La última semana de marzo será recordada por François Hollande como una de las peores de su mandato.
El pasado miércoles 30 de marzo, fue obligado a retirar su polémica y muy discutida propuesta de ley sobre la eliminación de la doble nacionalidad francesa a aquellos ciudadanos acusados de terrorismo.
Con esto, Hollande intentaba responder con “mano dura” ante los ataques terroristas del 13 de noviembre, pero su sugerencia fue incapaz de convencer a la mayoría parlamentaria y no logró ni siquiera el voto de la ultraderecha de Marine Le Pen.
Un día después, el jefe de Estado fue golpeado una vez más con peores consecuencias políticas para él y la izquierda en su conjunto.
Los sindicatos de trabajadores hicieron un llamado a todos los asalariados, desempleados, jubilados, estudiantes de secundaria y universitarios a movilizarse en una huelga masiva para solicitar dar marcha atrás al proyecto de la ley El Khomri, el cual –acusan- pretende desmantelar el código laboral en Francia, y hacer retroceder las conquistas sociales obtenidas por los asalariados en este país a lo largo del siglo XX.
La jornada de protestas comenzó con la paralización del transporte público a todos los niveles: metro, buses, trenes y en las calles y aeropuertos.
Según la policía, las manifestaciones movilizaron a 390 mil inconformes en Francia. Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las siete organizaciones detrás de las protestas contaron alrededor de 1.2 millones de manifestantes.
Si bien esta brecha entre ambos conteos resulta absurda, lo cierto es que de la huelga del 9 de marzo, a la huelga del 31 marzo, algo está cambiando que preocupa al gobierno de François Hollande: las cifras del malestar nacional fueron en incremento.
Hoy, el 86 por ciento de los franceses opina que François Hollande es un mal presidente (odoxa). Y la del jueves, fue calificada como la mayor huelga nacional desde que inició su administración en el 2012.
Las movilizaciones a lo largo del mes, y en particular la del 9 de marzo, iniciada por las organizaciones juveniles y el sindicato de trabajadores, ya obligaron una vez al gobierno a retirar el proyecto para su “revisión”.
Sin embargo, los avances que supuestamente se anunciaron en dicha revisión, no cambian la filosofía de la ley, que sigue siendo, según Philippe Martínez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT): “trabajar más, percibir menos y ser despedidos más fácilmente” y agregó “la del jueves 31 fue una movilización bien lograda en París y todo un éxito en las 250 ciudades donde también salieron a las calles.”
Popularidad por los suelos
Según el sondeo de la empresa odoxa, 74 por ciento de los franceses creen que Hollande no logrará reformar al país y que toda acción que realice será en vistas a su reelección en el 2017.
Si los partidarios de la derecha (84 por ciento) están convencidos de que así será, más de la mitad de los partidarios de la izquierda (59 por ciento) también lo piensa.
A este respecto, los franceses siguen siendo hostiles con la nueva ley de trabajo con el 71 por ciento en su contra. Y los costos políticos que trajo consigo la ley El Khomri, son considerables, y para muchos, ya irreversibles.
La opinión pública considera que desde que el proyecto de ley se puso sobre la mesa, existen tres perdedores en la escena: el 65 por ciento considera que la ministra de trabajo Myriam El Khomri es la más perjudicada. Seguida de François Hollande, con el 64 por ciento, y en tercer lugar el Primer Ministro, Manuel Valls, con el 60 por ciento.
Aún más escalofriante para el actual gobierno: el 86 por ciento de los franceses y el 73 por ciento de los simpatizantes de izquierda no quieren a François Hollande como presidente.
Y mientras las encuestas siguen castigando al mandatario, y van beneficiando a la ultraderecha de Marine Le Pen, probablemente revisar este proyecto de ley y hacerlo pasar en el Parlamento sea la única oportunidad para que François Hollande no sea recordado como el presidente más impopular en la historia de la República Francesa.
Quieren que los oigan
Con este panorama comienza el mes de abril para Hollande. Pero con un fuerte descontento para el resto de los franceses, que se ven más decididos que nunca a protestar, a detener el transporte público, a cerrar colegios y universidades si es necesario.
Resulta especialmente “simbólico” el cierre de la Torre Eiffel que no abrió durante todo el jueves debido a la protesta nacional para la eliminación de la ley laboral.
Ahora es turno del gobierno de responder al descontento nacional. Por el momento, el proyecto de ley deberá ser revisado a partir del 3 de mayo.
Philippe Martínez, director del CGT advierte que los sindicatos “están dispuestos a lanzarse a las calles en protestas en las próximas semanas si el gobierno no nos oye”.
Y si no se retira el proyecto, los sindicatos han previsto un nuevo día de acción para el sábado 9 de abril. Del mismo modo, las organizaciones juveniles podrían organizarse para el 5 de abril.