La luna de miel ha terminado para Mauricio Macri. El presidente argentino enfrenta actualmente su mayor prueba política desde el 10 de diciembre que asumió el poder. Macri necesita que el Congreso de la Nación –controlado por la oposición- le apruebe el acuerdo judicial para pagar a los fondos buitres y que permitiría a Argentina salir del default.
El mandatario argentino necesita concretar su plan para que Argentina pueda acceder de nuevo al financiamiento internacional.
La iniciativa pretende derogar la conocida Ley Cerrojo, promulgada en el 2005, y destrabar el pago a los fondos buitre y finiquitar el reclamo judicial que existe en los Estados Unidos desde el 2001 en contra del gobierno argentino.
Hace dos semanas Mauricio Macri llegó a un preacuerdo con los fondos que compraron deuda argentina en el 2001: Elliott Management, Aurelius Capital Management, Davidson Kempner and Bracebridge Capital, que tienen reclamos judiciales por el pago de casi 6 mil millones de dólares.
Macri negoció una quita del 25 por ciento si consigue pagarles el 75 por ciento del adeudo antes del próximo 14 de abril.
El plan de Macri es conseguir financiamiento internacional por hasta 15 mil millones de dólares para poder pagar ese adeudo y activar su gobierno que enfrenta una crisis económica.
El plan es que mañana jueves la iniciativa se presente en el parlamento argentino para que diputados y senadores discutan su aprobación.
Sin embargo, la iniciativa no cuenta con el respaldo suficiente todavía para ser aprobada en el Congreso de la Nación tanto por diputados como senadores.
Macri juega con el tiempo encima.
El 14 de abril próximo se vence el plazo fijado por el juez Thomas Griesa para que el Gobierno pague a los fondos buitre. Existe la posibilidad de una prórroga, pero tendría que ser aprobada por los bancos que son acreedores del país sudaramericano.
Los números en el Congreso no le dan a Macri. Tiene 90 votos seguros, pero necesita al menos 130 para iniciar a discutir la iniciativa.
En este proceso clave será el papel que juegue el excandidato presidencial Sergio Massa y su Frente Renovador que busca hacerle modificaciones a la iniciativa de Macri.
“Proponemos en la ley algunos cambios porque creemos que esa salida debe ser lo mejor posible y porque tenemos que evitarnos futuros dolores de cabeza para que no repitamos los mismos errores del pasado”, declaró Massa este fin de semana.
El oficialismo necesita los votos del Frente Renovador, pero también del Bloque Justicialista para que al menos se pueda llevar la sesión en el parlamento argentino.
Se espera que mañana haya una reunión en la Casa Rosada entre los gobernadores y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, para discutir esta iniciativa y conseguir el respaldo.
Los gobernadores de las provincias argentinas necesitan tanto como Macri el poder conseguir créditos para sanear sus golpeadas finanzas.
Macri buscará con esta negociación también romper el bloque opositor K (ligado al kirchnerismo) que todavía controla la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
La exmandataria en redes sociales tiene una campaña muy activa en contra del plan Macri y el pago a los fondos buitre.
Hay legisladores afines al kirchnerismo que están en contra del plan de Macri, pero otros saben que la iniciativa permitirá a las provincias conseguir financiamiento para enfrentar la crisis económica.
Incluso políticos afines al kirchnerismo como el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, ha declarado que pedirá a los legisladores entrerrianos del Frente para la Victoria asistan a la sesión del parlamento para otorgar quórum cuando se discuta la iniciativa.
“Les voy a decir a mis legisladores que den quórum. No hay que vincular este tema con la salida del default, no es un condicionante”, declaró Bordet.
Esta negociación le viene bien a Macri para intentar desarticular el Bloque K (afines a la expresidenta) que tiene la mayoría en la Cámara Alta.
Legisladores de este grupo han condicionado su apoyo a la iniciativa de Macri condicionada a que, por ejemplo, reintegre a las provincias el 15 por ciento y el 1.9 por ciento de la coparticipación que el Gobierno les retiene para financiar la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).