Posiblemente este próximo fin de semana se hará oficial la destitución de la plana mayor del gobierno autónomo, la reducción de facultades al Parlamento y la intervención del Estado español en materia financiera, de seguridad y de política interna
A raíz de los movimientos propuestos por el presidente español, Mariano Rajoy, en torno a lo que sucede en Cataluña, el presidente catalán, Carles Puigdemont, ha pedido una sesión del pleno del Parlamento para debatir y dar respuesta al gobierno central, en la cual podría declarar de forma unilateral la independencia y confirmar la ruptura total con el Estado.
La destitución del aún mandatario, junto con su vicepresidente y consejeros, podría ser ratificada por el Senado esta semana, pero una declaración de independencia podría acelerar los acontecimientos e incluso terminar con los líderes independentistas acusados por desacato.
El conflicto entre Madrid y Cataluña sigue escalando niveles, pero para las autoridades catalanas se ha reducido enormemente el margen de maniobra y el factor tiempo ya juega en su contra.
Aunque Puigdemont no ha hablado abiertamente de declarar la independencia en la próxima sesión del pleno del Parlamento catalán, prácticamente la totalidad de los grupos secesionistas lo dan por hecho.
La realidad es que al presidente catalán no le queda prácticamente otra salida, no sólo es la ofensiva del Estado español, sino también la presión de los grupos que lo han respaldado en la ruta independentista y que están convencidos de que la coyuntura ya no es propicia para medidas intermedias como un nuevo llamado al diálogo.
Esta semana es crucial tanto para el movimiento secesionista como para el propio Puigdemont, cuyas acciones podrán determinar gran parte del futuro de la región y de España como país, que en toda su historia democrática no había estado inmersa en una crisis de tal magnitud.
Para el mandatario catalán, además está en juego el liderazgo del movimiento independentista, pues desde su ambiguo discurso del pasado 10 de octubre, en donde pidió la suspensión de la declaratoria, se empezaron a advertir algunas fisuras, sobre todo por parte de los partidos ERC y CUP que le piden una declaratoria frontal de independencia.
El mayor problema, sin embargo, es que Puigdemont y su primer círculo ya han perdido su condición de interlocutores válidos con el gobierno de Mariano Rajoy y cada día que pasa pierden legitimidad incluso en la propia región.
Para muestra el éxodo de los principales bancos y grandes empresas en Cataluña, que han decidido trasladarse ante la incertidumbre política y económica, o las manifestaciones multitudinarias que han congregado a miles de catalanes que se oponen a la independencia.
Todo ello hace al menos cuestionable la postura totalitaria que ha emprendido el grupo secesionista.
En las últimas horas ha trascendido en algunos medios españoles que la posible declaratoria de independencia podría venir acompañada de una convocatoria por parte del gobierno de Puigdemont a elecciones anticipadas -una medida también anunciada por Rajoy-.
Pero con el gobierno central a punto de intervenir de manera casi total en el gobierno autónomo y con el inicio de una posible división en sus filas, las acciones de Puigdemont y el movimiento independentista pierden fuerza y se convierten en una corriente de desobediencia civil.
Carles Puigdemont pidió una sesión del pleno del Parlamento catalán para debatir y dar respuesta al gobierno central, y aunque él no lo ha dicho abiertamente, se cree que durante la misma podría declarar la independencia de Cataluña
La ofensiva de Rajoy
El gobierno de Mariano Rajoy, tras las esperadas medidas que anunció el fin de semana, también vive días cruciales en la definición de la mejor manera de implementarlas una vez que éstas sean aprobadas por el Senado.
Aunque la mayor parte de la población y las principales fuerzas políticas y económicas respaldan las acciones propuestas por el gobierno español, en esta ocasión una de las preocupaciones será cuidar las formas, sobre todo luego de lo ocurrido en la jornada del 1 de octubre.
Ese domingo, cuando a pesar de las advertencias de Madrid, el gobierno catalán siguió adelante con su referéndum ilegal, las imágenes que acapararon la mirada de los españoles y la comunidad internacional fueron las de la violencia por la represión policiaca de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Si bien ahora es de esperarse que el Estado despliegue todos sus recursos para asegurar el regreso de Cataluña a la legalidad y al cauce democrático, sobre todo si se declara la independencia, la forma de gestionar la crisis será casi igual de importante que las medidas anunciadas.
Muy posiblemente este próximo fin de semana se hará oficial la destitución de la plana mayor del gobierno autónomo, la reducción de facultades al Parlamento y la intervención del Estado español en materia financiera, de seguridad y de política interna.
Sin embargo, después de haber llevado la situación tan lejos, se espera que Puigdemont y su gobierno, reforzado por los miles de catalanes que le apuestan al rompimiento con España, presenten resistencia.
La gran incógnita será el nivel de respuesta y las acciones que lleve a cabo el gobierno catalán y sobre todo las organizaciones que se han movilizado en las últimas semanas, y por ende, la respuesta del gobierno central ante el desafío cada vez mayor.
Esta semana es crucial para los independentistas y Puigdemont, cuyas acciones podrán determinar gran parte del futuro de Cataluña y de España como país
En resumen
Las principales medidas anunciadas por el presidente español, Mariano Rajoy, para Cataluña fueron:
>> La destitución del presidente catalán, Carles Puigdemont.
>> La destitución del vicepresidente, Oriol Junqueras.
>> Elecciones anticipadas en un plazo no mayor a seis meses.
>> El gobierno central tendrá capacidad de veto sobre el Parlamento catalán.
>> El cuerpo de seguridad catalán (Mossos d’Squadra) queda bajo la tutela del Ministerio del Interior español.
>> El Ejecutivo español asume el control de ingresos y egresos.
