La investigación por el presunto ataque contra el presidente de Venezuela Nicolás Maduro avanza con irregularidades. Legisladores y familiares denuncian tortura contra los inculpados en la primera semana de pesquisas.
“En el proceso de investigación se han violado todas las garantías procesales de los detenidos. Se han hecho detenciones arbitrarias sin cumplir las disposiciones constitucionales y sin órdenes de detención”
En el mismo sentido, la mayoría de la Asamblea Nacional venezolana culpó a Maduro por los signos de tortura que, aseguran los legisladores, muestra el diputado Juan Requesens desde que fue detenido hace una semana y posteriormente acusado por el atentado que sufrió el jefe de Estado el pasado 4 de agosto.
Los diputados consideran que su colega fue torturado porque en un vídeo que se filtró desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se le muestra semidesnudo y en absoluto silencio.
Previo, el gobierno venezolano presentó otro vídeo en el que el diputado aceptó su presunta participación en el atentado.
Varios compañeros de Requesens y sus familiares denunciaron por Twitter que los videos sólo demuestran que el joven fue drogado, torturado y obligado a declarar.
“La tortura que se ha infringido y la presentación de videos y declaraciones tomadas a detenidos sin asistencia de abogados viola todos los convenios y acuerdos internacionales y la propia constitución venezolana”, explica Angrisano Silva.
En un acuerdo que aprobó el parlamento el martes pasado, los diputados señalan que el caso de Requesens demuestra que el régimen de Maduro ataca las garantías fundamentales a través de acciones y omisiones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, de conformidad con el artículo siete del Estatuto de Roma
Además, la cámara califica como “desaparición forzada” los cinco días que pasó el legislador sin tener contacto con familiares y abogados.
La Asamblea Nacional también menciona en el documento que la confesión del diputado no es válida por las condiciones en la que se obtuvo.
“La supuesta confesión del diputado Requesens fue obtenida en violación a su derecho al debido proceso y en marco de su desaparición forzada, con lo cual, carece de validez jurídica”, dice el parlamento en el texto.
El Legislativo también se refirió al video que muestra al diputado de 29 años semidesnudo.
“Las imágenes del diputado demuestran las condiciones que reflejan no sólo tratos crueles y degradantes, sino incluso torturas”, prosigue el documento.
Maduro violó inmunidad parlamentaria
El debate de la sesión ordinaria en la fue aprobada el acuerdo lo inició Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, quien aseveró que el régimen de Maduro violó la inmunidad parlamentaria de Requesens establecida en el artículo 200 de la constitución venezolana.
“Hubo una serie de violaciones en el caso del diputado, por ejemplo, se violaron los artículos de la constitución que reflejan la inmunidad parlamentaria”, señala Angrisano Silva.
En ese orden de ideas, el diputado Gilber Caro se presentó en la sesión sólo con ropa interior como aparece Requesens en el video que se hizo viral y denunció los maltratos que reciben los presos por parte del gobierno del país sudamericano.
“La dignidad de un hombre y de esta institución no está en lo que llevamos puesto y a mí el gobierno me expuso desnudo cuando estuve preso como ha desnudado a un pueblo sin comida, sin alimentos, sin salud, ni medicinas”
Por lo anterior, la Cámara decidió que notificará a los embajadores de otros países que viven en Venezuela y a los organismos internacionales de Derechos Humanos sobre el caso del diputado.
Familia exige ver al diputado
Por otra parte, familiares de Requesens denunciaron en un comunicado que sólo tuvieron contacto con él vía telefónica desde que fue detenido por el cuerpo de inteligencia del país, no obstante, afirmaron que no saben en qué condiciones se encuentra.
En el documento, la familia agregó que la situación del diputado es inconstituacional e ilegal.
“La detención de Requesens es inconstitucional, pues sólo la Asamblea Nacional puede allanar la inmunidad parlamentaria; ilegal, ya que no se encontraba en flagrancia; y por último, se trata de una desaparición forzada, pues no se informó su situación, no se brindó asistencia jurídica ni se ha informado de su ubicación”, señaló la familia del diputado en el comunicado.
Además, Joel García, abogado del diputado, reveló que los videos difundidos por el ministro de Comunicaciones Jorge Rodríguez de la confesión realizada por el parlamentario no se encuentran en las actas procesales de la audiencia.
“No cabe duda de que el presidente de la república cometió un delito. Esos videos no existen en las actas procesales. Los videos fueron difundidos sólo para lesionar la dignidad humana del diputado”, dijo García en una rueda de prensa la noche del martes.
Versión del gobierno
El fiscal general Tarek William Saab informó ayer que el pasado lunes se presentó ante los tribunales a Requesens, quien fue imputado por traición a la patria y homicidio intencional calificado en grado de frustración.
Saab detalló que el diputado además fue condenado por motivo innoble en grado de frustración contra siete militares, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública continuada y posesión ilícita de armas y municiones.
El fiscal refirió que el Ministerio Público ordenó practicar un examen toxicológico, así como el reconocimiento médico legal y psicológico a Requesens, esto a causa de la filtración del vídeo donde se muestra al diputado semidesnudo
Por otra parte, Saab destacó que el gobierno solicitó medida de prohibición de enajenar y gravar bienes, así como bloqueo e inmovilización de cuentas para los inculpados Julio Borges y Osman Delgado Tabosky, este último vinculado además en el ataque al Fuerte Paramacay del 6 de agosto de 2017.
El fiscal general también comunicó ayer que el número de implicados en el supuesto intento de magnicidio aumentó a 34.
Saab agregó que 14 personas ya han sido detenidas, presentadas e imputadas ante los tribunales penales venezolanos.
Saab destacó que varios de los implicados se encuentran en Colombia o Estados Unidos, razón por la que el ministerio público entregará a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) los elementos para la captura de los autores intelectuales del presunto ataque.
“Hasta ahora fueron acordadas 27 órdenes de aprehensión, todos ellas con sus respectivas notificaciones rojas solicitadas a Interpol. Ocho de estas órdenes ya han sido ejecutadas y seis ciudadanos fueron detenidos en flagrancia”, enfatizó el fiscal.
No hay Estado de Derecho en Venezuela
El abogado Angrisano Silva comenta que lo que sucede con los detenidos por el presunto ataque a Maduro se debe a que en este país sudamericano no existe el Estado de Derecho.
“Lo que está sucediendo en Venezuela actualmente es que no hay Estado de Derecho. Los órganos represivos actúan sin orden judicial y sin ningún tipo de miramientos con tal de lograr sus objetivos políticos”, señala el también profesor de la Universidad Central de Venezuela.
Angrisano Silva añade que en este momento hay una situación de peligro y zozobra en las calles de Venezuela porque los diputados de la Asamblea Nacional en cualquier momento pueden ser detenidos sin ningún proceso judicial.
“Pueden ser detenidos sin ninguna orden, sin ningún proceso e incluso pueden llegar a ser secuestrados o incomunicados por varios días sin saber cuál es exactamente la realidad de la situación que están viviendo”, explica el abogado.
Desde Caracas, el catedrático concluye con una opinión. Considera que lo que sucede actualmente en Venezuela es calificado por un sector de la población como una cacería de brujas en la que el gobierno toma como pretexto el supuesto ataque para detener de forma arbitraria a cualquiera.
