"El paro agrario (…) muestra a los países de la región que el conflicto no se reduce al enfrentamiento histórico entre las FARC y las fuerzas militares o paramilitares”
La importación de alimentos aumentó un 700 por ciento entre 1991 y 2009 debido a la implementación de políticas neoliberales
Las marchas están motivadas por las consecuencias que han tenido los Tratados de Libre Comercio porque, según los campesinos, les están arruinando
Por lo menos una vez en la vida vas a necesitar un médico, un abogado o un arquitecto, pero todos los días, tres veces, vas a necesitar un agricultor”, dice un texto de una fotografía que circula por Facebook y que aparece sobre la imagen de un campesino caminando. Y, sin embargo, es la profesión que menos se valora y que peor se paga en casi todo el planeta.
En Colombia, no es una excepción. De hecho, el problema con la tierra y, en concreto, con los latifundios, tiene ya una larga historia, cristalizada en el prolongado conflicto entre las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y el gobierno, pero concerniente en realidad a muchos más actores sociales, como está demostrando el actual paro agrario nacional indefinido, que comenzó el día 19 y que hoy cumple 15 días.
Las demandas pueden encontrarse en los pliegos de los convocantes: las denominadas “dignidades” –integradas por el sector cafetero, arrocero, papero, cacaotero y otras organizaciones que defienden la producción nacional–, el Coordinador Nacional Agrario CNA y la Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdos (MIA Nacional).
Esto se traduce en que entre los que conforman las movilizaciones hay campesinos, personas pertenecientes a los sectores de las “dignidades”, pero también mineros, algodoneros, las principales expresiones organizadas de la izquierda y del sindicalismo y transportistas, estudiantes y trabajadores y usuarios de la salud que se solidarizaron con los agricultores y se sumaron al paro.
Según explicó El País brevemente, principalmente la protesta es contra las políticas de “libre comercio”, derivadas de la firma de los Tratados de Libre Comercio, de los cuales el más importante es el que se suscribió con EU el 10 de octubre de 2011 y que entró en vigencia el 15 de mayo de 2012.
Y esto porque de esas políticas se ha derivado un aumento en el costo de los fertilizantes y de los abonos que con frecuencia los campesinos son obligados a usar –como en el caso de los cultivos que pertenecen a Monsanto–, un incremento en el precio de la gasolina, una mayor importación de alimentos del extranjero que se venden en el mercado nacional a precios más bajos que el producto interior y, por último, que a ello se suma que los campesinos colombianos no han recibido ayudas para afrontar esa competitividad desleal.
Pero el asunto va más allá. Según el pliego de demandas presentado por los campesinos del Valle del Cauca –pertenecientes a la MIA–, que puede encontrarse en el portal Rebelión, “Si bien la Constitución Política de Colombia reconoce como sujetos de derechos a las comunidades indígenas y afrocolombianas, a la fecha, al campesinado no se le ha reconocido como sujeto de derechos sociales, políticos y económicos” y “parte del sector agrario ha sido marginado históricamente de las decisiones fundamentales que le atañen”. Según la MIA, unas 200 mil personas se movilizaron por estas razones.
No obstante, aunque estos sectores dijeron que la estrategia del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, junto con la actuación de los medios de comunicación, contribuyó a minimizar el efecto del paro, lo cierto es que finalmente la movilización fue tal que fue imposible acallarla.
Esa estrategia, según reportó Rebelión, pasó por la amedrentación antes del incio del paro, por la negación –decir que no había protestas-, por la infiltración de fuerzas del gobierno dentro del movimiento, por la represión de la ESMAD –fuerzas antidisturbios colombianas– y por la criminalización mediante el trato de guerra dado a la protesta y la insistencia en la acusación del corte de vialidades que, si bien es cierto, a esto lo que los participantes respondieron es que la gente no debía de olvidar los motivos que les empujaban a emprender dichas acciones.
Según declaraciones recogidas por El País, Juan Manuel Santos, si bien reconoció el olvido de los campesinos, dijo que la protesta legítima de estos no era la que estaba teniendo lugar en las calles , conformada por “desadaptados”.
No obstante, la masificación de la protesta acabó siendo más que evidente. Según El País, campesinos de 16 de los 32 departamentos de Colombia se habían unido al paro. Según Rebelión, el número de departamentos ascendía a 25.
Como respuesta a todo ello, Santos anunció el viernes la militarización de Bogotá, anunciando que saldrían a la calle 50 mil hombres para reforzar la labor de la policía ya que no habría ningún cambio de leyes ni podrían anteponerse a las fuerzas civiles, en principio y en teoría.
La solidaridad urbana fue uno de los factores que ha amplificado el potencial de las protestas, ya que hasta el día 12 de paro 12 ciudades, entre ellas Bogotá, Calí y Medellín se habían unido a la causa.
Hasta ese día, el saldo tras los disturbios se cifraba en 3 civiles muertos, 25 policías heridos y más de 300 detenidos, según datos oficiales.
Al otro lado del Atlántico, una treintena de organizaciones políticas, sindicales, gremiales, sociales y culturales de toda Europa firmaron un comunicado conjunto el pasado jueves expresando su apoyo y solidaridad con el paro. En el texto, exigían detener los atropellos contra los manifestantes, los mal llamados Tratados de Libre Comercio y la puesta en libertad de los detenidos.
La responsabilidad tiene nombres
Pero lo que denuncian los campesinos –un modelo de desarrollo agroexportador de carácter extractivista que ha re-primarizado la economía del sector con todo lo que ello conlleva, principalmente negar al productor nacional colocar sus productos en el mercado interno y crear una situación de dependencia alimentaria– no es el resultado de una abstracción, sino de políticas neoliberales ejecutadas por el gobierno en connivencia con las empresas multinacionales que dominan el mercado de la alimentación.
Para hacerse una idea de los cambios que dichas políticas han supuesto basta detenerse en el siguiente dato –aportado por H. Mondragón en su libro “Relatifundización, megaproyectos y campesinos en Colombia”–: la importación de alimentos aumentó un 700 por ciento entre 1991 y 2009.
En el caso del café, por poner un ejemplo, una de las principales beneficiadas con la situación colombiana es Nestlé, pues es una de las diez empresas tostadoras que controlan el 63 por ciento del café tostado vendido junto a otras como Phillips Morris, Sara Lee y Procter & Gamble.
La situación del sector cacaotero no es mucho mejor: la manufactura está concentrada en seis corporaciones de Europa y de Estados Unidos que acumulan en promedio el 80 por ciento de este mercado, concentrándose las ventas para consumo final en Mars, Nestlé, Cadbury Schweppes, Hershey, Ferrero y Kraft, según explicó Luis Javier Correa Suárez en su artículo publicado en Rebelión “¿Hay responsabilidad de las multinacionales en la crisis cacaotera en Colombia?”.
‘Soy campesina’
Estudiantes con el rostro y la cabeza cubierta mostraron su solidaridad con la protesta de los agricultores saliendo a las calles con consignas escritas en sus cuerpos. El paro ha sido seguido por otros sectores como el transportista y el de salud.
