El gobierno colombiano y la mayoría de los excombatientes no quieren que el proceso de paz en Colombia retroceda. La decisión de Iván Márquez, exnúmero dos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), de retomar las armas y la creación de un movimiento político no representan un golpe fatal para el país sudamericano porque los líderes solo son una parte pequeña de una guerrilla desactivada.
Además, las autoridades colombianas implementaron una estrategia de contención desde que Márquez anunció su regreso a las armas para evitar que se desate un nuevo conflicto armado.
La incertidumbre sobre el proceso de paz en Colombia surge porque el exlíder reapareció el jueves pasado en un video junto con otros exjefes de las FARC para anunciar que inicia una nueva etapa de lucha armada.
En el manifiesto, de 32 minutos difundido en YouTube, Márquez informó sobre la creación de una nueva guerrilla para luchar contra “la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana” que pusieron fin a cinco décadas de lucha armada.
“Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia (lugar de nacimiento de las FARC) bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión”, afirmó el guerrillero.
El exlíder justificó su decisión de regresar a las armas porque considera que tras la firma del Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto en 2016 no cesaron las muertes de combatientes.
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En el video, Márquez aparece acompañado por Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, y Hernán Darío Velásquez, conocido por el sobrenombre de El Paisa, quienes hace meses dejaron de cumplir sus compromisos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dependencia encargada de administrar justicia transicional sobre los delitos cometidos en el marco del conflicto armado antes de diciembre de 2016.
No fue el único mensaje inquietante de parte de exintegrantes de las FARC. Márquez presentó un nuevo video el martes 3 de septiembre en el que anunció la creación de un movimiento político.
Rodeado por El Paisa, Jesús Santrich, entre otros, el guerrillero explicó que la nueva agrupación política se moverá en la clandestinidad.
“Tendrá un funcionamiento clandestino… Deberán hacer esfuerzos por colocarse al frente de las luchas por las reivindicaciones del pueblo y solo lo compartirán con los pocos compañeros que les sean asignados para trabajar”, dice en el video subido a YouTube el 3 de septiembre bajo el título Llamamiento del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.
Márquez encabezó el equipo negociador de las FARC que alcanzó un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016 y el anuncio de su regreso a las armas provocó dudas sobre la firmeza de ese pacto.
No obstante, el gobierno colombiano actual y los integrantes del partido creado después de la desarticulación de la guerrilla consideran que los videos no representan un riesgo para la paz.
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), dijo en conferencia de prensa que los exguerrilleros que dieron el paso de dejar las armas lo hicieron con el profundo convencimiento de que la guerra había dejado de ser el camino.
Una aplastante mayoría lucha hoy en la legalidad y en forma pacífica por conseguir la implementación total de lo firmado en La Habana. Seguiremos sin desmayo esa lucha
En entrevista con BBC Mundo, Londoño añadió que el grupo de Márquez es muy pequeño, advirtió que el retorno de más exguerrilleros a las armas es un riesgo a contener y reclamó un compromiso mucho más claro del presidente Iván Duque con el proceso de paz.
En este sentido, Duque reafirmó el compromiso de su gobierno para mantener la paz en un artículo titulado Colombia quiere la paz y no se va a dejar intimidar por los criminales ex-Farc que protege Venezuela y publicado el martes en The Washington Post.
“Es importante enfatizar que Colombia no enfrenta la resurrección de un nuevo movimiento guerrillero, como afirman estos criminales. Esta es una banda envalentonada, cobijada y apoyada desde Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro”, escribió el presidente.
En este sentido, Duque dijo que trabajará para expedir alertas rojas a la Interpol para que ningún país pueda albergar a los integrantes del nuevo grupo.
Además, el presidente aseguró que para dar continuidad al acuerdo de paz en Colombia implementará poco a poco la estrategia llamada Paz con legalidad.
Este plan consiste en dos compromisos: el primero es proteger y apoyar a los excombatientes de las FARC que han seguido el camino de la legalidad; el segundo radica en implementar estrategias contra la pobreza para ayudar a las personas que viven en las regiones afectadas por décadas de violencia.
Además, el gobierno de Colombia persiguió a los guerrilleros activos desde la publicación de los videos. Las autoridades anunciaron el viernes pasado la muerte de nueve combatientes que se marginaron del proceso de paz un día después de ordenar una ofensiva contra el levantamiento del grupo de excomandantes de las FARC.
Duque explicó que el golpe militar es un mensaje claro a los líderes de la antigua guerrilla que quieren crear un movimiento armado. El presidente también ofreció recompensas de 880 mil dólares por cada uno de ellos.
Por otra parte, el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, firmante del acuerdo de paz, pidió el jueves pasado que el Estado mantenga su compromiso con los excombatientes que siguen comprometidos con el proceso y reprimir a los desertores.
“El 90 por ciento de las FARC sigue en el proceso de paz. Hay que seguirles cumpliendo. A los desertores hay que reprimirlos con toda contundencia. La batalla por la paz no se detiene”, escribió en su cuenta de Twitter.
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Las opiniones sobre el nuevo movimiento armado también provinieron de organismos internacionales. La Comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet dijo que el retorno a las armas de exlíderes de las FARC no es la respuesta a la demora en la implementación de partes del acuerdo de paz.
“La respuesta no es ir nuevamente a la guerra, pero tampoco lo es mostrar mano dura. Está probado que ambos enfoques tienen consecuencias muy negativas para los derechos humanos de la población”, advirtió Bachelet.
La comisionada pidió al gobierno que redoble sus esfuerzos para garantizar la seguridad de los excombatientes y de quienes defienden los derechos humanos.
