Moda manchada de sangre

El miércoles pasado colapsó un edificio de fábricas de prendas de vestir, conocido como Rana Plaza, en Savar, un suburbia de Dacca.

El viernes la cifra de muertos ascendía a más de 300 personas y las cuadrillas de trabajadores se abrían paso entre los escombros esperando realizar rescates milagrosos que impidieran que aumentara la cifra de víctimas fatales, mientras enojados familiares de los desaparecidos se enfrentaban con la policía.

Según reportó El País ese mismo día, la presión por parte de ONG occidentales sobre las compañías que comercializan esas ropas tampoco se hizo esperar. Y es que tres empresas admitieron que en ese edificio cosían para ellas –la británica Primark, la canadiense Loblaw y la danesa Group PWT– y entre los escombros se encontraron etiquetas de firmas como el Corte Inglés, Mango, C&A, Kik y Wal-Mart. 

Las precarias condiciones de esas fábricas así como los ínfimos salarios que reciben los trabajadores de las mismas a pesar de que ponen en riesgo su vida tanto por las condiciones del lugar como por el tiempo que pasan expuestos a tóxicos cancerígenos que no están sujetos a ningún tipo de regulación son ya un secreto a voces.

Sin embargo, la indignación aumentó aún más no solo por el hecho de que desde la tragedia de noviembre no se hubiera hecho nada, sino porque además se supo que el día anterior a la catástrofe la policía había ordenado a los administradores que evacuaran el inmueble debido a la aparición de grietas profundas y visibles en los muros pero que, a pesar de ello, las empresas desobedecieron y siguieron operando. 

Por estos motivos, lo ocurrido no puede calificarse de “accidente”.

Así, mientras Bangladesh trata de reponerse de las muertes de centenares de trabajadores textiles, la negativa de las empresas mundiales a pagar para establecer un sistema de inspecciones de las fábricas ha puesto nuevamente en la mira a una industria que se ha beneficiado de los talleres en condiciones precarias y salarios raquíticos.

Y es que después que un incendio en una fábrica derivó en la muerte de 112 trabajadores textiles en noviembre, las marcas de ropa y las empresas minoristas en Estados Unidos y otros países siguieron rechazando una propuesta promovida por un sindicato para mejorar la seguridad en la industria textil en Bangladesh, la cual genera 20 mil millones de dólares.

En lugar de ello, las compañías ampliaron un sistema de auditorías privadas y entrenamiento que los grupos sindicales dicen aporta muy pocas mejorías en un país donde las inspecciones oficiales son laxas y los propietarios de las fábricas tienen vínculos cercanos con el gobierno. Mientras tanto, el número de muertos y heridos ha seguido aumentando.

Tragedias sin respuesta

En los cinco meses desde el incendio mortífero del año pasado en Tazreen Fashions Ltd. (http://indiga.cc/MuertoViste) ha habido otros 40 incendios en fábricas bengalíes, con un total de nueve muertos y más de 660 heridos, según una organización laboral vinculada a la central sindical estadounidense AFL-CIO.

El desplome el miércoles del edificio Plaza Rana es el peor desastre en afectar a la creciente industria del vestido en Bangladesh. 

Para quienes se esfuerzan por mejorar las condiciones de trabajadores que llegan a recibir magros salarios de incluso 38 dólares mensuales, es un triste recordatorio de que los programas de responsabilidad social empresarial no están cumpliendo con sus promesas.

Más de 48 horas después de que se desplomó el edificio de ocho pisos, algunos trabajadores seguían atrapados vivos el viernes bajo trozos de concreto y metales retorcidos. Los socorristas trataban de rescatarlos, a sabiendas de que probablemente a algunos les quedaban horas de vida.

“No hay progresos”, se quejó Amirul Haque Amin, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Textiles en Bangladesh, quien dijo que un total de 600 trabajadores han muerto en accidentes de fábricas en la última década. 

Plan de seguridad rechazado

Los grupos laborales dicen que el mejor modo de mejorar la situación es cumplir un plan de seguridad propuesto por sindicatos bengalíes e internacionales. La propuesta incluye inspecciones y vigilancia por parte de una agencia independiente con la facultad de cerrar las fábricas inseguras.

La propuesta fue presentada en una reunión en el 2011 en Daca a la que asistieron más de una decena de las principales compañías y marcas mundiales, incluidas Wal-Mart, Gap y la sueca H&M, pero las empresas lo rechazaron debido a su costo y porque era legalmente vinculante.

En ese momento el representante de Wal-Mart dijo en la reunión que “no es financieramente posible… hacer dichas inversiones”, según las actas de la reunión obtenidas por The Associated Press.

En diciembre, un vocero de Gap —propietario de las cadenas Gap, Old Navy y Banana Republic — dijo que la compañía rechazó la propuesta debido a que no quería quedar sujeta a demandas y porque no quería pagar a las fábricas más dinero para contribuir a las mejoras de seguridad.

H&M tampoco firmó por considerar que las fábricas y gobiernos locales en Bangladesh debían asumir la responsabilidad, dijo el ejecutivo Pierre Börjesson a la AP en diciembre.

En cuanto al derrumbe del miércoles, la única esperanza de una insufiente justicia reside en el anuncio de un portavoz de la primera ministra, Sheikh Hasina. Según éste, Hasina ordenó el arresto del dueño del edificio y de las fábricas de ropa “lo más pronto posible”.

El jefe de la policía local dijo que la policía y el gobierno presentaron denuncias contra el dueño del edificio por negligencia. (Con información de AP)

Víctimas de la moda
Un documental que muestra la desprotección de los trabajadores ante los procesos químicos que intervienen en la producción de ropa.

Zara y sus talleres ilegales

Aquí puedes encontrar un video difundido recientemente sobre las condiciones de un taller en Argentina.

Somos lo que vestimos
El gobierno de Aragón y la Fundación Ecología y Desarrollo elaboraron este manual de consumo responsable de moda.