La candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil fue invalidada esta madrugada por el Tribunal Superior Electoral (TSE), como consecuencia de su condena de cárcel por corrupción y lavado de dinero.
Pese a ser favorito en las encuestas, el exmandatario quedó prácticamente fuera de la carrera presidencial rumbo a los comicios de octubre próximo, y sus abogados buscan una última impugnación para mantener dicha posibilidad.
Con una votación de seis contra uno, los jueces del TSE decidieron impugnar la candidatura presentada por el Partido de los Trabajadores (PT), como pedían la Fiscalía General y 15 recursos presentados por partidos y asociaciones.
En una sesión maratoniana que se inició a las 14:30 horas locales (16:30 GMT) y terminó pasada la medianoche, el TSE determinó que la ley brasileña impide ser candidato a alguien condenado en segunda instancia por un órgano colegiado.
El juez instructor del caso, Luis Roberto Barroso, también magistrado de la Corte Suprema, dijo que Lula da Silva es “inelegible” después de la condena que provocó su encarcelamiento el pasado 7 de abril en la ciudad de Curitiba.
“Yo nunca deseé ni pretendí estar aquí”, declaró Barroso, quien dio 10 días al PT para presentar un candidato sustituto, previsiblemente el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad.
La Ley de Ficha Limpia, que el propio Lula da Silva aprobó durante su segundo mandato (2007-2010), señala que un condenado por corrupción en segunda instancia por tribunal colegiado no puede ser candidato, ya que está inhabilitado por ocho años.
Los abogados defensores habían pedido que, con base en la Constitución, el exmandatario mantuviera sus derechos políticos hasta que su caso fuera firme, es decir, que no hubiera más opción de recurso, lo que podría demorar meses.
“Esta decisión marcará la historia del derecho internacional brasileño”, expresó Maria Claudia Bucchianieri, una de las abogadas del expresidente.
También citaron una la decisión del 17 de agosto del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que el organismo pidió a Brasil que permitiera a Lula da Silva “ejercer sus derechos políticos mientras está en prisión”.
Formado por expertos independientes, el Comité recomendó a Brasil que tomara “todas las medidas necesarias” para que Lula da Silva pudiera tener “acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político” como candidato a las elecciones de octubre de 2018.
El posicionamiento del Comité de la ONU dividió a algunos de los siete miembros de la corte electoral, entre los que indicaron que Brasil no debía seguir las recomendaciones de éste, y los que creían lo contrario, so pena de que el gigante sudamericano infrinja sus compromisos en materia de derecho internacional.
“Brasil es un estado de derecho democrático, no está bajo un régimen militar o de excepción, y todas las instituciones están en funcionamiento normal”, aseveró el magistrado Barroso, que dijo que el país “no está obligado” a seguir al Comité de la ONU.
Los abogados de Lula da Silva ya dijeron que recurrirán de la decisión, aunque el fallo de este viernes deja virtualmente al exmandatario fuera de los comicios de octubre, en los que los sondeos le atribuyen el liderazgo con cerca del 40 por ciento de los votos.
El PT advirtió en un comunicado que “continuará luchando por todos los medios para garantizar” la candidatura del exsindicalista.
“¡Somos millones de Lulas!”, escribieron por su parte en el Twitter oficial del expresidente, encarcelado desde abril en una celda aislado de otros presos en la sede de la Policía Federal de Curitiba (sur), minutos después de que la mayoría de jueces votaron contra él.
La gran incógnita ahora es saber cuál es la capacidad de transferencia de votos de Lula da Silva a Fernando Haddad, quien iba a ser su vicepresidente y con toda probabilidad se convertirá en el candidato a la jefatura del Estado por el PT.
Haddad, un profesor e intelectual que no logró reelegirse en 2016 como alcalde de Sao Paulo, es mucho menos conocido en el país, sobre todo en las regiones pobres del noreste, y tiene menos carisma que el exsindicalista, quien abandonó la jefatura del Estado en 2010 con tasas de aprobación del 80 por ciento.
