La fiscal general de Venezuela fue removida el sábado de su cargo en la primera decisión de la Asamblea Constituyente poco después de que agentes de seguridad le impidieran el ingreso a la sede del Ministerio Público.
“Queda removida de su cargo de fiscal general de la república, la señora Luisa Ortega Díaz”, dijo después de una votación por unanimidad y entre aplausos Delcy Rodríguez, presidenta de la cámara. Los delegados gritaban “traidora” y “la justicia llegó”.
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El líder del oficialismo y uno de los 545 miembros de la Asamblea Constituyente Diosdado Cabello justificó la remoción de Ortega Díaz, a quien prohibieron salir del país y embargaron todos sus bienes, al considerar que “hay una inacción de la Fiscalía” y “Ortega se había convertido en centro de la injusticia”.
Gobiernos y grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado constantes ataques contra Ortega Díaz, que será reemplazada provisoriamente por Tarek William Saab, un aliado del presidente Nicolás Maduro y recientemente sancionado por Estados Unidos por no proteger a los manifestantes de abusos en su papel de Defensor del Pueblo.
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Por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, Saab había asumido en julio algunas de las potestades de la Fiscalía.
El abogado constitucionalista Hermann Escarra, miembro de la Constituyente, dijo a periodistas que Ortega Díaz “quedaría sometida a la jurisdicción penal” y que “asumirá su defensa de acuerdo a los tratados internacionales. En Venezuela hay un Estado de derecho”.
La declaración de emergencia en el Ministerio Público podría extenderse por tres o cuatro meses, agregó el constituyente.
Ortega Díaz investigaba a varios miembros de la fuerza pública por abrir fuego contra los manifestantes alzados contra el gobierno desde abril en protestas que han dejado más de 120 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos. También pidió investigar un supuesto fraude durante la elección de la Constituyente.
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En tanto, el Mercosur suspendió este sábado a Venezuela del bloque económico por violar las normas democráticas con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, un gesto interpretado como autoritario y que recibió un duro rechazo de la comunidad internacional
Ortega Díaz simpatizó durante mucho tiempo con el expresidente Hugo Chávez pero rompió con Maduro en abril al considerar que se había roto el orden constitucional en Venezuela.
Más temprano, Ortega Díaz había denunciado que cuerpos de seguridad le impidieron ingresar a su despacho en la sede del Ministerio Público.
“No me dejan pasar, lamentablemente ustedes no vieron cómo me empujaron, cómo me atacaban con los escudos para que no entrara a la sede del Ministerio Público”, dijo Ortega Díaz a periodistas. También aseguró que golpearon a sus escoltas.
La Guardia Nacional Bolivariana rodeó por la mañana la oficina de la fiscal general, el acceso al edificio quedó completamente restringido y sus funcionarios no podían entrar ni salir, aseguró el organismo en Twitter.
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La Asamblea Constituyente, fiel a Maduro y con el mandato de reformar la carta magna, empezó a trabajar el sábado y se fijó un plazo funcionamiento de hasta dos años.
Escarra comentó que ese plazo “permitirá no sólo la redacción de la nueva constitución, sino también tomar las decisiones de orden económico que está pidiendo el país a gritos” y “las decisiones de orden institucional para restaurar el Estado de derecho, la no impunidad y la justicia”.
Maduro ha insistido que usará ese cuerpo para sancionar a sus rivales políticos. También adelantó que el organismo formado por 545 delegados despojará de su inmunidad a los miembros de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Los legisladores advirtieron que sólo abandonarán el recinto por la fuerza.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la “violación flagrante” de la independencia institucional de la fiscal. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección para Ortega Díaz, al afirmar que corre peligro.
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La instalación de la Constituyente ha provocado el rechazo de la comunidad internacional, desde Washington al Vaticano, de América Latina a la Unión Europea.
Varios activistas de la oposición han sido encarcelados en los últimos días y otros parecen estar buscando el exilio.
Maduro acusa a sus oponentes de “terroristas” y asegura que la Constituyente es la mejor manera de restaurar la paz.
Varios países desconocieron a la Constituyente y el Departamento de Estado afirmó el jueves que la Asamblea es ilegítima y que tiene la finalidad de consolidar “la dictadura de Maduro”.
La última crítica vino del Vaticano, que sostuvo que “más que favorecer la reconciliación y la paz, fomenta un clima de tensión y enfrentamiento e hipoteca el futuro”.
La oposición boicoteó la elección de la Constituyente del domingo alegando que las reglas beneficiaban al gobierno. La indignación aumentó cuando la empresa que presta los servicios de voto electrónico en Venezuela dijo que las elecciones habían sido manipuladas. Según el Consejo Nacional Electoral, la participación fue de ocho millones de votantes mientras que una encuesta independiente sugiere que fueron menos de cuatro millones.
La Constituyente está formada por sindicalistas, trabajadores y ciudadanos con discapacidades pero también miembros de la familia de Maduro y antiguos ministros.
