El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ha logrado la aprobación de la más polémica de las reformas de su ambicioso programa económico, pero para ello podría pagar un alto costo político.
Apenas ayer, el Congreso argentino avaló la reforma a las pensiones que afecta directamente al sector de los jubilados en medio de la mayor indignación social en los últimos años y con una huelga general que amenaza con paralizar gran parte de la economía.
El mandatario enfrenta ahora la mayor crisis de su gobierno, la cual llega poco después de que el oficialismo obtuviera una victoria en las urnas que le diera un impulso que parecía definitorio para encarar el resto de su periodo presidencial.
De no haber estado en la posición política más sólida desde que arrancó su mandato hace dos años, quizá Macri no hubiera impulsado con tanta fuerza los cambios al sistema de pensiones, una reforma fundamental para su plan económico de ajustes para el próximo año que tiene el objetivo de reducir el elevado déficit público.
Con el recorte al sistema pensionario argentino, se prevé un ahorro para las finanzas del Estado de alrededor de 100 mil millones de pesos argentinos (una cantidad superior a los 5 mil 500 millones de dólares).
Sin embargo, esta medida afecta directamente a más de 7 millones de jubilados, así como a todas aquellas personas que reciben subsidios, pues con la reforma se modifica la fórmula con la que se calculan los aumentos anuales de dichas pensiones, lo que significa que este sector verá reducido de manera importante su poder adquisitivo para 2018.
En Argentina, con una inflación que ronda el 20 por ciento anual, los ajustes a los sueldos y las pensiones han sido motivo de conflicto entre el Ejecutivo y los gremios sindicales, pero ahora se ha dado un severo golpe a algunos de los sectores económicos más vulnerables.
La aprobación en el legislativo se logró in extremis, tras un debate entre el lunes y martes que se prolongó por más de 12 horas y después de que la sesión del pasado jueves se suspendiera por los disturbios a las afueras del Congreso argentino.
Finalmente, apenas ayer a las 4 de la mañana de Argentina, la votación se saldó con 128 votos a favor y 116 en contra, un resultado que no hubiera sido posible solo con los votos de los oficialistas, por lo que Macri personalmente tuvo que negociar con algunos opositores, tanto legisladores como algunos gobernadores regionales.
En el momento más tenso de las negociaciones políticas, Macri mantuvo la opción de emitir un decreto ejecutivo para evitar la aduana del Congreso, aunque finalmente esperó los acontecimientos para no tener que cargar todo el costo de la impopular medida.
Ahora, la siguiente batalla política de Macri será la aprobación de otra de sus reformas estrella, la fiscal, cuyo debate comenzará inminentemente, aunque primero tendrá que sobreponerse a las secuelas de la reforma de pensiones.
Violencia desbordada
Desde el pasado jueves 14 de diciembre cuando el Senado aprobó la reforma y la envió al Congreso para su debate comenzó una ola de protestas, tanto pacíficas como violentas, concentradas principalmente en la capital, Buenos Aires, mismas que se han prolongado después de la aprobación por parte de los diputados.
De forma paralela, los principales sindicatos han convocado a la segunda huelga nacional en la era de Mauricio Macri, con comercios cerrados, con algunos de los sistemas de transportes en paro y miles de pasajeros internacionales que no podían entrar al país porque las terminales aéreas no están funcionando.
Finalmente, no todas las ramas sindicales siguieron el llamado al paro nacional, lo que ha mitigado en cierta forma el impacto y da muestras de la división en el gremio, donde algunos líderes parecen haber negociado con el Estado.
Sin embargo, los momentos de mayor tensión se vivieron entre el lunes y el martes en las inmediaciones del Congreso en donde se discutía la polémica reforma y la violencia llegó a niveles críticos.
Ante la presencia de un cerco policial, cientos de manifestantes atacaron a los efectivos, muchos de ellos incluso armados con mazas, picos, y lanzas improvisadas. La turba destruyó igualmente algunas estatuas y bancas en la plaza del Congreso.
Hubo también muchas personas lanzando bombas molotov, piedras y botellas a los policías. Las fuerzas de seguridad se defendieron primero con escudos y bastones, pero conforme se intensificaron los ataques recurrieron a vehículos hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.
Según cifras oficiales de la ciudad de Buenos Aires hasta ayer se habían reportado más de 160 heridos, contando al menos 88 policías (dos de ellos de gravedad) y el número de detenidos en los disturbios ya superaba los 70.
Algunas organizaciones de derechos humanos denunciaron abuso de fuerza y represión excesiva por parte de la Policía e igualmente se han reportado agresiones a algunos periodistas que cubrían la protesta
Este nivel de violencia no se había visto en la nación sudamericana desde 2001, donde se sucedieron una serie de protestas debido a la crisis económica que derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, quien tuvo que abandonar la sede del gobierno en helicóptero.