El futuro del suelo indígena en Brasil es incierto. El presidente electo Jair Bolsonaro declaró durante sus campañas electorales que se oponía a proteger las tierras autóctonas.
Las 471 tierras indígenas en Brasil suman 117 millones de hectáreas, es decir, el 14 por ciento del territorio nacional brasileño.
El pasado 1 de diciembre, el ultraderechista afirmó que mantener a indígenas en reservas protegidas era tratarlos como animales de zoológico, un comentario emitido en medio de nuevas críticas que nativos realizaron contra la demarcación de sus tierras ancestrales.
“Nadie quiere maltratar a los indios. En Bolivia hay a uno que es presidente (Evo Morales). ¿Por qué en Brasil tenemos que mantenerlos recluidos en reservas como si fueran animales en zoológicos?”, dijo Bolsonaro.
Recientemente varios miembros de su gabinete han manifestado ideas parecidas, desatando el temor de los indígenas.
Onyx Lorenzoni, uno de los principales allegados a Bolsonaro, anunció que la Fundación Nacional del Indio (Funai), el órgano que lucha por la protección de los intereses indígenas y de su cultura, dejará de formar parte del Ministerio de Justicia, al que ha pertenecido los últimos 27 años, para depender del Ministerio de Mujeres, Familia y Derechos Humanos, a pesar del desacuerdo de los autóctonos para exigir que el cambio no se realizara.
Con el nuevo Ministerio, la Funai quedará bajo el control de la pastora Damas Alves, quien en los últimos años ha hecho una campaña en contra del infanticidio (acto que consiste en matar a un niño de manera intencionada), aún practicado por algunas etnias en el país latino.
Los indígenas presionan a la Funai para comenzar una discusión sobre el tamaño de algunas de sus hectáreas ya demarcadas, en lo que sería considerado el mayor ataque a los derechos de los nativos desde el final de la dictadura militar en Brasil.
En el país sudamericano hay 436 territorios que ya están demarcados y que son propiedad de los indígenas que estaban ahí antes de que llegaran los portugueses en 1500, pero todavía hay 246 casos en proceso de valoración y 484 que esperan ser analizados, de acuerdo con el Consejo Indígena Misionero (CIMI).
