El presidente venezolano Nicolás Maduro ha firmado el decreto de las bases para el método de selección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, una maniobra con la que pretende buscar una salida a la crisis política que vive su gobierno.
La Asamblea estará compuesta por 540 representantes, de los cuáles 364 serán electos de forma regional y 176 provenientes de ocho sectores: trabajadores, estudiantes, comunas, pensionados, empresarios, discapacitados, campesinos y pescadores.
Los comicios se celebrarán a finales de julio, confirmó la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena.
Las bases para la elección de quienes serán los encargados de redactar una nueva Carta Magna en el país han sido cuidadas hasta el último detalle para evitarle sorpresas a Maduro.
Esta composición le asegura al mandatario venezolano el control de facto de los trabajos de los diputados constituyentes, ya que en los sectores de donde saldrán una parte de los asambleístas el régimen mantiene un gran domino clientelar.
Además no se descarta que a través de estos gremios el chavismo pueda impulsar directamente a sus adeptos, pues la designación de los representantes de los sectores se espera poco transparente, lo que daría lugar a arbitrariedades.
Respecto a los diputados territoriales, se designará a uno por circunscripción, sin importar el total de la población de cada una de ellas, lo que claramente atenta ante el principio de una verdadera representación proporcional.
La razón de esta medida obedece a que Maduro busca disminuir al máximo la presencia de la oposición en “su” Constituyente, ya que las poblaciones urbanas mayoritariamente pobladas son aquellas que votarían por ésta, contrario a algunas localidades rurales donde el régimen mantiene una fuerte presencia y control.
Con un rechazo de más del 70 por ciento de la ciudadanía a su gestión de gobierno, Maduro ha encontrado la forma de multiplicar el apoyo minoritario que aún le queda.
Aunque desde el oficialismo envían el mensaje de que con esta nueva Constitución no se pretende disolver a los ya constituidos, el decreto de Maduro establece que la Constituyente se instale en el Palacio Federal Legislativo, la sede actual de la Asamblea Nacional, con mayoría opositora.
La intención de Maduro es validar constitucionalmente un modelo que favorezca la permanencia del régimen, por lo que la oposición lo acusa de un autogolpe de Estado que le permita perpetuar el autoritarismo.
El documento llamado “Bases comiciales” es un traje a la medida para Nicolás Maduro, que busca un doble efecto, el primero y más inmediato, ganar tiempo y margen de maniobra ante la crisis de gobernabilidad; y segundo, lograr a través de una nueva Constitución reforzar su legitimidad y coartar el poder de las instituciones venezolanas.
Continúa la resistencia
La oposición venezolana hizo un llamado a intensificar las protestas en todo el país contra la convocatoria de Maduro, en lo que han calificado como un nuevo intento golpista por parte del régimen.
Una de las más importantes fue la manifestación en Caracas, la capital, donde los opositores partieron de tres distintos puntos para intentar llegar al Consejo Nacional Electoral, quien avaló no sólo el proceso de la integración del Constituyente sino que aplazó los comicios a gobernadores hasta diciembre.
Desde las primeras horas del miércoles, los alrededores del centro de Caracas fueron resguardados por centenares de elementos policiales y de la guardia nacional que durante los últimos dos meses han bloqueado el paso de los manifestantes y han reprimido las protestas.
La coalición de los partidos opositores, Mesa de Unidad Democrática, ha reiterado -ante el anuncio de Maduro- su negativa frontal a participar en el proceso de elección de la Asamblea Constituyente, calificándolo de fraude; y ha confirmado que continuará la lucha en la calle.
La Asamblea Nacional también reaccionó y aprobó una convocatoria de referéndum para que sea la población venezolana la que decida si quiere una Asamblea Constituyente, sin embargo, al encontrarse el Parlamento en desacato y ante la proximidad de los comicios parece un esfuerzo estéril.
A esta resistencia también se han sumado los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Marisela Godoy y Daniel Mojica.
Incluso desde el régimen se empiezan a advertir algunas fisuras y diferencias, como el pronunciamiento de Maripili Hernández, ex ministra de Hugo Chávez, que afirmó que el llamado a la Constituyente contradice absolutamente los principios fundamentales del chavismo.
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, también ha manifestado su repudio, asegurando que ante la crisis que atraviesa el país, no es conveniente la transformación del Estado a través de los términos de una nueva Constitución.
Las protestas en las calles llevan casi dos meses, y han dejado al menos 55 muertos, cientos de heridos y el encarcelamiento de decenas de opositores.
‘Su’ asamblea
Maduro busca hacer frente a la oposición con:
>> 540
Representantes conformarán la Asamblea Nacional Constituyente
>> 364
Diputados serán electos de forma regional
>> 176
Asambleístas serán elegidos de ocho sectores donde el régimen mantiene fuerte presencia y control