Gobierno incongruente

La tolerancia del Gobierno chino se pondrá en tela de juicio una vez que inicie el proceso jurídico contra los tres activistas que se manifestaron públicamente a favor de la lucha contra la corrupción y que fueron detenidos formalmente el pasado 19 de septiembre.

Xu Zhiyong, Song Ze y Li Huanjun son los primeros de un grupo de 17 ciudadanos que serán juzgados el próximo 28 de octubre en una corte de la provincia de Jiangxi, informó Human Rights Watch. 

Ellos son parte de una organización denominada The New Citizens Movement, que fue creada en mayo de 2012 con el objetivo de buscar igualdad, justicia y libertad, además de rechazar el autoritarismo. Sus miembros han organizado una serie de actividades, como la campaña nacional anticorrupción que busca presionar al Gobierno para que sus funcionarios hagan públicos sus bienes financieros.

 Desde marzo de este año, cuando Xi Jinping asumió la Presidencia de la República Popular China, inició una campaña contra la corrupción en el sector público. 

A raíz de esto, el exsecretario del Partido Comunista Bo Xilai fue condenado a cadena perpetua el pasado 23 de septiembre por aceptar sobornos, desviar fondos destinados a una obra pública e incluso abuso de poder. Lo mismo ocurrió con Ji Jianye, alcalde de Nanjing, capital de la provincia de Jiang por violar la ley.

Combatir los actos de corrupción es el principal motivo de lucha de The New Citizens Movement, al que se acusa de convocar a eventos masivos para perturbar el orden público y de usar el culto para evitar la aplicación de la ley. 

La directora de Human Rights Watch (HRW) en China, Sophie Richardson, aseguró que los tres manifestantes son como “canarios en una mina de carbón por el trato que el Gobierno pretende dar a este influyente grupo de activistas anticorrupción. Cualquier decisión que no sea la absolución puede deteriorar la credibilidad en la lucha contra la corrupción anunciada por el Gobierno”. 

“En la medida en que Beijing endurece la represión en el país, los países miembros de la ONU deben intensificar la presión para que China cumpla las normas internacionales en materia de derechos fundamentales, como la libertad de expresión”, agregó Richardson en una nota publicada en el sitio electrónico de HRW.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado el 16 de octubre para expresar su preocupación por el acoso emprendido contra aquellos “que demandan rendición de cuentas, transparencia y reformas políticas y legales”. 

¿Qué dice la ley?

Human Rights Watch señala que en China la ley permite realizar reuniones masivas, pero las regulaciones son tan restrictivas, que este derecho es prácticamente negado por anticipado. Además, se requiere el permiso de la policía, que por lo general responde con una negativa. 

El derecho de libertad de expresión parece ser una máscara que se pone el Gobierno para ganarse la confianza de los ciudadanos. La realidad es que el Partido Comunista Chino, el cual tiene 71 millones de miembros, rige el país asiático de tal manera, que no abre espacios para un régimen no socialista. 

En teoría, el Gobierno y The New Citizens Movement buscan lo mismo: reducir la corrupción, pero los hechos demuestran lo contrario.

Cuando Xi Jinping inició su campaña contra la corrupción, los primeros funcionarios acusados fueron Bo Xilai y Ji Jianye.

“Jinping considera esta lucha un requisito para la continuidad del partido, la ha convertido en clave para su vida política”, afirma Hu Xingdou, profesor en la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales del Instituto de Tecnología de Beijing, publicó El País. 

Como parte de esta iniciativa, el Gobierno ha detenido o investigado al menos a nueve funcionarios de alto nivel. Incluso exhortó a los ciudadanos a denunciar a miembros del partido y a empleados de empresas estatales que desvíen fondos o incurran en actos de corrupción. 

Si el partido tiene izada la bandera anticorrupción, ¿por qué los activistas serán juzgados? Nadie parece tener la respuesta.

Ahora que el Gobierno chino se está postulando para ingresar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, otros países miembros de la organización podrían aprovechar la oportunidad para plantear estos casos de represión y demandar la liberación de los activistas.

Plutócratas chinos con opiniones

La revista estadounidense The New Yorker publicó un reportaje sobre tres multimillonarios chinos que no se han conformado con el statu quo y buscan involucrarse en la política, pero la represión del sistema los mantiene fuera. El Gobierno les pide a sus emprendedores que sean arriesgados y ambiciosos en los negocios, pero no en la política.

>Wang Gongquan

Empresario de 52 años,  uno de los capitalistas más emprendedores de China. Hizo su fortuna en bienes raíces, tecnología y diversos proyectos de inversión. 

Comenzó por criticar al Gobierno y apoyar a activistas que pedían a los funcionarios aplicar la ley que dictaban.

El emprendedor fue detenido en Beijing el domingo tras organizar una petición para que liberaran a un amigo suyo, Xu Zhiyong, quien pedía que los funcionaros presentaran públicamente sus bienes. 

>Cao Tian  

Uno de los 10 hombres más influyentes en Henan. 

Tomó la decisión de lanzar su candidatura para alcalde de Zhengzhou, capital de Henan, en 2011, cuando el Gobierno declaró que aceptaría postulaciones de ciudadanos que no pertenecieran al Partido Comunista. Este empresario dijo que utilizaría 15 millones de dólares de su fortuna para hacer un depósito inicial en su gobierno. 

Diez días después de que anunciara su candidatura, la policía llegó a su hogar y le informó que abriría una investigación en su contra. Al final tuvo que pagarle al Gobierno 5 millones de dólares en impuestos.