El Partido de los Trabajadores (PT) registró ayer al político brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como candidato a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre, sin embargo, el exmandatario se encuentra en prisión desde abril.
La decisión del PT es un desafío a la legislación brasileña y a los jueces que deberán vetar la candidatura del político más popular de Brasil.
La postulación del líder izquierdista puede ser invalidada porque la Ley de Ficha Limpia, promulgada bajo su gobierno, excluye de la carrera electoral a quienes hayan sido condenados en segunda instancia, como en su caso.
Además, el aspirante a vicepresidente que fue inscrito por el PT a la par de Lula de Silva es el exministro de Educación Fernando Haddad. Se trata de la alternativa que tiene este partido para la sustitución del exmandatario preso en caso de que no avance su candidatura.
Haddad es también quien deberá aparecer en los debates en representación de Lula, a quien la justicia de Curitiba le prohibió realizar spots publicitarios y participar en la campaña electoral a través de imágenes.
Asimismo, la inscripción de Lula da Silva estuvo acompañada de la Marcha Nacional Lula Libre, una manifestación en la que miles de sus seguidores se desplazaron hasta Brasilia y desfilaron durante seis kilómetros hasta la puerta del Tribunal Electoral.
Después de la inscripción, la presidenta del PT Gleisi Hoffmann y la expresidenta Dilma Rousseff dieron discursos en apoyo del candidato.
La ley electoral de Brasil prohíbe que condenados en segunda instancia se postulen a cualquier cargo público, sin embargo, Lula no estará oficialmente inhabilitado hasta que el Tribunal Superior Electoral se pronuncie sobre su caso, algo que ocurrirá el 17 de septiembre.
No obstante, tanto la presidenta del Tribunal Electoral Rosa Weber como la fiscal general de la república Raquel Dodge han comunicado en los últimos días que tienen formas de acelerar la sentencia de la candidatura del PT.
Lula podría continuar con su candidatura si consigue que el tribunal tome la decisión de suspender su inelegibilidad bajo el argumento de que la condena que le impusieron fue ilegal.
Los abogados del expresidente presentaron en junio un recurso en el Tribunal Supremo sosteniendo que el proceso contra su defendido violó garantías constitucionales, como el derecho a una amplia defensa y el principio de tener un juez natural de la región.
Los litigantes afirmaron que Sergio Moro, juez en Curitiba, no pudo haber juzgado un caso en una sala en São Paulo.
Además, la candidatura de Lula cuenta con el 30 por ciento de intención de voto y supera con más de cinco puntos a los demás aspirantes. Jair Bolsonaro tiene el 22, Marina de Silvia 8.1 y Geraldo Alckmin 6.6 por ciento, respectivamente.
El expresidente se encuentra preso desde abril para cumplir una condena de 12 años por corrupción pasiva y lavado de dinero, en un caso relacionado con la Operación Lava Jato, una de las investigaciones con más involucrados en América Latina.