La justicia española impuso el miércoles una fianza de 8.2 millones de euros (11,1 millones de dólares) en concepto de responsabilidad civil para el yerno del rey, Iñaki Urdangarín, y su antiguo socio por su supuesta participación en una vasta trama de corrupción que ha propinado uno de los mayores golpes al prestigio de la monarquía en la historia reciente.
Urdangarín, casado con la infanta Cristina –segunda hija de los reyes Juan Carlos y Sofía–, está siendo investigado desde hace dos años por unos supuestos contratos públicos asignados entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro que presidía.
En un auto de 542 páginas para justificar la fianza, el juez del caso argumentó que los imputados utilizaron el “paraguas de bondad y de ayuda al prójimo” que se presupone a ese tipo de entidades para “desviar fondos públicos en beneficio propio”.
La fianza civil no se usa para eludir el ingreso en prisión, sino para cubrir responsabilidades derivadas de una posible condena. El dinero deberá ser aportado solidariamente por los dos acusados en el plazo de cinco días, ya sea a partes iguales o en distintas proporciones, según indicó el magistrado José Castro, que instruye la causa en las Islas Baleares.
De no poder abonarlo, el juzgado embargará bienes y propiedades hasta satisfacer el monto.
La multimillonaria fianza se fijó un día después de conocerse que el secretario personal de las hijas del rey, Carlos García Revenga, también será investigado por su relación con esta trama.
La acusación sostiene que el yerno del monarca se benefició de su posición en la familia real para acceder a subvenciones públicas por unos 10 millones de dólares para su instituto. Junto a su socio habría desviado presuntamente la mitad de ese dinero a paraísos fiscales y empresas a través de una trama societaria.
Urdangarín, de 44 años, está imputado y bajo investigación, pero no ha sido arrestado ni ha pisado la cárcel y todavía no ha sido acusado formalmente de delito alguno. Sin embargo, su socio Diego Torres enfrenta cargos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos que podrían sumar una condena de más de cuatro años de cárcel.
El yerno del monarca se ha declarado inocente en sus escasas comparecencias públicas desde el estallido de la polémica. Pero el caso ha erosionado considerablemente la ya dañada imagen de la familia real española. (AP)
