Algunos escépticos temían que los congresistas del partido de Pérez Molina pudieran inclinar la balanza a su favor
Se ha hecho historia en Guatemala después de que el Congreso ha despojado a Otto Pérez Molina de la inmunidad constitucional que le garantizaba la presidencia y un juez le dictó un arraigo para que no pueda salir del país. En una sesión plenaria el Congreso Guatemalteco aprobó la recomendación que la Comisión Internacional para el Combate a la Impunidad en Guatemala (CICIG) hiciera la semana pasada.
Después de esta decisión, el presidente podrá ser investigado por su presunta participación en la red de corrupción conocida como La Línea, en la que funcionarios de su gobierno presuntamente recibieron sobornos para ayudar a empresarios a evadir impuestos.
Se necesitaban 105 votos de un total de 158 congresistas para lograr que se cumpliera la recomendación de la comisión avalada por la ONU. El resultado de la votación fue arrollador – 132 diputados presentes votaron a favor del desafuero -.
Se espera que los manifestantes guatemaltecos que habían salido a protestar en días anteriores llenen la Plaza de la Constitución con expresiones de júbilo y esperanza. Esta decisión sienta un precedente en el país y en la región.
Algunos escépticos temían que los congresistas del partido de Pérez Molina pudieran inclinar la balanza a su favor y pusieron momentáneamente en duda una resolución positiva. Esto después de que el lunes el presidente negó rotundamente las acusaciones y arremetiera contra la CICIG, negándose a dimitir y asegurando que su gobierno no pospondría la elección presidencial del próximo domingo.
Sin precedentes
Esta es la primera vez que en Centroamérica se le retira la inmunidad a un presidente electo para enfrentar una investigación judicial.
Cabe destacar que el presidente no ha renunciado a su cargo y la pérdida de la inmunidad no lo obliga a dejarlo. Ya en reiteradas ocasiones Pérez Molina ha dicho que enfrentará los cargos que se le imputan como presidente. La vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció en mayo, ya ha sido detenida por las autoridades y enfrenta acusaciones similares.
La oposición pidió posponer las elecciones presidenciales del próximo domingo 6 de septiembre. Esta decisión aún no ha sido tomada y se espera que en breve se aclare si la jornada electoral se realizará o no.
