El papa Francisco aprobó el jueves una ley innovadora que ordena a todos los sacerdotes y monjas católicos de todo el mundo reportar a las autoridades eclesiásticas todos los abusos sexuales del clero o pederastia y los intentos de cubrir estos hechos por parte de sus superiores, en un nuevo esfuerzo para exigir responsabilidades a la jerarquía católica por no proteger a sus fieles.
La nueva ley ofrece protección a cualquiera que haga la denuncia y ordena a todas las diócesis que introduzcan un sistema para recibir las denuncias de forma confidencial. También establece procedimientos para hacer investigaciones preliminares cuando el acusado es un obispo, cardenal o superior religioso.
Se trata de una nueva iniciativa de Francisco para responder al estallido global de escándalos por abusos sexuales e intentos de cubrirlos, que ha devastado la credibilidad de la cúpula de la Iglesia católica y de su propio pontificado. La medida ofrece un nuevo marco legal para los obispos estadounidenses, que se preparan para introducir medidas de control el mes que viene en respuesta al escándalo en su país.
“Hemos dicho durante años que los sacerdotes deben atenerse a ciertas normas estrictas, así que ¿por qué no iban a hacer lo mismo los obispos y otros en la jerarquía?”, dijo el cardenal Marc Ouellet, responsable de la oficina vaticana para obispos. “No es solo una ley, sino una responsabilidad profunda”.
La ley convierte a los 415 mil sacerdotes católicos y 660 mil religiosas del mundo en informantes obligados. Eso implica que se les exige informar a las autoridades eclesiásticas cuando sepan o tengan “motivos bien fundados para creer” que un clérigo o hermana ha cometido abusos sexuales a un menor, ha entablado relaciones sexuales indebidas con un adulto, posee pornografía infantil o es un superior que ha ocultado cualquiera de esos delitos.
La ley no requiere reportarlos a la policía. El Vaticano lleva tiempo alegando que hacerlo solo pondría en peligro a la Iglesia en zonas donde los católicos son una minoría perseguida. Sin embargo, sí especifica por primera vez en una norma universal para la institución que deben cumplir con los requisitos legales sobre denuncias del lugar donde viven, y que su obligación de reportar a la iglesia no interfiere con eso.
Si se aplica en su totalidad, el Vaticano podría ver un alud de denuncias de abusos y ocultaciones en los próximos años. Como la ley no es de naturaleza penal se puede aplicar de forma retroactiva, de modo que sacerdotes y monjas están obligados ahora a reportar incluso casos antiguos de abusos y encubrimiento, con protecciones como informantes por hacerlo.
Hasta ahora, la decisión sobre si denunciar estos casos se dejaba a la conciencia de sacerdotes y monjas. Ahora es una ley de la Iglesia. No hay medidas punitivas previstas para los que la incumplan, del mismo modo que no hay sanciones contempladas para diócesis que no la acaten, pero obispos y superiores religiosos podrían ser acusados de encubrimiento o negligencia si no aplican las normas o toman represalias contra religiosos que hagan denuncias.
