La censura de Cristina

La guerra declarada de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con ciertos medios que son críticos al gobierno, alcanzó un punto alto de tensión.

Y es que se agravó la confrontación entre la viuda de Néstor Kirchner y el Grupo Clarín, uno de los medios de mayor alcance en Argentina a nivel nacional.

En días atrás, la administración de la presidenta Fernández de Kirchner atacó Grupo Clarín en lo que Jorge Rendo en su artículo de The Washington Post consideró “uno de los últimos grandes abusos (de su gobierno)”.

La mandataria sudamericana aprovechó un corte comercial durante un partido de fútbol con un gran nivel de audiencia para publicar que Grupo Clarín representaba una “amenaza para la democracia” y anunció que la compañía debía de cerrar gran parte de sus operaciones antes del 7 de diciembre del presente año.

Lo anterior provocó un gran número de críticas de los medios considerados “antikirchneristas”, como era de esperarse.

Posteriormente, el diario español El País publicó un editorial de Francisco Perejil, calificado por medios argentinos como “durísimo”, donde decía que la presidenta está “muy lejos de la aprobación mayoritaria de hace un año”.

En el editorial se lee: “Los argentinos han comenzado a expresar en la calle su protesta contra unas políticas y su manera de ejecutarlas por parte de la presidenta progresivamente encerrada en una torre de marfil”.

El diario español agregó en su publicación que Cristina Fernández es respaldada por “una joven camarilla en torno a su hijo Máximo y hostil hacia cualquier discrepancia política como a todo periodismo que no sea servilmente laudatorio”.

No es la primera vez que la presidenta argentina arremete contra el Grupo Clarín.

Ya anteriormente había dirigido palabras hacia ellos como “El Clarín miente” y “no hay tal cosa como la prensa independiente”.

La advertencia de Fernández de que llegado diciembre el Grupo Clarín será desmantelado si no acata las actuales legislaciones tuvo resonancia en diferentes partes del mundo.

Todos los partidos políticos de oposición, la Asociación Interamericana de Prensa y distintos medios internacionales criticaron la postura del gobierno argentino de intervenir en el mercado de medios privado.

La razón del cierre responde a la Ley de Medios Audiovisuales que se modificó hace tres años.

En 2009, la legislación, que permanecía intacta desde la dictadura, se reformó estipulando que las compañías de comunicación no podían poseer medios impresos y televisivos a la vez.

Además, restringía el número de licencias que cada grupo puede tener en su poder, situación que afecta a Grupo Clarín ya que excede la cantidad que limita la ley.

Por lo anterior, el gobierno ordenó a El Clarín desinvertir en sus empresas de comunicación antes de la fecha pactada, pues de otra manera “el Estado se verá obligado a llamar a concurso público” para “adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley de nuevos titulares”.

Sin embargo, el reclamo gubernamental no procede, según Jorge Rendo.

Esto debido a que la ley claramente estipula un periodo de gracia de un año después de que la fecha límite llegue, o sea el próximo 7 de diciembre.

Agregó que hay más medios que también serían sujetos a la ley, sin embargo, El Clarín ha sido el único forzado por el gobierno para vender sus acciones.

Fernández y sus aliados han atacado de manera sistemática al mencionado grupo, sin embargo, El Clarín también ha hecho campaña contra la gobernante.

Rendo asegura que la implementación de la ley se ha convertido en un nuevo capítulo de la larga batalla contra uno de los pocos medios independientes que aún quedan en Argentina.

Es un secreto a voces el maquillaje de las cifras económicas argentinas por parte de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina (INDEC) y del propio gobierno desde Néstor Kirchner.

Lo hacían con la intención de salir bien librados en temas como la inflación y el salario mínimo.

Por ello, economistas independientes han publicado los  verdaderos números de la economía de Argentina, los cuales han recibido hostigamiento por parte de la actual administración.

La disparidad en la distribución de fondos por parte del Estado hacia los medios también parece un tema que pone al descubierto el favoritismo del actual gobierno.

Los fondos a medios de comunicación de la administración de Cristina Fernández aumentaron de 40 millones de dólares en 2003 a 600 millones el año pasado.

Tal gasto ha sido principalmente canalizado a medios que simpatizan con el gobierno, como ocurre con Grupo Spolski que recibió 125 millones de dólares en 2011, mientras que el Grupo Clarín apenas 3.3 millones a pesar de tener una mayor circulación.

“Queremos que marques un día importante en el calendario: el 7 de diciembre.

O como vamos a llamarlo desde ahora, el 7-D. La d es de diciembre, pero también podría ser de diversidad o democracia”, decía el espacio publicitario que anunciaba la advertencia hacia el Grupo Clarín.

La Ley de Medios Audiovisuales de 2009 puede tener un efecto positivo en los canales informativos argentinos.

No obstante, el gobierno no puede ser selectivo al aplicar la legislación para hostigar a la crítica y a la oposición.

Jorge Rendo concluye su artículo acerca de la presidenta de Argentina: “La aplicación selectiva contra los rivales políticos erosiona el estado de derecho, con consecuencias nefastas para la libertad de expresión”.

El Clarín infringe la ley de manera clara, sin embargo, Cristina Fernández deberá revirar su postura parcial contra dicho medio, antes que tal situación se torne un ataque directo al

derecho de opinar de todos los argentinos.