Un capitán de la Armada de Venezuela murió mientras era custodiado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo falleció el sábado en un hospital tras presentarse en un tribunal con múltiples hematomas en el cuerpo y sin poder moverse, de acuerdo con el relato de su equipo legal, quienes alegan supuesta tortura.
Ante el contexto de su muerte, los abogados de Acosta Arévalo ejercerán acciones legales internacionales contra el Estado venezolano por las supuestas torturas a las que fue sometido, dijo el martes un integrante de sus representantes legales.
Alonso Medina Roa, uno de los defensores del militar fallecido, dijo a la prensa que llevarán a instancias internacionales el caso para actuar contra el Estado venezolano, al que señaló de incumplir el mandato constitucional de garantizar la seguridad de los detenidos.
El ministro de Información venezolano, Jorge Rodríguez, quien también es asesor cercano de Maduro, confirmó la muerte de Acosta Arévalo la noche del sábado en un comunicado en el que anunció que el Ministerio Público investigará el suceso.
Acosta Arévalo era uno de seis militares que fueron detenidos el 21 de junio por acusaciones de planear un complot en contra de Maduro. Rodríguez presentó un video que supuestamente mostraba al capitán fallecido discutiendo planes de un golpe de Estado en una llamada telefónica grupal.
El abogado Medina Roa aclaró que el capitán fue detenido en buen estado de salud, pero que apareció en silla de ruedas cuando lo llevaron ante un tribunal el viernes 28 de junio.
Además, el militar tenía dificultades para hablar y moverse, así como señales visibles de golpes y repitió en varias ocasiones la palabra “ayuda”.
El abogado agregó que el capitán fue llevado al hospital después de su aparición en tribunales y que murió horas después.
Medina Roa informó sobre las nuevas acciones legales un día después de que un tribunal de la capital de Venezuela ordenara la detención de un teniente y un sargento de la Guardia Nacional, que laboran para la DGCIM, acusados de ser los presuntos responsables de la muerte del militar
Ambos acusados, de 23 y 22 años, fueron imputados por la Fiscalía General del delito de homicidio preterintencional y se estableció como su lugar de reclusión la sede de la DGCIM.
Medina Roa condenó que la Fiscalía General no incluyera el delito de tortura en las imputaciones a los dos guardias nacionales e indicó que con esa medida se busca “evitar cualquier acción contra el Estado venezolano”.
A las puertas del Palacio de Justicia, el abogado anunció que también ejercerá acciones judiciales contra los funcionarios que participaron en las supuestas torturas a Acosta Arévalo y pedirá que se investigue la cadena de mando del DGCIM que tuvo a su cargo la detención del oficial fallecido y su custodia.
ONU pide incluir tortura
La muerte fue condenada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien lamentó que las alegaciones de tortura no fueran incluidas en los cargos.
La representante de la agencia de la ONU también solicitó a las autoridades que se permita a los otros seis militares y policías detenidos por el supuesto complot que sean visitados por sus abogados y familiares y que sean tratados con “humanidad”.
El líder de la Asamblea Nacional que es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, Juan Guaidó, convocó a una movilización nacional con el fin de exigir el fin de las torturas, asesinatos, violaciones a derechos humanos y la intervención cubana.
“La muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta llena de luto e indignación a nuestra Fuerza Armada. Nos sumamos al dolor de nuestra familia militar y la exigencia de justicia ante este crimen. Nos corresponde estar unidos para ponerle fin a una dictadura que tortura y asesina”, publicó Guaidó en Twitter.
El opositor llamó a sus seguidores a salir a las calles el 5 de julio, día en el que Venezuela conmemora su independencia, para protestar por la muerte de Acosta Arévalo.
