Segunda llamada a la paz

Segunda oportunidad para Colombia. El gobierno de Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño “Timochenko”, firmaron en Bogotá un nuevo acuerdo de paz destinado a poner fin a 52 años de insurrección armada.

El texto en su versión modificada –tras el rechazo de la primera versión durante el referéndum del 2 de octubre– se firmó durante una ceremonia mucho más sobria que primera que fue delante del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, y varios jefes de Estado.

Esta vez, el texto deberá ser ratificado por el Congreso, y no por referéndum como el anterior, aunque la oposición se mantiene firme en su descontento sobre esta nueva versión.

La propuesta inicial fue ampliamente modificada. Quienes se oponen al acuerdo anterior -con el expresidente Álvaro Uribe en primera línea- criticaban la creación de un Tribunal Especial para la Paz independiente de la Justicia de Colombia y cuyos jueces no iban a ser colombianos.

El nuevo acuerdo establece que todos los jueces de la nueva corte serán de Colombia y tendrán la misma consideración que los de los tribunales ordinarios.

La existencia de este Tribunal se limitará a diez años y sus sentencias se podrán apelar ante la Corte Internacional.

Sobre el castigo para los responsables de las FARC, las libertades de circulación se vieron gravemente restringidas. Además, “la justicia de la paz” tendrá el mismo rango de importancia que la justicia ordinaria.

Por otro lado, quienes se opusieron al primer acuerdo estimaron que se aseguraba la impunidad a los líderes guerrilleros al no prever la prisión como castigo.

Ahora, los condenados permanecerán en una vereda y podrán salir con una autorización excepcional.

Además, las FARC también aceptaron que los acuerdos no fueran incluidos en su totalidad en la Constitución.

Así, un nuevo gobierno podrá modificar la totalidad o una parte del Acuerdo más fácilmente. 

Otra concesión a las FARC: el tráfico de drogas no será considerado automáticamente como aliado a la lucha armada, y por lo tanto tendrá la amnistía.

No obstante, quienes se oponen al acuerdo también señalan que el tráfico de drogas sigue siendo un delito conexo, en la medida en que financió a la guerrilla, y por lo tano una amnistía sería contradictoria, ya que objetan que los narcotraficantes podrían tener la oportunidad de hacerse pasar por guerrilleros y así escapar de la justicia.

Pero uno de los puntos más criticados del acuerdo no cambió: los líderes de las FARC podrán presentarse a las elecciones a partir del 2018, incluso si han sido condenados por delitos contra la humanidad por el Tribunal Especial para la Paz.

Y es que, de acuerdo al presidente Santos, el propósito de todo proceso de paz en el mundo es precisamente que la guerrilla abandone las armas y pueda hacer política apegada a la ley. “Las FARC tuvieron un origen político y la intención para el futuro es que se pueda hacer política sin armas”, ha señalado.

No obstante, se fijó una concesión importante a los opositores del acuerdo: los 16 asientos transitorios creados en el Congreso serán ocupados por representantes de las comunidades y las asociaciones de víctimas locales y en ningún caso por exmiembros de las FARC.

Por último, los nuevos acuerdos disponen que los miembros de las FARC tendrán que presentar un inventario completo de sus propiedades y bienes, para que puedan ser utilizados para compensar a las víctimas y, si no, no se beneficiarán de la jurisdicción especial para la paz.

El expresidente Álvaro Uribe pidió al presidente de la República que los textos de La Habana no sean considerados como definitivos, que los representantes del ‘no’ y las víctimas puedan examinarlos y exponer sus comentarios o solicitudes de cambios.

El proceso de paz

1984: Las FARC firman un primer alto el fuego con el gobierno de Belisario Betancur y forman una coalición con los comunistas. Pero frente a los abusos incesantes de los paramilitares, las FARC deciden regresar a la lucha armada.

2002: Secuestran a Ingrid Betancourt, candidata a la elección presidencial. La elección del presidente Álvaro Uribe, opuesto a las conversaciones de paz, hundió al país en una violencia atroz por su lucha contra la guerrilla.

2008: Liberación de Ingrid Betancourt y otros 14 rehenes después de una operación militar. Unos 150 intelectuales, políticos, periodistas y líderes de Colombia piden a los guerrilleros aceptar una reanudación del diálogo para fijar un acuerdo.

2010: Elección del presidente de centro-derecha, Juan Manuel Santos, exministro de Defensa de Uribe entre 2006 y 2009. Durante su discurso de investidura, se muestra abierto a negociar en la medida en que los grupos armados dejen las armas, el secuestro y el tráfico de drogas.

2012: Nuevas conversaciones en La Habana con representantes de las FARC y el gobierno colombiano, bajo los auspicios de diplomáticos cubanos y noruegos.

2016: En presencia del Secretario de la ONU y jefes de Estado de los países vecinos, las FARC y el gobierno acuerdan los último puntos de las conversaciones: el fin del conflicto armado y un alto el fuego bilateral.

26 de septiembre: Se firma oficialmente el acuerdo de paz en Cartagena ante 2 mil 500 dignatarios extranjeros e invitados especiales. Un día histórico. Se pone fin a más de medio siglo de lucha armada.

2 de octubre: Para sorpresa de la comunidad internacional, los colombianos rechazan el acuerdo de paz. El “no” en el referéndum gana con un 50.21 por ciento de los votos.

7 de octubre: Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, recibe el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos de negociación con las FARC, a pesar del “no” al acuerdo, unos días antes.

13 de noviembre: Un nuevo tratado es firmado entre las FARC y el gobierno para dar una segunda oportunidad a la paz en Colombia.