En marzo del 2011, el municipio de Allende, en el estado de Coahuila, fue escenario de una de las masacres más recordadas desde que comenzó la llamada “guerra contra el narco”.
Una supuesta “traición” en contra del cártel de los Zetas, provocó que entre 28 y 300 personas fueran asesinadas. Las cifras no son concretas y varían de acuerdo con la fuente. No se sabe con exactitud cuántos habitantes de Allende perdieron la vida.
Una investigación conjunta de ProPublica y National Geographic reveló, en 2017, que un operativo de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) pudo ser el causante de la “venganza” del grupo criminal.
A casi siete años de la tragedia y poco más de ocho meses después del reportaje que hizo sospechar un error de la DEA, un grupo de líderes demócratas en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos, firmaron una carta para pedir que se investiguen los operativos que la Agencia Antidrogas de su país realizó en México.
Además de la masacre de Allende, ProPublica también determinó que, en el 2010, un ataque orquestado por un grupo delictivo dentro del hotel Holiday Inn, en Monterrey, estuvo relacionado con un operativo de la DEA, del cual nunca existió un reporte sobre finalidad ni resultados.
De acuerdo con el documento, firmado por los miembros de los comités que supervisan las operaciones de aplicación de la ley fuera de los Estados Unidos, la investigación solicitada tiene como finalidad determinar si los operativos de la DEA provocaron represalias de los grupos criminales que afectaron a la población civil de México.
Cabe mencionar que, según la carta de los legisladores, la DEA nunca informó ni entregó reportes sobre sus investigaciones. Tampoco ayudó a las autoridades mexicanas a realizar las indagatorias para encontrar a los culpables de los actos criminales.
La investigación de ProPublica y National Geographic reveló que los agentes de la DEA cometieron errores con el manejo y resguardo de información confidencial.
En su afán de desenmarañar las redes que existían entre los cárteles de la droga, obtuvieron información sensible que terminó en manos de líderes criminales, lo que provocó que estos buscaran venganza.
Los legisladores que firmaron la carta, revelada también por ProPublica, tomaron como referencia las dos historias documentadas para argumentar su petición y esperan que la DEA responda y entregue informes de sus operaciones en México.
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