¿Faraón o presidente?

Egipto vivió los últimos 30 años el mandato de un hombre que se reeligió cinco veces consecutivas.

Para quitarlo del poder, los egipcios tuvieron que emular a sus vecinos de Túnez –quienes derrocaron a otro autócrata llamado Ben Ali– saliendo a las calles a protestar en el movimiento que se popularizó como la Primavera Árabe.

El 25 de enero de 2011 fue el inicio de muchas jornadas de furia más que provocarían la renuncia del dictador Hosni Mubarak dos semanas después.

A través de su mano derecha y vicepresidente, Omar Suleiman, Mubarak anunció que traspasaría sus poderes a los militares el 11 de febrero de ese año, lo que significó el triunfo del pueblo egipcio sobre décadas de hastío y opresión.

Hoy, el panorama luce bastante desfavorecedor.

Hace exactamente una semana, el primer presidente electo de manera democrática en la era postMubarak, Mohamed Morsi, decretó que ampliaría sus poderes.

Se adjudicó el poder legislativo con la excusa de proteger la elaboración de la nueva Constitución, además de dar inmunidad al panel de 100 miembros involucrados en su redacción.

La decisión del mandatario provocó una avalancha de protestas debido al malestar engendrado entre la población, manifestaciones similares a las que permitieron que él llegara a la silla presidencial.

La ampliación de facultades blinda al ejecutivo, pues las decisiones que tome Morsi no podrán ser refutadas por el poder judicial ni por otra autoridad egipcia.

Egipto tiene dos caminos: que el decreto del presidente proteja la elaboración de la Carta Magna y encamine al país a una democracia consolidada o que traicione a la Primavera Árabe y de paso a una nueva dictadura.

¿Y si son buenas intenciones?

“Estoy protegiendo a la revolución”, dijo el jefe de Estado cuando se le preguntó las razones del decreto.

Dando el beneficio de la duda a Mohamed Morsi, la ampliación de poderes puede ser,  quizás, el camino más seguro para fundar una democracia consolidada, aunque no sea el más sencillo.
La decisión del mandatario puede ser una arriesgada estrategia para excluir a los militares de la redacción de la nueva Constitución, quienes ya habían intentado quedarse con el poder en el pasado.

Después del golpe de Estado contra Mubarak, el ejército administró el gobierno con la promesa de devolverlo después de las elecciones presidenciales.

Sin embargo, históricamente militares y la Hermandad Musulmana –brazo político de Morsi– han estado en disputa desde que los islámicos se convirtieron en la oposición de más peso en los años de la pasada dictadura.

Después de las elecciones legislativas, la Hermandad dominó el Parlamento, el cual fue disuelto en junio de 2011 por los militares, como anunció el general de división, Mohammed al Assar, y entonces miembro del consejo gobernante.

Posteriormente, los castrenses redactaron una constitución interina que daba las facultades al ejército de tener el control del país y subordinar al ejecutivo.

Un mes después, Morsi convocó al Parlamento, desafiando la orden de las fuerzas armadas.

En ese momento, la población temía que autoridades militares permanecieran en el poder más allá de los 16 meses que prometieron gobernar.

La decisión que el presidente anunció el jueves pasado puede ser una manera de evitar a que esto vuelva a ocurrir.

Morsi, ¿el nuevo faraón?

Los manifestantes que han inundado las últimas semanas las calles de Egipto guardan la sospecha de que el mandatario gobierne a placer y en beneficio de la Hermandad Musulmana.

Existen varias razones que sustentan las conjeturas de los detractores del presidente islámico.

La primera de ellas es el pasado del país.

Morsi prometió que la ampliación de poderes sería temporal. Sin embargo, lo mismo ocurrió durante el régimen de Hosni Mubarak cuando se decretó el estado de emergencia.

La ley fue puesta en acción el 6 de octubre de 1981 después del asesinato del entonces presidente Anwar el Sadat, la cual suspendía las garantías individuales, promovía la censura y facilitaba las detenciones arbitrarias.

Sin embargo, el Estado de Emergencia nunca fue removido y permaneció activo hasta los últimos días de gobierno de Mubarak.

De igual forma, el actual jefe de Estado está emulando el comportamiento de su derrocado predecesor.

En su momento, el exdictador fungió como un importante interlocutor para la pacificación del conflicto entre Israel y Palestina en la década de 1980 mientras gobernaba con mano dura al interior.

Hace apenas una semana, Morsi fue pieza clave para que Hamas, grupo islámico que gobierna la Franja de Gaza, e Israel llegaran a un acuerdo para el cese de hostilidades.

No obstante, apenas al día siguiente el mandatario agrandó sus capacidades en el gobierno, dando señales de dictadura.

A Morsi también se le acusa querer instaurar la Ley Islámica –denominada sharía–, lo que desfavorecería a una población que también compuesta por seculares, cristianos coptos y musulmanes moderados.

El presidente y la Hermandad Musulmana sostienen que el poder judicial buscan la caída de su gobierno.

El lunes, el máximo tribunal de apelaciones se reunió con el mandatario para discutir la polémica decisión.

Para sorpresa de muchos, el palacio presidencial emitió un comunicado donde daba a conocer que las razones que dio Morsi sobre su decreto satisficieron al consejo, sin dar más explicaciones.

Al pueblo egipcio le costó sangre y sudor sacar del gobierno a un presidente que tuvo el descaro de anunciar en 2006 que se quedaría de por vida en el poder.

Se estima, según cifras del tribunal que juzgó a Mubarak, que 240 personas fueron asesinadas en las protestas de 2011.

¿Traicionará Morsi a la revolución o cumplirá con su promesa democrática?