Los ojos del mundo se encuentran en los incendios de Brasil, pero Bolivia también enfrenta el fuego que devora tierra agrícola desde hace un mes y amenaza las zonas boscosas que son consideradas pulmones de la humanidad.
Las llamas de los siniestros más recientes calcinaron 950 mil hectáreas en todo el territorio nacional, según las cifras de la Administradora de Bosques y Tierras (ABT), de las que el 35 por ciento corresponden a bosques y el 65 por ciento a zonas con arbustos y pastizales.
Los incendios son regulares durante la temporada seca en Bolivia, no obstante, aumentaron en comparación con 2018.De enero al 26 de agosto, 18 mil 960 focos afectaron el territorio de Bolivia en contraste con 9 mil 136 en el mismo periodo del año pasado, es decir, hubo un incremento del 107 por ciento, según datos del Programa de Quemas del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil.
Los incendios del último mes también lograron afectar los movimientos más recientes de la política interna de Bolivia y la relación del gobierno con el resto del mundo. El presidente del país Evo Morales suspendió el domingo pasado su campaña de reelección y aceptó ayuda internacional para controlar el fuego.
“Bienvenida esa cooperación sea de organismos internacionales, de personalidades, como también de presidentes que expresan su cooperación”, dijo Morales en conferencia de prensa.
La ayuda poco a poco se materializa. El ministro de relaciones exteriores boliviano Diego Pary informó este lunes que Francia propuso a Bolivia una “alianza por la Amazonia”, colaboración que recoge la decisión del Grupo de los 7 (G7) de donar dinero para apagar los incendios y ayudar en el proceso de recuperación de la zona.
Los líderes de Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá y Japón que asistieron a la reciente cumbre del G7 acordaron una ayuda de emergencia de 20 millones de dólares y el envío de aviones cisternas a la Amazonia.
En la cita también decidieron poner en marcha una estrategia de ayuda a mediano plazo para la reforestación de zonas quemadas que será presentada en la próxima Asamblea de la ONU en septiembre.
No obstante, las primeras acciones de ayuda efectiva provinieron de los vecinos cercanos: el gobierno de Perú decidió enviar dos helicópteros y Argentina y Chile prometieron sumarse a las tareas.
De acuerdo con el ministro boliviano, otras naciones que quieren ayudar son Estados Unidos, Alemania, Rusia y organismos internacionales.
“Bolivia tiene una economía un poco cerrada, pero en esta situación demandó ayuda porque no cuenta con los medios o herramientas necesarias como los aviones que tienen otros países para apagar un incendio”, explica Norma Soto Castañeda, internacionalista y profesora en la Universidad La Salle.
Al principio, el gobierno de Morales tardó en reaccionar, pero no esperó la ayuda internacional para apagar el fuego. El miércoles pasado, el presidente anunció la conformación de un gabinete con cinco ministros que se trasladaron a Roboré, epicentro de los incendios, para comandar las acciones de emergencia.
En las actividades de emergencia participan tres helicópteros y más de mil funcionarios, entre bomberos, policías y personal de las fuerzas armadas. Hay también médicos para asistir a los afectados por el humo.
Además, el gobierno de Morales aumentó los esfuerzos en los últimos días al contratar la aeronave de combate al fuego más grande del mundo: el Boeing Super-Tanker 747 y una flota de aviones más pequeños.
Culpan al presidente de incendios
Sin embargo, algunos ciudadanos consideran que ninguna acción del gobierno es suficiente. Opositores políticos, activistas y varios sectores de la población atacan a Morales por su lenta respuesta a los incendios y sus políticas medioambientales.
En la ciudad Roboré, algunas personas con mascarillas contra el humo exigieron ayuda internacional y bloquearon al ministro de la Presidencia y al ministro de Defensa, Javier Zavaleta, en una cafetería de una base militar el 24 de agosto.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dijo que la responsabilidad de los incendios es del mandatario del país y mencionó demandas legales contra las autoridades.
“Hago responsable a Evo Morales y su gobierno por esta situación generada por los asentamientos indiscriminados e inconstitucionales en nuestras tierras, hechos que denunciamos desde hace tiempo y que causan la depredación de las áreas forestales para asentar colonos. Si nuestras autoridades están ausentes, analizaremos la posibilidad de hacer una demanda por delitos ambientales”, aseguró el abogado.
Para otras organizaciones, los desastres se relacionan en específico con la decisión del gobierno de ampliar la frontera agrícola y ganadera.
“Toda la devastación es fruto de una política económica irracional de ampliación de monocultivos (soja y caña) y mayor extensión de la ganadería”, menciona un documento de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap).
En el documento, la organización también pide derogar la ley 741 y el decreto supremo 3973. Este último se promulgó el 9 de julio para permitir el desmonte y quemas controladas de bosques para las actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias.
En el mismo sentido, la Plataforma por el Medio Ambiente y la Vida presentó a la Administradora de Bosques y Tierras (ABT) un documento petitorio en el que demanda declarar como tierras de inmovilización las áreas de bosques incendiadas, además de una estrategia de restauración forestal.
Los integrantes de la red de agrupaciones también solicitan revocar las autorizaciones de quemas y desmontes en las zonas dañadas e identificar a los responsables para comenzar un juicio contra ellos.
El decreto 3973 no es el único movimiento problemático de Morales sobre el tema medioambiental. Durante sus trece años en la presidencia, el político de ascendencia aymara implementó políticas contradictorias. En 2010, aprobó la primera ley en el mundo que otorga derechos a todos los seres vivos, pero su gobierno creó cuatro leyes y seis decretos que expanden el uso agrícola de áreas forestales desde 2013.
