El muro invisible

A casi un año de haber llegado a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump aún ve lejana la posibilidad de materializar el muro fronterizo -una de sus promesas de campaña-, sin embargo no ha necesitado de una barrera física para implementar su ofensiva antiinmigrantes.

El retiro de la protección a más de 200 mil refugiados salvadoreños y la amenaza de deportación es sólo la última de una serie de medidas emprendidas por su administración en contra de la población migrante en los Estados Unidos.

A pesar de la condena internacional, del rechazo de las organizaciones de derechos humanos y de la resistencia del poder judicial, Trump ha logrado sacar adelante decretos como el veto migratorio a países de mayoría musulmana, el cierre de las fronteras a los refugiados o la eliminación del DACA.

El más reciente anuncio de la Casa Blanca llega en un momento crucial, mientras el Presidente discute con legisladores -tanto republicanos como demócratas- una amplia reforma migratoria para los Estados Unidos.

En la mesa de negociaciones está siempre presente el tema del muro en la frontera sur, sobre el que Trump ha insistido a los congresistas para poder avanzar en otros temas como la protección a los cientos de miles de ‘dreamers’ cuyo futuro está en el aire.

Algunos analistas señalan que la eliminación del programa DACA en septiembre pasado es una medida de presión para el Capitolio para que puedan aprobar algunas medidas migratorias propuestas por Trump, como la eliminación del visado por lotería y algunos otros cambios en materia migratoria.

El próximo 19 de enero vence el plazo para que los legisladores aprueben el presupuesto, y el debate está centrado en si se otorgan los 18 mil millones de dólares que pretende la Casa Blanca para la construcción del muro.

Se trata de una decisión que genera división en la base demócrata, pues aunque el acuerdo podría incluir también la protección a los jóvenes inmigrantes, la concesión para la construcción del muro sería un duro revés para este partido y una victoria para Trump de cara a las elecciones legislativas de finales de año.

Mientras en la esfera política siguen las negociaciones, cientos de miles de inmigrantes viven en la incertidumbre y con el temor de ser deportados a pesar de no tener prácticamente ya ningún lazo en sus países de origen y su futuro se ha convertido en una moneda de cambio para alcanzar acuerdos.

Trump ha sido contundente y mientras se define si habrá o no muro, se ha valido de todos los recursos a su alcance para emprender la mayor ofensiva de Estados Unidos en contra de la población migrante en la historia reciente.

No más brazos abiertos

El giro en la política migratoria de Trump -tal y como lo había adelantado en campaña- está teniendo un profundo impacto social en los Estados Unidos, un país que debido al exacerbado nacionalismo de su líder político parece darle la espalda a quienes han tenido que salir de sus países por persecución, violencia, crisis humanitaria o simplemente para buscar una mejor calidad de vida.

El retiro del Estatus de Protección Temporal -un programa especial para evitar la deportación nacido en 1990- a más de 200 mil salvadoreños abre la puerta para la que podría convertirse en la mayor deportación masiva en la historia de los Estados Unidos.

La mayoría de estos centroamericanos llegaron después de 2001 tras los terremotos que sacudieron a El Salvador, aunque muchos migrantes llegaron a los Estados Unidos en las décadas de 1980 o 1990 para escapar de la guerra civil y también pudieron disfrutar del programa temporal de protección.

Años después de haber llegado a territorio estadounidense, gran parte de ellos no conoce otra vida que no sea en ese país, por no mencionar los hijos que han tenido y quienes sí cuentan con la ciudadanía, por lo que la medida podría además separar a miles de familias.

La administración actual también ha cancelado en el último año otros programas de protección temporal para inmigrantes provenientes de Haití y Nicaragua, aunque estas medidas afectaron a muchos menos inmigrantes, aproximadamente 59 mil haitianos y 5 mil 300 nicaragüenses.

En el caso de Haití, el programa de protección temporal se activó en 2010 tras el terremoto y en el caso de los nicaragüenses tras el huracán Mitch en 1998.

Tanto en estos casos como en el de El Salvador, el Departamento de Seguridad esgrimió prácticamente el mismo argumento: las condiciones originales de emergencia que causaron la aplicación de la Protección Temporal ya no existen.

Una situación similar viven los cerca de 800 mil dreamers, jóvenes que llegaron en su niñez a Estados Unidos y cuyo futuro está en el aire por la eliminación del programa DACA, que los protegía de ser deportados a sus países de origen, donde la gran mayoría ya no tiene ningún lazo.

Trump dio un plazo hasta este mes de marzo para que los Congresistas presenten un programa para regularizar la situación de estos jóvenes en el país, pero con un Capitolio controlado por los republicanos luce difícil una reforma amplia que proteja a los migrantes sin que se tenga que pagar un alto costo político por ello.

La muestra más clara es el polémico veto migratorio, firmado pocos días después de asumir en el despacho oval y que prohibía la entrada a migrantes de siete países de mayoría musulmana y suspendía indefinidamente el asilo a refugiados.

Esta medida no solo causó la indignación de la comunidad internacional y algunos roces diplomáticos, sino le trajo a Trump su mayor enfrentamiento con el Poder Judicial, que en un par de ocasiones intentó invalidar el decreto; aunque ya sin el mismo alcance y acotado, el veto sigue vigente el día de hoy.