No lloren 
por mí, 
tribunales

Yo en 2015 quiero ser jueza. ¿Para qué presidenta?”, afirmó Cristina Fernández días atrás al ironizar sobre una hipotética candidatura para un tercer mandato. 

“No pagas impuesto a las ganancias, nadie te conoce, viajas sin explicar nada, las ventajas son innumerables”.

No es común que un mandatario cuestione públicamente a algún juez, pero el comentario no sorprendió a nadie en Argentina, donde Fernández se ha enfrascado en una feroz batalla con el Poder Judicial y, en particular, con la Corte Suprema.

La viuda de Néstor Kirchner achaca a los jueces privilegios injustificados y sostiene que el sistema judicial necesita ser modernizado. 

Políticos, académicos y muchos de los propios miembros del aparato judicial coinciden en la necesidad de una renovación, pero critican la forma en que la presidenta libra su campaña en busca de modernizar el Poder Judicial. Y sospechan de sus intenciones.

Si bien Fernández ha obtenido buenos dividendos electorales en disputas políticas cuerpo a cuerpo en el pasado, “esta pelea es más complicada y tiene costos más graves que otras que ha dado.

“Se puso en frente a casi todo el poder judicial y solo recibe fallos en contra en las últimas semanas”, comentó el analista Ignacio Fidanza, director del portal La Política Online a la agencia de noticias The Associated Press.

Lo más llamativo es que hasta hace no mucho el máximo tribunal era elogiado por el gobierno. 

La mayoría de sus actuales miembros ingresaron al comienzo de la presidencia de su antecesor y difunto esposo Néstor Kirchner en 2003

Kirchner impulsó entonces la salida o renuncia de varios altos magistrados cuestionados por su supuesta obsecuencia con el exmandatario Carlos Menem en los años 90.

Cristina Vs. los jueces

La ruptura se gestó a partir de una serie de fallos que no cayeron bien al gobierno, incluidos uno de enero del 2013 en el que un tribunal suspendió la expropiación de los predios de la Sociedad Rural en un barrio exclusivo de Buenos Aires que había dispuesto el gobierno aduciendo que habían sido vendidos a esa entidad a precio vil en la gestión de Carlos Menem.

Poco después, en abril, un tribunal de segunda instancia falló a favor de Grupo Clarín en su disputa con el gobierno, que acusa a ese poderoso conglomerado de medios de manipular la realidad y de ser uno de los principales enemigos del oficialismo.

En junio la Corte Suprema rechazó el eje principal de la reforma judicial que planteó el gobierno y quedó en su mira, sobre todo su titular, Ricardo Lorenzetti, a quien allegados a la mandataria acusan de utilizar su puesto para “hacer campaña” con el fin de competir en un futuro por el sillón presidencial. 

Las autoridades fiscales han iniciado una investigación de las declaraciones impositivas de los hijos del magistrado y su secretario administrativo.

“La intención no era modernizar sino impedir medidas cautelares contra el gobierno y facilitar la incorporación de jueces adictos”, dijo el abogado Gregorio Badeni a AP.

Otros analistas creen que Fernández busca controlar la agenda política y desviar la atención sobre la creciente inflación. 

Sostienen además que el objetivo de la mandataria es restar credibilidad al poder judicial para que la opinión pública considere inverosímiles las denuncias de corrupción que han salpicado a allegados del gobierno.

Fuego cruzado

Algunos especialistas afirman que en esta ocasión Fernández eligió un mal adversario. 

La Corte, un tribunal que en términos generales es elogiado por la mayoría de los juristas y abogados, tiene pendiente la definición de varias causas que el oficialismo mira con lupa, incluida la de Clarín.

El alto tribunal tiene que pronunciarse sobre la supuesta inconstitucionalidad de un punto central de una ley que establece un límite de licencias para el multimedios en el sector audiovisual. 

Lograr que Grupo Clarín cumpla con lo que estipula la norma, pensada para “combatir los monopolios”, es un reto personal para Fernández y una fuerte apuesta política.

Junto con ello, el tribunal está a la espera de que le llegue un fallo que declaró inconstitucional la restricción de la compra de dólares impuesta por el gobierno en 2011 para frenar la fuga de divisas y acopiar más reservas. 

Badeni consideró “grave” el clima de tensión entre el gobierno y gran parte del poder judicial. 

Según Fornoni, Fernández no está tan fuerte como antaño, ha bajado en las encuestas por los últimos escándalos de corrupción que han salpicado a allegados y todavía tiene que sortear dos años y medio de mandato. La constitución le prohíbe aspirar a un tercer período consecutivo. 

“En el peronismo las peleas por la sucesión son mortales; todos están olfateando el cadáver”.

La disputa con la Corte tuvo como principal disparador la polémica reforma judicial oficialista aprobada recientemente en el Parlamento gracias al peso del oficialismo. 

El alto tribunal declaró inconstitucional la elección por voto popular de los miembros del órgano encargado de la selección y remoción de los jueces, teniendo en cuenta el peso de las mayorías y minorías electorales.

Seis magistrados de la Corte que se pronunciaron en contra del corazón de la reforma afirmaron que se compromete la independencia judicial “al obligar a los jueces a intervenir en la lucha partidaria”. Solo un magistrado votó de forma disidente y es el que está considerado más afín al gobierno.

Los críticos de la reforma judicial opinan que los cambios defendidos por el gobierno vulneran la independencia de la justicia y que el verdadero motivo que persigue el Ejecutivo es contar con jueces adictos. Pero Fernández sostiene que la reforma busca “democratizar” el sistema judicial, terminar con los privilegios de la “corporación de jueces”, como el hecho de que no paguen impuestos por sus ingresos como hace el común de los asalariados del país.

Expertos en derechos de distinta índole coinciden en que son necesarios muchos cambios, aunque no los más polémicos que ha impulsado el gobierno. 

Aquellos son la agilización de la justicia mediante la modernización de su infraestructura, así como la implementación de la oralidad en todos los procesos judiciales y la del juicio por jurado para facilitar la comunicación de la gente con el sistema judicial.  (The Associated Press)