reunión de la presidenta Rousseff y el pontífice.
“No se trata de religión, y sí de gastos públicos”, se lee en la página de Facebook del grupo, que reprocha que el gobierno haya gastado cerca de 90 millones de dólares para organizar la visita del Sumo Pontífice.