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"El colectivo obrero fue el más perseguido por el terrorismo de Estado: el 30 por ciento de los miles de desaparecidos trabajaba en fábricas"
Una semana después de que iniciara el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad que fueron perpretados en la Escuela de Mecánica de Armada (ESMA) de Argentina (centro por el que pasaron unos 5 mil disidentes políticos, de los cuales la mayoría fueron asesinados o desaparecieron), el mayor relacionado con delitos cometidos durante la dictadura (1976-1983), comienza a haber sorpresas.
Y es que ayer el diario El País publicó que Ford, la popular empresa multinacional fabricante de coches, está siendo investigada por presunta colaboración con la dictadura argentina que presidió Rafael Videla hasta el año 81.
En concreto, se sospecha que cuatro exejecutivos de la empresa norteamericana podrían haber colaborado en el secuestro y la tortura de al menos 25 obreros de la fábrica de Buenos Aires.
Los exejuctivos que están siendo investigados por la justicia argentina son: Nicolás Courard, presidente de Ford Argentina en aquel tiempo; Pedro Müller, gerente de manufactura; Guillermo Galarraga, gerente de relaciones industriales; y, por último, Héctor Sibilla, jefe de seguridad.
La jueza Alicia Vence fue la que llamó el pasado miércoles a declaración indagatoria de estas personas por lo sucedido en la fábrica de Ford en Pacheco, ubicada en la periferia norte de Buenos Aires.
Aunque dentro de la causa de Ford el comandante militar Santiago Riveros ya había sido condenado a prisión por otros delitos de terrorismo de Estado, el ahora fiscal de la causa, Félix Crous, cree que las “máximas jerarquías” de la empresa también debieron colaborar con los crímenes, según reportó el corresponsal de El País en Buenos Aires Alejandro Rebossio.
El hecho de que ya haya siete empresarios imputados por crímenes de lesa humanidad de la dictadura, según el Centro de Estudios Legales y Sociales, unido a la apertura de esta nueva investigación, confirma las sospechas de la justicia argentina de que el poder empresarial fue cómplice de los crímenes de la última dictadura en el país.
Y es que además la justicia de San Martín está investigando denuncias contra exejecutivos de Mercedes-Benz y un juez de Buenos Aires está indagando crímenes similares a los relatados en la siderúrgica Acindar, que después pasó a manos de ArcelorMittal y que fue presidida por el que después fue ministro de Economía del regimen, José Alfredo Martínez de Hoz.
Según el periodista del artículo de El País, Alejando Rebossio, el colectivo obrero fue el más perseguido por el terrorismo de Estado si se tiene en cuenta que el 30 por ciento de los miles de desaparecidos eran empleados de fábricas.
Baltasar Garzón, ahora asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del país sudamericano, acudió la semana pasada a la ciudad de Jujuy para apoyar al juez Fernando Poviña, que está encargado de la causa contra el empresario Carlos Blaquier.
Este es un importante azucarero del país procesado el jueves 16 de noviembre por presuntamente haber participado en la desaparición de 29 personas.
El juicio
El proceso a 68 acusados de cientos de secuestros, torturas y homicidios en el mayor centro clandestino de detención de la Armada durante la dictadura militar comenzó el miércoles 26 en Buenos Aires.
Es la primera vez que los pilotos argentinos que supuestamente realizaron los “vuelos de la muerte” para arrojar desde el aire a detenidos previamente adormecidos a las aguas del Río de la Plata y del Océano Atlántico se sentaron en el banquillo de los acusados.
Entre los imputados hay ex represores que ya soportan condenas a prisión perpetua por un juicio anterior vinculado al centro de detención, como el ex capitán de fragata Alfredo Astiz, conocido como el “Ángel de la Muerte”.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 los juzga ahora por 789 secuestros, torturas y homicidios, entre otros delitos.
Entre los pilotos juzgados están Julio Poch, los prefectos retirados Enrique José De Saint y Georges Mario Daniel Arru –ambos ex pilotos de Aerolíneas Argentinas–, y el ex aviador naval Emir Sisul Hess, quien según declaraciones de un antiguo empleado suyo se jactaba de que las víctimas lanzadas al vacío “caían como hormiguitas”.
Poch fue extraditado desde España, donde previamente había sido detenido tras llegar tripulando una aeronave de una compañía de Holanda, país donde residía.
Según dichos de sus ex compañeros de trabajo, Poch también se habría jactado de arrojar al mar a quienes consideraba como “terroristas de izquierda”.
Tanto Poch como Hess han negado en distintas instancias judiciales haber participado en dichos vuelos.
Los civiles enjuiciados en el denominado juicio ESMA III son el ex secretario de Hacienda Juan Alemann y el abogado Gonzalo Torres de Tolosa.
El primero está acusado de haber hablado con un detenido encapuchado y esposado en una sala de torturas y el segundo de haber participado en los vuelos en los que se arrojaba a los secuestrados al mar.
Los “vuelos de la muerte” fueron revelados por sobrevivientes. En 1995 el ex capitán de corbeta Adolfo Scilingo confirmó esa práctica al confesar públicamente en Argentina que tiró al mar a 30 secuestrados, en dos vuelos. Posteriormente, en un viaje a España, fue detenido y condenado a más de mil años de cárcel por el Tribunal Supremo.
Los denunciantes
Los querellantes son organizaciones de derechos humanos como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Abuelas de Plaza de Mayo, que busca a los niños que fueron robados a sus padres desaparecidos por los represores.
La Fiscalía está representada por la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.
La ESMA, en donde mujeres detenidas y luego desaparecidas dieron a luz a niños que les fueron arrebatados, es hoy un museo que recuerda los delitos de represión cometidos por el Estado y un centro para la defensa de los derechos humanos.
Otros acusados en el juicio son los señalados como represores Jorge Eduardo Acosta, Jorge Carlos Rádice, Adolfo Miguel Donda, Carlos Octavio Capdevila, Ricardo Jorge Lynch Jones, Antonio Pernías y Rogelio José Martínez Pizarro, algunos de los cuales ya han recibido condenas a prisión perpetua.
(Con información de AP)
