Según sus partidarios, Chut Wutty era uno de los pocos activistas que quedaban en Camboya lo suficientemente valientes como para luchar contra la masiva deforestación ilegal realizada por los poderosos.
Fue asesinado a tiros por un policía militar en abril mientras investigaba la tala ilegal en uno de los últimos grandes bosques del país.
Y es que en todo el mundo, dar la cara por el medio ambiente puede ser mortal y parece ser que esta tendencia está aumentando.
Quienes llevan la cuenta de los asesinatos de activistas ambientales dicen que los números han aumentado drásticamente en los últimos 3 años.
Una razón, advierten, puede ser que han mejorado sus métodos de búsqueda de información, pero también creen que el creciente número de víctimas es una consecuencia de la intensificación de la lucha por los disminuidos suministros de recursos naturales, especialmente en América Latina y Asia.
Los asesinatos ocurrieron en al menos 34 países, desde Brasil hasta Egipto, tanto en países desarrollados como en desarrollo, según un estudio de The Associated Press basado en datos y entrevistas.
Un informe publicado a mediados de junio por la organización Global Witness, con sede en Londres, dijo que más de 700 personas murieron en la década que terminó en 2011 en la defensa de derechos relacionados con el medio ambiente.
Fueron asesinadas, según la organización, durante protestas o investigaciones relacionadas con minería, tala, agricultura intensiva, represas hidroeléctricas, desarrollo urbano y caza furtiva.
Según reportó el informe, el número de muertos llegó a 96 en 2010 y a 106 el año pasado. Los totales anuales en los últimos 6 años van de 37 en 2004 a 64 en 2008.
Más de tres cuartas partes de los asesinatos contados por Global Witness ocurrieron en 3 países sudamericanos: Brasil, Colombia y Perú. Otras 50 muertes ocurrieron en Filipinas.
Todos estos países tienen luchas sangrientas por el derecho a la tierra, entre grupos indígenas y grandes intereses comerciales.
Las cifras de Global Witness son mucho más altas que las de Bill Kovarik, profesor de comunicaciones en la Universidad de Radford, en Virginia, que ha estado investigando desde 1996.
Él se centró en los asesinatos de líderes ambientales y no incluye las muertes durante protestas que incluyó el informe de Global Witness. Kovarik, sin embargo, también notó un aumento sustancial: de 8 en 2009 a 11 en 2010 y 28 el año pasado.
Tanto Kovarik como Global Witness creen que hay aún más asesinatos de los que se reportan, especialmente en países relativamente cerrados, como en Myanmar, Laos y China.
Global Witness alertó también sobre una “alarmante falta de información sistemática sobre las muertes en muchos países”.
En Tailandia, donde al menos 20 ambientalistas fueron asesinados en la última década, 7 sicarios recibieron 10 mil dólares a cambio de matar a Thongnak Sawekchinda, un activista veterano en contra de las contaminantes fábricas de carbón en su provincia, cerca de Bangkok.
Aún no han sido detenidas las figuras poderosas que se cree ordenaron su asesinato.
En los países en desarrollo, los activistas más audaces han entrado en conflicto agudo con gobiernos y sus compinches o empresas locales y extranjeras, algunas de ellas con bajos estándares ambientales y éticos.
“Es una paradoja sabida que muchos de los países más pobres son la fuente de los recursos que impulsan la economía mundial.
Ahora bien, a medida que se intensifica la carrera para asegurar el acceso a estos recursos, la gente pobre y los activistas se encuentran cada vez más en la línea de fuego”, dijo Global Witness.
Julian Newman, de la Agencia de Investigación Ambiental, con sede en Londres, dijo que los asesinatos empeorarán porque uno de los focos clave —la propiedad de la tierra— enciende pasiones poderosas.
Fueron reportados asesinatos selectivos, desapariciones de personas cuya muertes se confirma posteriormente y muertes de personas durante su arresto o en medio de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Los responsables suelen ser soldados, policías o guardias de seguridad privada que actúan en nombre de las empresas o los gobiernos.
Las investigaciones fidedignas son raras. La detención, juicio y condena de los responsables aún más.
“Es muy fácil hacer que alguien sea asesinado en varios de estos países.
Decapitar al líder del movimiento y luego comprar a todo el mundo. Ese es un procedimiento operativo estándar”, dijo Phil Robertson, subdirector de Human Rights Watch para Asia.
Los países donde ocurren los asesinatos comparten similitudes: unos cuantos poderosos, con fuertes vínculos con los círculos oficiales, y una mayoría pobre que depende de la tierra para subsistir, junto con movimientos activistas fuertes que son más propensos a informar de la violencia.
Los grupos ecologistas dicen que hay que construir una base de datos de esa violencia y montar campañas de denuncia. (AP)