El sexismo y el acoso también están presentes en los congresos, parlamentos, asambleas y otros organismos legislativos de todo el mundo, así como en el resto de la administración pública.
Las investigaciones de 2016 y 2018 de la Unión Parlamentaria (UIP) mostraron que 82 por ciento de las mujeres en órganos legislativos han sufrido alguna vez violencia psicológica y un 20 por ciento acoso sexual, cifra que incluso se eleva al 40 por ciento en Europa.
Gabriela Cuevas Barron, presidenta de la UIP, dijo en un comunicado que la democracia no es segura si las mujeres no están protegidas en todos los ámbitos, incluidos los parlamentos.
Ante esta situación, la organización global de parlamentos publicó este lunes recomendaciones para eliminar el sexismo y el acoso en los organismos legislativos como parte de las actividades por el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
“Los parlamentos deben ser una zona segura donde los parlamentarios y el personal sean tratados con dignidad y respeto. Esto es vital no solo para alentar a más mujeres a participar activamente en la vida política, sino también en interés de la democracia efectiva”, aseguró Cuevas Barron.
Una recomendación de la UIP es establecer un grupo de trabajo entre partidos, con igual representación de hombres y mujeres, para liderar la transformación del parlamento en un lugar de trabajo libre de violencia de género
Como ejemplo de buenas prácticas, la UIP cita el grupo de trabajo interpartidista establecido en 2017 en Reino Unido. El grupo está compuesto por legisladores de los partidos políticos de ambas cámaras del Parlamento y representantes de sindicatos y organizaciones de empleados activos en este organismo.
El grupo británico propuso un nuevo procedimiento independiente para resolver las quejas sobre el acoso basado en el género y realizó una encuesta piloto que revela cuán extendido es este tipo de violencia en el parlamento.
Otra recomendación es la de establecer definiciones de acoso y otras malas prácticas en esos lugares de trabajo, así como establecer nítidas prohibiciones y proteger a los trabajadores del abuso de sus colegas, superiores o incluso fuera del parlamento, por ejemplo a través de internet.
Por ejemplo, el Congreso de Estados Unidos reformó su política de acoso sexual existente al eliminar los requisitos de mediación y los largos períodos de espera; hacer obligatoria la capacitación contra el acoso para todos los miembros y el personal parlamentario; así como realizar encuestas periódicas sobre la cultura del lugar de trabajo.
En 2016 y 2018, los estudios de la UIP revelaron un nivel de denuncia preocupantemente bajo. Solo el 24 por ciento de las parlamentarias y el seis por ciento del personal femenino del organismo que había sido acosado sexualmente, informó del incidente.
En consecuencia, la UIP recomienda establecer un mecanismo de quejas independiente, confidencial y justo en el que puedan confiar quienes trabajan en el parlamento. En casos de acoso comprobado, después de una investigación exhaustiva, sugiere que se apliquen sanciones disciplinarias.
Como ejemplo, el Protocolo para prevenir y sancionar el acoso sexual en la Cámara de Diputados de Chile establece sanciones disciplinarias y multas para cada tipo de agresión de acuerdo con la gravedad del acto. Los factores agravantes también se tienen en cuenta al determinar las sanciones, incluida la discapacidad o el estado subordinado de la víctima frente al agresor, el comportamiento repetido y la cooperación durante la investigación.
La UIP también brinda información sobre cómo implementar políticas, incluida la prestación de servicios de apoyo y asesoramiento donde las víctimas pueden ser escuchadas y recibir ayuda médica, psicológica y legal.
En la República de Corea, en otro ejemplo de buenas prácticas, la Asamblea Nacional abrió una oficina de asesoramiento en 2018 con expertos especializados en asesorar a víctimas de acoso sexual.
También en la administración pública de México
Aunque no se trata de datos que incluyan el Congreso, ONU Mujeres también denunció este lunes que los órganos Internos de Control (OIC) de la Administración Pública Federal mexicana recibieron 226 denuncias sobre violencia de género en el primer semestre de 2019: 128 de acoso sexual y 98 de hostigamiento sexual, de acuerdo con el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Coordinación de las actividades de los Comités de Ética (SSECCOE).
Ante esta situación, ONU Mujeres y la Secretaría de la Función Pública lanzaron este lunes Tenemos que hablar, una campaña cuyo objetivo es contribuir a la prevención de la violencia de género en el servicio público a través de dar a conocer a los funcionarios qué conductas o acciones son acoso sexual u hostigamiento sexual y las sanciones que se pueden imponer cuando se cometen.
La campaña está dirigida al personal de la Administración Pública Federal y estará vigente del 25 de noviembre hasta finales de 2019 en las diferentes entidades de la Administración Pública Federal. Se espera impactar alrededor de un millón de funcionarios.
Esta iniciativa forma parte del Memorando de Entendimiento firmado por ONU Mujeres y la Secretaría de la Función Pública. Este documento tiene como objetivo fortalecer las acciones de combate a la corrupción e impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas, así como garantizar el acceso de todas las mujeres a espacios seguros y libres de violencia.
