Jueces y hasta la Corte Suprema Federal han dado revés a las políticas adoptadas por el gobierno de Donald Trump contra el programa DACA, que protege a los Dreamers que estudian o trabajan, de ser deportados de Estados Unidos.
El programa que fue implementado por Barack Obama, que permite a los jóvenes que fueron llevados en la infancia a Estados Unidos no ser deportados, a menos de que cometan un delito grave, llegaría a su fin el 5 de marzo, según las palabras del propio Trump.
Esta semana, el juez Phillip Gutierréz amplió la resolución de un juicio en el que prohibió al gobierno retirar la protección del programa a jóvenes migrantes para que puedan seguir estudiando y conserven sus empleos en territorio estadounidense.
Dicha resolución se dio luego de la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) a causa del retiro de permisos a 22 dreamers, sin ninguna explicación, y sin que fueran declarados culpables de ningún delito grave.
El recurso le fue concedido el estatus de demanda colectiva, por lo que dicha resolución no sólo protegerá a los demandantes, sino a todos los beneficiarios de DACA en Estados Unidos, que después del 19 de enero perdieron los privilegios del programa y que fueron colocados en proceso de deportación.
Dentro de lo resuelto, el juez Gutiérrez establece que el gobierno de Donald Trump deberá, además de suspender el retiro de DACA, restituir los permisos a las personas que los perdieron de forma injustificada.
Esta nueva medida para evitar la desaparición de DACA coincide con lo resuelto por la Corte Suprema federal, que rechazó atraer la apelación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la orden de un tribunal que ordena aceptar las renovaciones del permiso hasta que se concluyan las impugnaciones legales.
