Ojo por ojo

¿Merece morir un asesino? ¿Qué tan humano es quitarle la vida a un criminal? ¿Es más barato mantener a un delincuente toda su vida en prisión o sentenciarlo a lo muerte?

Estas son las preguntas que revive el caso de Dylann Roof, el presunto responsable del tiroteo en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, donde nueve afroamericanos murieron.

El estado de Carolina del Sur acusó a Roof de nueve cargos de asesinato, tres de intento de homicidio y uno de posesión de armas, mientras que el Gobierno federal le imputó 33 cargos más, incluyendo uno por crimen de odio.

La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, demandó que se buscara la pena de muerte para el presunto atacante, lo que ha provocado críticas de liberales que acusan de inhumanas estas condenas y de conservadores que cuestionan su practicidad. 

De hecho, aunque Estados Unidos (EU) es una de las pocas naciones desarrolladas que aún aplican la pena de muerte, analistas indican que la pena de muerte desaparecería de la nación en un par de décadas, ante cambios en regulaciones y la opinión pública.

La sentencia de muerte es legal en 31 entidades de EU, pero 19 estados ya la abolieron.

Nebraska es la última entidad en prohibir esta condena, pues en mayo pasado su congreso estatal abolió esta práctica a pesar de la oposición del gobernador, lo que habla de un cambio en la opinión pública. 

En otros estados, la autoridad ha cesado este método en la práctica, como California, donde hay 743 prisioneros en el corredor de la muerte, pero sólo se han realizado 13 ejecuciones desde 1976, según el Centro de Información de la Pena de Muerte.

Además, las compañías farmacéuticas europeas que fabrican las drogas necesarias para la inyección letal anunciaron en el 2013 que restringirían su venta a EU.

“Podríamos ver el final de la pena capital en los próximos 20 años”, declaró a la BBC Robert Dunham, del Centro de Información de la Pena de Muerte.

“Estamos viendo que eso está pasando (el fin de la táctica) uno a uno, estado a estado. E incluso en entidades que sí la tienen (la pena capital) vemos que se realiza con menos frecuencia y se condena con menor frecuencia”.

Aun así, al inicio del 2015 había más de tres mil prisioneros en el corredor de la muerte, de los que 56 eran mujeres.

Texas es la entidad que lidera en esta práctica, pues ha realizado 526 ejecuciones desde 1976, muy lejos de los 112 casos del segundo lugar, Oklahoma.

Diferentes puntos de vista

> Liberales: es inhumano

Periodistas cuestionan qué tan humano es quitarle la vida a un asesino.

“Lo único cierto es que la ley parece decidida a rebajarse al nivel de Dylann Roof”, escribió Richard Cohen, en The Washington Post.

“(La pena de muerte) permanece relegada a los callejones de atrás de la Tierra: Afganistán, China, Irán, Corea del Norte, Arabia Saudita, Rusia y otros más”. 

Por otro lado, activistas advierten que, ante el racismo sistemático e institucional de EU, esta práctica vulnera a las minorías.

“La sentencia de muerte, tanto en EU como en el resto del mundo, es discriminatoria y se usa de modo desproporcionado contra los pobres, las minorías y miembros de comunidades raciales, étnicas y religiosas”, detalla Amnistía Internacional en su sitio. 

> Conservadores: es ineficiente

Philip Holloway, abogado criminal y analista legal de CNN, argumentó en un artículo de opinión que él no tiene objeción moral contra la pena de muerte, pero que es una táctica costosa y menos punitiva que una vida entera en prisión.

“Es difícil ver a la pena capital como algo ‘cruel’ o ‘inusual’ cuando las víctimas sufren con frecuencia peores muertes que el asesino en cuestión, pero el hecho es que hay muchas razones prácticas por las que la pena de muerte ya no tiene sentido”, opinó. 

Holloway cita datos de la Unión Americana de Libertadas Civiles que revelan que un juicio en el que se busca la pena de muerte puede llegar a costa 3.5 millones de dólares, mientras que uno sin este propósito cuesta en promedio 150 mil dólares.

Además, el analista sostiene que un juicio que busca la condena de muerte es más difícil para las familias de las víctimas, pues puede tardar en consumarse 25 años.

Y un argumento en el que coinciden analistas de ambos espectros ideológicos es que el sistema legal puede cometer errores y condenar a la muerte a personas inocentes.