La iniciativa para legalizar el aborto en Argentina se presentó este martes en el Congreso. La Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito entregó otra vez el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo que el año pasado fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero rechazado en el Senado.
La entrega del proyecto coincidió con el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y logró más de 70 firmas de legisladores de todos los partidos políticos.
Como en 2018, en esta ocasión también destacaron las marchas y concentraciones en todo Argentina a favor de la legalización del aborto. Miles de mujeres acompañaron la iniciativa frente al Congreso y participaron en las manifestaciones políticas que se desarrollaron en Buenos Aires y en otras ciudades del interior del país.
Las protagonistas de la movilización en la Plaza del Congreso fueron adolescentes que se mezclaron con actrices, batucadas y banderas tejidas. Las calles aledañas al edificio legislativo lucieron colmadas de mujeres con el emblemático pañuelo verde hasta entrada la noche.
Uno de los momentos representativos de la jornada fue cuando el colectivo Tejiendo Feminismos desplegó en el piso una bandera hecha al crochet con 180 cuadrados verdes.
Las integrantes del colectivo bordaron en los cuadros los nombres de Lucía Pérez, Marita Verón, Araceli Fulles y Wanda Taddei, junto a los de muchas mujeres víctimas de femicidio, intercalados con frases como “niñas, no madres” y “que sea ley”.
Además de la ola verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito y otros colectivos feministas, varios puestos de organizaciones de derechos humanos y de partidos políticos destacaron en la avenida Entre Ríos.
El texto de la iniciativa de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo se presentó con algunas modificaciones como la que establece que toda mujer u “otras identidades con capacidad de gestar” tienen derecho a “decidir voluntariamente” y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas.
Aprobación poco probable
No obstante, la aprobación de la iniciativa de ley es complicada porque el Congreso continúa dividido como el año pasado. Algunos legisladores están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de contextos, mientras otros aprueban el aborto legal, seguro y gratuito.
El primer proyecto de ley fue aprobado el 14 de junio de 2018 por la mayoría de diputados, pero fue rechazado por el Senado en la sesión celebrada el 8 de agosto pasado
“La presentación tiene que ver con que siempre exista un proyecto vigente para que cuando haya oportunidad se debata. Creo que este año tenemos la misma composición y por ende la posibilidad de que el resultado sea el mismo”, dijo la diputada macrista Silvia Lospennato, favorable a la legalización del aborto.
La internacionalista Norma Soto Castañeda asegura que la ley no será aprobada porque el Congreso está dividido y el contexto actual argentino no permitirá discutir un tema como la legalización del aborto.
“La ley no será aprobada porque hay una ala conservadora en el Congreso que no está a favor del aborto y también hay mucha presión de los grupos religiosos. El poder legislativo está dividido y será discutir de nueva cuenta un tema muy polémico que difícilmente pueda avanzar”, asegura Soto Castañeda.
Además, la aprobación el proyecto es difícil porque se acercan las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 27 de octubre. Ningún candidato está dispuesto a perder votos por posicionarse a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.
“Tomar el estandarte del aborto no es la mejor opción porque es un arma de doble filo. Los candidatos pueden ganar o perder votos según la perspectiva del elector. Es un tema delicado acercándose las elecciones, sin embargo, como estrategia política también puede generar revuelo porque la gente empieza a opinar y eso aumenta la participación en los comicios”, añade la internacionalista.
Sin importar estas complicaciones, las organizaciones feministas mantienen sus esperanzas en la renovación de 24 de las 72 bancas del Senado, prevista en los comicios de octubre. También se renovará la mitad de la Cámara Baja.
“Esta vez el tema ya está instalado en la sociedad, será una pregunta más natural para los candidatos que tendrán que decir qué posición llevarán al Congreso”, afirmó Victoria Tesoriero, dirigente de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Victoria Donda, una de las diputadas que apoyó con su firma la presentación del proyecto, consideró necesario exigirle a los candidatos que aclaren su postura.
El aborto no es piantavotos (espanta votantes), es una cuestión de salud pública
El presidente Mauricio Macri, que buscará su reelección, fue el primer gobernante en habilitar el debate parlamentario, sin embargo, se declaró “a favor de la vida”, aunque aseguró que si la norma se aprobaba no la vetaría.
La exmandataria y senadora Cristina Fernández de Kirchner, principal opositora y candidata a la vicepresidencia, rehusó lanzar el debate durante sus dos periodos como mandataria, pero en 2018 votó a favor de la iniciativa.
Su compañero de fórmula, Alberto Fernández, candidato a la presidencia, se ha declarado a favor de la despenalización, aunque sin avanzar en la legalización.
En Argentina, el aborto se permite cuando está en peligro la vida de la mujer o cuando el embarazo es producto de una violación, sin precisar las semanas de gestación.
No obstante, médicos y algunos gobiernos provinciales se resisten a aplicar la ley y niñas de 11 años han sido obligadas a seguir el embarazo o sometidas a cesáreas por la judicialización de sus casos.
Un informe del Centro de Estudios de Población (Cedes), estimó que en Argentina se practican 450 mil abortos clandestinos cada año que dejan un centenar de mujeres muertas.
“Los abortos se siguen practicando en pésimas condiciones y las mujeres mueren en contextos de clandestinidad”, denunció Mariela Bielski, directora de Amnistía Internacional Argentina.
En América Latina, el derecho al aborto sólo está despenalizado en su totalidad en Uruguay, Cuba, Guayana, Guayana Francesa y Puerto Rico, de acuerdo con Center for Reproductive Rights. El resto de países sólo lo permiten con condicionantes.
