Migración indocumentada no aumenta la violencia en EU.- estudio
El estudio fue elaborado por Michael Light, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Wisconsin, y por Ty Miller, académico del Departamento de Sociología y Criminología de la Universidad de Winthrop, en Carolina del Sur, en EU
Imelda GarcíaLa migración indocumentada no aumenta la violencia en los Estados Unidos, sino al contrario: la relación entre la migración indocumentada y los delitos violentos suele ser negativa, aunque no con índices significativos.
Así lo reveló un estudio hecho por Michael Light, académico del Departamento de Sociología de la Universidad de Wisconsin, y por Ty Miller, académico del Departamento de Sociología y Criminología de la Universidad de Winthrop, en Carolina del Sur, en EU.
Ambos académicos analizaron múltiples bases de datos para estudiar los crímenes, así como el perfil socioeconómico y demográfico de los 50 estados de Estados Unidos y su capital, Washington D.C., y llegaron a la conclusión de que en aquellos lugares donde hubo un incremento de migrantes indocumentados no hubo más crímenes.
“Como resultado, hoy el gobierno de EU gasta más en agencias de cumplimiento de inmigración que en todas las otras agencias principales de aplicación de la ley penal combinadas, incluyendo el FBI, DEA, el Servicio Secreto, los guardias federales y la Agencia de Tabaco y Alcohol”, señalan los académicos.
Este vasto aparato de justicia contra la migración indocumentada, aseguran, se ha construido a pesar de tener poca evidencia de que la migración y la violencia están relacionadas, positiva o negativamente.
Los hallazgos de su estudio fueron publicados en un artículo titulado “¿Incrementa la inmigración indocumentada los crímenes violentos?”, en el número de mayo del 2018 de la revista Criminología, de la Sociedad Americana de Criminología.
El primer factor es la “naturaleza selectiva de la migración”. Los especialistas consideran que los migrantes indocumentados llegan a Estados Unidos motivados por la búsqueda de mejores oportunidades económicas y educativas para ellos y sus familias, por o que tienen atributos poderosos como la ambición y la alta motivación para trabajar.
“Los inmigrantes no autorizados, mucho más que los inmigrantes legales, tienen fuertes incentivos para evitar la participación delictiva por temor a la detección y la deportación”, sostienen.
Otro factor es que la presencia de migrantes indocumentados en Estados Unidos ayuda a incentivar la economía del país, pues aumenta los ingresos fiscales netos y llena nichos de empleo; el 93 por ciento de los hombres no autorizados para trabajar en ese país, están en la fuerza de trabajo activa.
Otra característica de los inmigrantes indocumentados es que su llegada a Estados Unidos se realiza “en cadena”, por lo que al arribar casi siempre tienen el apoyo en recursos clave como vivienda, asistencia de transporte, cuidado de los niños o búsqueda de empleo, por parte de otros migrantes que llegaron previamente.
Sin embargo, los investigadores señalan que probablemente la percepción que los ciudadanos tienen sobre los migrantes indocumentados también juega un papel importante, pues cuando una ola de foráneos llega a una comunidad, por lo regular se contratan más policías y esto puede causar que bajen los índices delictivos.
“Los aumentos en la inmigración indocumentada están asociados, al menos en parte, con el temor público a la conducta delictiva. Los estados pueden reaccionar a estos temores contratando más policías en un esfuerzo por mitigar las preocupaciones y disuadir el comportamiento delictivo.
“Al aumentar el control social formal, se ha demostrado que los mayores tamaños de la fuerza policial reducen el crimen. Por lo tanto, la inmigración indocumentada puede estar correlacionada con la disminución de la delincuencia a través de un mayor control social formal (por ejemplo, el tamaño de la fuerza policial)”, exponen los especialistas.
“En otras palabras, aquellos que carecen de estatus legal, y potencialmente sus amigos legales y miembros de la familia también, pueden vacilar en denunciar victimizaciones violentas para evitar ser detectados por los funcionarios legales”, aseveran los especialistas.
Light y Miller estudiaron bases de datos de casi una década y media, entre el año 1990 y el 2014.