El expresidente brasileño Michel Temer fue detenido este jueves por la mañana en São Paulo en una operación policial vinculada al caso de corrupción Operación Lava Jato. Esta investigación que comenzó hace cinco años también provocó el encarcelamiento del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y la condena de otras 155 personas.
Temer fue detenido como presunto jefe de una organización criminal que negociaba sobornos a cambio de contratos de obras en la planta nuclear Angra 3, en el estado de Río de Janeiro.
La operación bautizada Radiactividad investiga crímenes de corrupción, desvío de fondos y blanqueo de dinero debido a posibles pagos ilícitos efectuados por un empresario para la organización criminal liderada por Temer, de acuerdo con un comunicado del Ministerio Público Federal (MPF).
El expresidente fue detenido por orden de Marcelo Bretas, juez a cargo en Río de Janeiro de la Operación Lava Jato, el escándalo que destapó una red de sobornos pagados por grandes constructoras a políticos para obtener contratos en Petrobras
El juez dictó órdenes de prisión preventiva contra Temer y otros siete sospechosos, entre ellos el exministro de Minas y Energía Moreira Franco.
La prisión preventiva contra el exmandatario y sus presuntos cómplices se justifica, según el comunicado del MPF, por la sospecha de que forman una organización criminal en plena actividad, envuelta en hechos concretos de clara gravedad.
Las denuncias se formularon con base en confesiones de un empresario implicado en el caso, obtenidas a cambio de una reducción de condena.
El monto identificado en el caso por el que fue detenido Temer, que data de fines de 2014, fue de 1.09 millones de reales que equivalen a 500 mil dólares al cambio promedio de ese año.
Investigación de más de cinco años
El arresto de Temer es un brazo de la operación Lava Jato que empezó el 17 de marzo de 2014 e implicó a la élite empresarial y política de Brasil y otros países de América Latina.
Lava Jato incluye en la actualidad mil 196 órdenes de búsqueda y aprehensión, 227 de conducción coercitiva y 310 de prisión contra 267 personas, algunas de las cuales siguen prófugas, de acuerdo con datos del Ministerio Público del país sudamericano.
La justicia brasileña también dictó sentencias en 50 procesos e impartió 242 condenas contra 155 personas. La suma de las penas totaliza 2 mil 242 años y 5 días.
Además, como parte del operativo se realizaron 10 acciones en contra de casos de corrupción administrativa contra 63 personas físicas, 18 empresas y tres partidos políticos (PP, MDB e PSB). El poder judicial requirió el pago de 18 mil 300 millones de reales (cerca de 4 mil 800 millones de dólares) por estos delitos.
Una centena de políticos también fueron involucrados en la operación Lava Jato. El caso más importante es el del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra preso por corrupción y lavado de dinero desde abril de 2018. Fue condenado por recibir un apartamento y beneficiarse de las obras en una casa de campo que frecuentaba, a cambio de beneficiar a ciertas constructoras en contratos con Petrobras.
Otro de los casos destacados es el del exmandatario Fernando Collor, quien fue enjuiciado tras haber sido acusado de recibir sobornos para facilitar contratos en una subsidiaria de Petrobras.
Inicio de la investigación
La operación Lava Jato comenzó con la captura de una veintena de personas en siete estados brasileños. Las investigaciones revelaron que empresas constructoras pagaban millonarios sobornos para adjudicarse contratos amañados de la petrolera estatal Petrobras.
No obstante, las pesquisas se remontan a julio de 2013, cuando la policía de Curitiba, al sur del Brasil, descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde puestos de lavado automático de autos conocidos como lava jato. De ahí surgió el nombre de la operación más famosa de Brasil.
El éxito de esta operación y todos sus brazos han sido los acuerdos con la justicia, conocidos en Brasil como “denuncias premiadas”, una herramienta que consta en que los implicados compartan información a cambio de beneficios como la reducción de las penas
Además, la investigación no se reduce a Brasil. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló en 2016 que 12 países recibieron 788 millones de dólares por parte de Odebrecht a cambio de contratos en 12 países de 2001 a 2016.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, la compañía pagó sobornos para garantizar contratos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela.
Los intocables
Sólo dos países con acusaciones relacionadas a Lava Jato no presentan consecuencias legales: México y Venezuela
En diciembre de 2016, la empresa Odebrecht llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se reveló la entrega de 10.5 millones de dólares a dos altos directivos de una compañía mexicana de energía.
También, el exdirector de la constructora en México reconoció en una confesión ante las autoridades brasileñas un soborno adicional de 4 millones de dólares a Emilio Lozoya, quien fue coordinador de Vinculación Internacional en la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto y director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante cuatro de los seis años de su presidencia.
La Fiscalía General está obligada a perseguir los delitos de Odebrecht, sin embargo, las investigaciones se encuentran en pausa en México