Las medidas de la vergüenza

Las crisis aumentan los extremos. La política se polariza entre la derecha y la izquierda más radical. Algunos sacan su lado más solidario; otros, el más mezquino. Las medidas adoptadas por algunos gobiernos españoles desde el comienzo de la crisis en 2008 son una muestra de lo segundo. Multas, denuncias o exigencias de pagos a quienes menos tienen que parecieran sacadas de una distopía profundamente deshumanizada. Pero, como con frecuencia sucede, la realidad supera a la ficción.

Estos son algunos de los ejemplos más llamativos que han resonado en los medios.

1. Antecedentes: multa a los espigadores

En el año 2000, la directora de cine francesa conocida como “la abuela de la Nueva Ola”, Agnès Varda, realizó un documental titulado “Les glaneurs et la glaneuse” (“Los espigadores y la espigadora”).

La temática giraba en torno a personas de todo tipo que se sumergían entre los desechos de otros, en la basura, con el fin de dar un nuevo uso a objetos o alimentos con los que allí se encontraban.

El cuadro de “Las espigadoras” (1857), del pintor realista francés Jean-François Millet, le sirvió de inspiración para la película y para el título.

La práctica del espigueo consistía en recoger el grano abandonado en los campos después de la cosecha. Lo hacían sobre todo mujeres y niños pobres.

Siglo y medio después, los personajes que ella capta son espigadores modernos. De entre el abanico de sus protagonistas, algunos lo hacen por necesidad; otros, por convicción política.

Estos últimos encajan dentro de un movimiento que nace en Estados Unidos en los 90 como respuesta al modelo de consumismo y derroche que se había impuesto: se trata de los Freegans.

Sus seguidores buscan estrategias basadas en el mínimo consumo de recursos y en el aprovechamiento de los existentes. Aunque quizás también de esta segunda categoría hubo siempre.

Sin embargo, en Madrid, en febrero de 2009, el alcalde de ese momento y actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, del conservador Partido Popular, aprobó la Nueva Ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos del Ayuntamiento de Madrid.

Con ella, trató de asestar un duro golpe a los que buscan en la basura. Y es que los espigadores y espigadoras podrían ser multados con 750 euros según la ordenanza.

Aunque la razón expuesta por los promotores de la normativa fue que esta práctica tenía “especial repercusión en el ornato e higiene de la ciudad”, lo cierto es que las implicaciones prácticas iban mucho más allá.

Por un lado, al penalizar el acto, aumentaba la vergüenza y el miedo de aquellos que lo hacían por necesidad. Por otro, a los Freegans les hacía más difícil ser coherentes con sus principios consistentes en que no tiene sentido tirar la cantidad de comida que se malgasta en el primer mundo en supermercados y restaurantes, que es lo que, por lo general, buscan una gran mayoría de espigadores.

Uno de los lugares donde fui testigo de esta práctica fue en la puerta del Carrefour de la Plaza de Lavapiés. Al caer la noche, muchos esperaban a que los empleados del supermercado sacaran los contenedores repletos de comida del día que ya no podrían vender o de productos a punto de caducarse.

A muchos transeúntes les desagrada presenciar a gente que, por necesidad o por convicción, rebusca en la basura. Sin embargo, lo que debería avergonzarnos, teniendo en cuenta la cantidad de gente que muere de hambre en el mundo, es el hecho de que permanezcamos impasibles mientras cantidades ingentes de alimentos tienen como destino el vertedero.

Además, aunque se presupone –quizás ingenuamente– que nadie quiere que haya pobres, eso es una cosa y otra muy distinta castigarles y olvidarse por completo de las estructuras sistémicas que generan la miseria.

La ordenanza, que aún sigue vigente, catalogaba como infracciones leves el “manipular, rebuscar o extraer residuos depositados en las papeleras o recipientes instalados en la vía pública”.

En algunos medios se habló incluso de multa por robar comida en la basura. La RAE, en su primera acepción define robar como  “Quitar o tomar para sí con violencia o con fuerza lo ajeno” y, en su segunda, como “Tomar para sí lo ajeno, o hurtar de cualquier modo que sea”.

Pero estos espigadores están tomando cosas de unos dueños que decidieron voluntariamente dejar de serlo.

El periodista y escritor  Iván González dijo al respecto que “Un organismo público que recauda castigando a los necesitados no es misericordioso y, en mi opinión, las leyes que carecen de misericordia merecen la desobediencia civil”.

Para contrarrestar, en Girona, un municipio catalán, este mes de agosto se anunció la adopción de una medida bien distinta: poner candados en los contenedores para que la gente no corra el riesgo de agarrar comida en mal estado y crear un centro de distribución de alimentos para necesitados con los productos a punto de caducar que entregarán los supermercados Condis, Bonpreu y Novavenda.

2. Pagar por llevar 
tu comida

Este mes de agosto se conoció otra noticia que también causó estragos. En la comunidad autónoma de Cataluña, a partir del próximo curso, los niños que decidan llevar su comida de casa en una fiambrera, tendrán que pagar en torno a 3 euros.

Las autoridades educativas de la Generalitat de Cataluña, institución que gobierna la comunidad, esgrimieron como razón que es la cantidad necesaria para sufragar el uso de neveras, microondas, servicios de limpieza y monitores de vigilancia.

Actualmente, la Generalitat está presidida por Artur Mas, un político de ideología liberal y catalanista, presidente también de la tercera fuerza política a nivel nacional por escaños, Convergencia y Unión, integrada por Convergència Democràtica de Catalunya, de ideología neoliberal y de centro derecha, y por Unió Democràtica de Catalunya, democristiano.

La noticia, como era de esperar, hizo poner el grito en el cielo a multitud de padres y madres de alumnos.

Y es que 3 euros son casi la mitad del precio de comprar la comida en el comedor de la escuela.

Y no será la única comunidad. A principios de agosto, María José Catalá, Consejera de Educación de la Generalitat Valenciana, dirigida por Alberto Fabra, también del Partido Popular, anunció que su departamento también estudia cobrar a las familias que llevan al colegio comida de casa.

Aunque en esta ocasión la cantidad contemplada es de 1.45 euros, para muchos, en un contexto de rescates multimillonarios a los bancos y de austeridad para los sectores poco o nada culpables, la medida, que llegará de la mano de la subida del IVA, es inadmisible.

Además, son precisamente aquellas familias que se toman la molestia de preparar comida a sus hijos las que la por lo general no pueden gastar dinero en comedores.

3. APP para delatar a mendigos

La última novedad en esta tipología de medidas se conoció el pasado día 12.

La empresa pública catalana Ferrocarrils de Catalunya anunció la puesta en marcha de una aplicación móvil que servirá para reportar desde cristales rotos u otros problemas técnicos hasta la presencia de personas sin hogar que se encuentren en el metro o en los trenes gestionados por la compañía.

A estos, los dividió en 3 categorías: músicos ambulantes, vendedores y mendigos en general. Después del eco mediático, esto se eliminó, pero no la aplicación.

Y eso a pesar de que Change.org, una “plataforma de activismo online”, ha recogido, hasta el momento, 11 mil 888 firmas para pedir que la empresa retire la APP.

La carta a la que se adhieren los firmantes expone que “Esta medida, especialmente grave en el actual contexto de crisis, es un ataque directo contra la sociedad en general, y sobre todo contra aquellas personas más desfavorecidas”.