Una abogada iraní está en la cárcel por proteger los derechos de las mujeres de su país. Su nombre es Nasrin Sotoudeh y fue condenada a 38 años de prisión y a recibir 148 latigazos por siete cargos, entre ellos cuatro basados en su oposición a usar de forma obligatoria el velo denominado hiyab. Esta sentencia es la más severa de las registradas contra defensores de los derechos humanos en Irán en los últimos años, de acuerdo con organizaciones como Amnistía Internacional.
“El Código Penal de Irán tiene muchas disposiciones problemáticas que las autoridades del país utilizan para criminalizar el trabajo de los defensores de los derechos humanos.... Hemos documentado sentencias duras contra defensores en Irán en los últimos años, pero la sentencia de Nasrin Sotoudeh es la más severa”, dice Mansoureh Mills, investigadora de Amnistía Internacional para Irán en entrevista con Reporte Índigo
Sotoudeh fue detenida en su domicilio el 13 de junio de 2018. En febrero de este año, la oficina de aplicación de condenas de la prisión de Evín, en Teherán, donde está encarcelada, le comunicó que fue declarada culpable de siete cargos.
En el pronunciamiento de su sentencia se aplicó el artículo 134 del Código Penal iraní, que permite a los jueces imponer una pena superior a la máxima legalmente establecida cuando la persona acusada se enfrenta a más de tres cargos.
En el caso de Sotoudeh, el juez Mohammad Moghiseh aplicó la pena máxima por cada uno de los siete cargos y después añadió cuatro años más al periodo total de prisión.
La investigadora de la organización internacional explica que la sentencia que enfrenta la abogada proviene de dos casos diferentes. La condena aplicada por Moghiseh fue de 33 años y 6 meses en prisión y 148 latigazos. Esta pena se suma a los 5 años de otro proceso contra la defensora que concluyó en 2016.
Mansoureh Mills comenta que cuatro de los siete cargos por el caso más reciente están basados en la oposición de la abogada a llevar el hijab de forma obligatoria. Este velo es usado por algunas mujeres musulmanas como un gesto de modestia.
Los cargos relacionados con la oposición a usar el velo son por incitar a la corrupción y la prostitución, cometer abiertamente un acto pecaminoso al aparecer en público sin un hijab, perturbar el orden público y desestabilizar la opinión pública
Mansoureh Mills puntualiza que las actividades pacíficas de Sotoudeh contra el hijab obligatorio, incluidas las realizadas en su papel de abogada, como reunirse con sus clientes, se utilizaron para construir la causa penal contra ella.
De acuerdo con el artículo 368 del Código Penal de Irán, todo acto que se considere ofensivo para la moral pública es castigado con una pena de entre 10 días y 2 meses de prisión o 74 latigazos.
Una nota aclaratoria de ese artículo expone que las mujeres a las que se vea en público sin velo serán castigadas con una pena de entre 10 días y 2 meses de prisión o una multa. La ley se aplica incluso a niñas de nueve años, que es la edad mínima de responsabilidad penal para las menores de edad en Irán.
Los otros tres cargos en contra de la abogada como parte del caso más reciente son por formar un grupo con el propósito de perturbar la seguridad nacional, difundir propaganda contra el sistema y reunirse y conspirar para cometer delitos contra la seguridad nacional.
La investigadora de Amnistía Internacional comenta que para estos tres cargos individuales también se basaron en actividades pacíficas que las autoridades consideran criminales. Estas actividades incluyen la pertenencia a grupos de derechos humanos como el Centro para Defensores de los Derechos Humanos y la Campaña para la Abolición Paso a Paso de la Pena de Muerte.
No es la primera vez que la abogada enfrenta un proceso legal. En septiembre de 2016, la Sección 28 del Tribunal Revolucionario de Teherán condenó a Sotoudeh a cinco años de prisión en un caso separado
El Tribunal Revolucionario de Teherán la declaró culpable en su ausencia. No estuvo presente durante el juicio porque las autoridades de la corte dijeron que no llevaba la vestimenta islámica adecuada y rechazó su entrada.
La investigadora de Amnistía Internacional para Irán considera que ambos juicios fueron sumamente injustos. En el caso más reciente, Sotoudeh dijo que su juicio tuvo lugar en ausencia de ella y de su abogado y que el veredicto también se había emitido sin su presencia. También declaró que en ambos procesos legales contra ella no se le permitió acceder a su representante legal durante la detención ni durante el juicio mismo.
Ante este tipo de situaciones, Mansoureh Mills asegura que Amnistía Internacional pide desde hace años a las autoridades iraníes que modifiquen las disposiciones draconianas del Código Penal para adaptarlas al derecho internacional.
En la actualidad, Sotoudeh tiene la opción de recurrir la decisión judicial, pero renunció a hacerlo para no legitimar una sentencia fruto de lo que la activista considera un proceso legal injusto.
Por su trabajo como defensora
La sentencia contra la abogada está relacionada con su labor como defensora de derechos humanos. Ha enfrentado años de hostigamiento, intimidación y arrestos debido a su trabajo y sus acciones como activista, de acuerdo con Amnistía Internacional.
La investigadora para Irán explica que la abogada siempre ha sido intrépida al enfrentar casos difíciles que muchos otros representantes legales evitarían. Estos incluyen la defensa de presos políticos y jóvenes condenados a pena de muerte. De hecho, es conocida por su oposición a la ejecución como castigo a un delito.
La abogada recibió en 2012 el Premio Sájarov por su trabajo de defensa de los derechos humanos
Además, algunas de sus clientas son activistas, por ejemplo, Sotoudeh representó a otra reconocida abogada de derechos humanos, la Premio Nobel de la Paz Shirin Ebadi.
En 2018, la abogada también asumió los casos de varias mujeres que habían sido arrestadas por protestar pacíficamente por las leyes relacionadas al hijab obligatorio. Una de ellas es Shaparak Shajarizadeh, quien huyó de Irán y ahora se encuentra en Canadá, donde publica tuits en apoyo de quien fue su representante legal y otras defensoras.
“Esta mariposa sigue viva con un nuevo propósito: permanecer al lado de otras mujeres que pagaron grandes precios por ser ellas mismas y luchar hasta que recuperemos nuestra dignidad”, publicó Shaparak en Twitter.
Además, Mansoureh Mills opina que no es común una sentencia tan dura por los delitos que supuestamente cometió la Sotoudeh. Para la investigadora de Amnistía Internacional las autoridades iraníes están tratando de poner un ejemplo a partir de Sotoudeh para intimidar a otras mujeres que luchan por sus derechos.
La representante de la organización internacional agrega que las autoridades están desconcertadas y aterrorizadas por el movimiento pacífico de los derechos de las mujeres que está ganando cada vez más fuerza.
El movimiento por los derechos de las mujeres exhorta a las autoridades iraníes a abolir las leyes discriminatorias de hijab obligatorio que requieren que todas las mujeres y niñas mayores de nueve años usen el hijab y la ropa suelta en público.
“A medida que más y más mujeres desafían estas leyes abusivas y se quitan el velo en actos pacíficos de protesta en público, las autoridades iraníes tratan de silenciarlas”
Latigazos como condena
La sentencia en contra de Sotoudeh Nasrin sorprende en Occidente porque incluye 148 latigazos. La mitad de esa condena física es por cometer abiertamente un acto “pecaminoso” al aparecer en público sin un hijab porque se quitó el velo durante una visita a la prisión con su familia y el resto por perturbar la opinión pública.
Los azotes y otros castigos similares son comunes en las sentencias en Irán. Las autoridades judiciales del país realizaron otros castigos crueles e inhumanos equivalentes a torturas, incluidos latigazos, ceguera y amputaciones contra hombres y mujeres, según Mansoureh Mills, investigadora de Amnistía Internacional para Irán.
En 2018, cientos de personas fueron arrestadas en fiestas privadas mixtas y algunas fueron sometidas a penas de flagelación, de acuerdo con Amnistía Internacional. El año pasado, algunos periodistas y trabajadores de medios en línea fueron arrestados y detenidos arbitrariamente; varios fueron procesados y recibieron sentencias de prisión y flagelación en algunos casos
Al considerar que su sentencia es injusta, Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que liberen a Sotoudeh de forma inmediata e incondicional, ya que creen que es una presa de conciencia encarcelada únicamente por su labor pacífica de derechos humanos.
La asociación también demandan a los gobiernos con influencia sobre las autoridades iraníes que soliciten la liberación de la abogada.
En espera de su excarcelación, la organización también pide a las autoridades que se aseguren de que Sotoudeh tenga contacto regular con su familia y con un abogado de su elección.
Además, la asociación solicita que dejen de criminalizar el trabajo de las defensoras de los derechos de las mujeres, incluidos aquellas que protestan pacíficamente contra el hijab forzado.
Amnistía Internacional tiene una campaña a través de una petición para lograr la liberación de Sotoudeh. La petición que se encuentra en la página de la organización ya reunió más de medio millón de firmas de todo el mundo. La reacción en defensa de Sotoudeh se extendió en los últimos días por todo el mundo, con adhesiones a las campañas de Italia, Holanda, Reino Unido y Canadá.
De acuerdo con Mansoureh Mills, la organización internacional se mantiene con esperanzas para lograr la liberación de Sotoudeh porque la abogada fue encarcelada en 2010 por los cargos de difusión de propaganda contra el sistema y reunión para cometer delitos contra la seguridad nacional y fue liberada tres años antes de lo estipulado en su sentencia como resultado de un indulto y después de una intensa presión internacional.
Casos similares
La sentencia en contra de Sotoudeh se suma a otras similares. Hadi Ghaemi, director ejecutivo del Centro para los Derechos Humanos en Irán (CHRI, por sus siglas en inglés), dijo el 20 de marzo que el caso de la abogada se une a la gran cantidad de activistas que están en prisión por su labor en defensa de los derechos humanos.
“Esto refleja la profundidad de la represión en Irán, donde se criminalizan las actividades más pacíficas, y las autoridades ignoran incluso los estándares más mínimos de la ley y la justicia”, aseguró el director de CHRI.
En los últimos cuatro años, los grupos de derechos humanos documentaron un aumento en la duración de las penas de prisión dictadas a los activistas de derechos humanos.
Según el artículo 134 del código penal de Irán, que entró en vigencia en 2014, cada acusado cumplirá la sentencia más dura de todas, pero el patrón de sentencia sugiere un aumento significativo en la criminalización de la libertad de expresión y la reunión pacífica, de acuerdo con la organización Human Right Watch.
La sentencia de Sotoudeh incluye 148 azotes. Otros castigos similares son comunes en Irán
Por ejemplo, la joven Shaparak Shajarizadeh fue condenada a 20 años de prisión, 18 de ellos condicionados, por su protesta pacífica contra el uso obligatorio del hiyab. Huyó de Irán tras ser puesta en libertad bajo fianza, y desde entonces ha descrito en entrevistas a los medios de comunicación cómo fue sometida a tortura y otros malos tratos en régimen de aislamiento y cómo le negaron el acceso a su abogado.
Otro caso similar sucedió el año pasado. En agosto, las autoridades del Ministerio de Inteligencia arrestaron a Farhad Meysami, un defensor de los derechos humanos que protestaba contra las leyes obligatorias sobre el hijab. Meysami se embarcó en una huelga de hambre a largo plazo después de su arresto para protestar por los cargos.
Ante estos casos, diferentes organizaciones internacionales de derechos humanos exigen la liberación de los activistas y abogados. Consideran que la ley iraní provoca que decenas de defensores y defensoras de los derechos humanos estén tras las rejas sólo por su activismo pacífico.