En un hecho sin precedentes, el expresidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva fue condenado ayer a 9 años y medio de prisión por los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero.
La sentencia dictada por el juez federal Sergio Moro es histórica, ya que es la primera vez que un exmandatario brasileño es condenado por actos de corrupción.
Hasta el momento, Luiz Inázio Lula da Silva es el personaje más importante que ha sido sentenciado tras el inicio de la investigación de la Operación Lava Jato, iniciada hace tres años a raíz del escándalo de corrupción en Petrobras.
Lula fue encontrado culpable de aceptar sobornos por un monto de 3.7 millones de reales (1.1 millones de dólares) por parte de la constructora OAS.
Según la sentencia, los sobornos fueron realizados a través de diversas obras de reforma y amueblado con piezas de lujo de un inmueble en la localidad de Guarujá en el estado de Sao Paolo.
Los abogados del exmandatario de 71 años anunciaron que apelarán la sentencia ante los tribunales brasileños y ante las Naciones Unidas.
En primera instancia el juez no decretó el encarcelamiento de quien fuera presidente brasileño entre 2003 y 2010, argumentando que una decisión de ese calibre podría ser traumática para el país, por lo que Lula podrá seguir el proceso en libertad.
“Considerando que la prisión cautelar de un expresidente de la República no deja de implicar ciertos traumas, la prudencia recomienda que se espere al juicio en la Corte de apelaciones”, decretó el juez Moro.
Esta es la primera condena para el expresidente en el marco de la Operación Lava Jato, la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil que ha alcanzado a los políticos y empresarios más importantes de la nación sudamericana.
Sin embargo, Lula aún tiene otras causas penales abiertas en el marco de la investigación de corrupción de las cuales aún espera sentencia.
En riesgo su candidatura
Tras la destitución de Dilma Rousseff, Lula comenzó de forma más activa a pavimentar su regreso a la presidencia brasileña, y ha anunciado públicamente su intención de presentar su candidatura en las elecciones de octubre de 2018.
Según recientes encuestas en Brasil, entre ellas la de Datafolha -una de las más respetadas en el país- Lula lidera la intención de voto de los brasileños rumbo a la sucesión presidencial.
Pero, además del impacto que pueda tener la sentencia de Lula en las preferencias electorales, en caso de que el exmandatario pierda la apelación y sea ratificada su condena, perdería sus derechos constitucionales para poder presentarse como candidato en 2018.
En un comunicado de la bancada en la Cámara de Diputados del Partido de los Trabajadores, los legisladores denuncian que el exmandatario está sufriendo una persecución judicial sin paralelo, probablemente con la intención de hacerlo a un lado de la contienda presidencial.